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Las primeras comparecencias en la comisión legislativa que analiza la crisis de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), instalada hace un mes para sentar responsabilidades y proponer salidas, han dejado inquietantes diagnósticos sobre el grave estado de salud de la institución y la urgencia de extirpar los “cánceres” que carcomen a la entidad.
Walter Céspedes, presidente de la comisión, dijo que de las exposiciones escuchadas hasta ahora en este panel, el diagnóstico que resulta es preocupante.
Es una barbaridad, por ejemplo, ver cómo la Defensoría de los Habitantes ha venido advirtiendo durante los últimos 11 años fallas que hay que corregir en la Caja, y no se ha hecho prácticamente nada, lamentó.
“Hay una gran inoperancia administrativa, una falta de supervisión y fiscalización. Aquí lo que ha fallado muchísimo es la parte gerencial y administrativa”, manifestó el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Otro miembro de la comisión legislativa, José María Villalta, del Frente Amplio, consideró que la crisis en la Caja es una oportunidad para poner orden en casa, y lo primero que hay que hacer es “extirpar las redes mafiosas” que la están debilitando (ver recuadro “Fortalecer, no desmantelar”).
La diputada Carmen Granados, de Partido Acción Ciudadana, señaló por su parte que tras estas primeras exposiciones en la comisión, de las comparecencias lo que está quedando claro es que el problema de la Caja es de gerencia y administración. No es como dicen algunos, que es el sistema el que no funciona y hay que cambiarlo.
“Creo que el sistema, que ha dado buenos resultados, no lo podemos mover hasta que no arreglemos bien lo que hay que arreglar y que haya una conciencia social verdadera” sobre el cauce de la institución, expresó.
Al respecto, recordó el ejemplo que puso Juliana Martínez, socióloga e investigadora de la Universidad de Costa Rica, quien advirtió que plantear temas de cambios de modelo en este momento es como mudarse de casa porque uno está haciendo la comida en el baño, yendo al baño en la cocina y atendiendo las visitas en el patio, y decir por esto que se muda porque la casa no le sirve. Lo que va a pasar es que en la nueva casa la situación será muy parecida, pues lo que hay que tener es sentido común y no poner la carreta delante de los bueyes.
En su presentación, realizada el pasado 14 de setiembre, Martínez hizo un análisis de la crisis del seguro de enfermedad y maternidad, y recomendó a los tomadores de decisiones, que se use una perspectiva histórica para identificar dónde están los cuellos de botella y los problemas que la institución está enfrentando hoy.
Resaltó el Régimen de Enfermedad y Maternidad que tiene Costa Rica como un caso único en el mundo, que con aproximadamente el 6% del Producto Interno Bruto se puede comprometer a resolver todos los problemas de salud que enfrenta la población. Esto es algo que ningún país del mundo ha logrado, y con un costo tan bajo, y estas señales distintivas deben ser el punto de partida para mirar los problemas y los retos que enfrenta el Seguro de Enfermedad y Maternidad.
Este régimen se basa en un principio de reparto, que es como una olla común donde los recursos entran y van saliendo en función de las necesidades de la gente. Esto es lo que se supone que ningún cambio en los instrumentos de política debe alterar, pues es el corazón de los principios organizadores del seguro en Costa Rica, anotó Martínez.
Martínez integra la comisión de expertos notables que nombró la junta directiva de la CCSS para analizar la situación de la institución. El informe de esa comisión está anunciado para este 29 de setiembre, donde los integrantes darán sus recomendaciones.
Ante los diputados, la Contralora General de la República, Rocío Aguilar, hizo hincapié en la necesidad de asegurar la sostenibilidad financiera del Seguro Social, para mantener el modelo de salud que ha tenido este país, que ha sido pilar importante en su democracia.
Hay que definir en forma precisa cómo el Estado va a atender sus obligaciones, y no solo es documentar obligaciones, sino buscar una forma sostenible para que tanto en el campo de salud como en las pensiones, eso se logre.
Es necesaria una revisión profunda del sistema de asegurados directos, la gestión de cobro, la morosidad y la evasión. En la parte de gastos, dijo que en orden a lograr la sostenibilidad del sistema de remuneración, hay que ver cómo orientar la remuneración efectivamente con incentivos vinculados con el desempeño, el logro de las metas y la productividad.
En cuanto a mejoras de la gestión que se deben hacer, señaló como tarea de gran relevancia para la atención de la salud de las personas, la creación de un expediente electrónico como columna vertebral de todo el sistema de información del paciente, los servicios, los insumos, del costo y de los resultados.
Fortalecer, no desmantelar la Caja
Lo que se está haciendo en la comisión es confirmar lo que ya se sabía y que sufren los asegurados de la Caja todos los días, señaló el diputado José María Villalta.
Comentó que la crisis que está enfrentando la institución puede permitir ponerle el cascabel al gato de una vez por todas, y abrir un proceso para ordenar la casa y hacer las reformas que haya que hacer para fortalecer la institución, consolidando el modelo solidario y universal de atención de salud.
Dijo que se ve a algunos empresarios y algunos políticos con responsabilidad, que durante años no han hecho nada ante los informes de la Contraloría y la Defensoría sobre el estado de la Caja, que están planteando que el problema es el sistema de pensión universal y que hay que renunciar al modelo de atención universal.
Pero ese es el peor error que se podría cometer. El problema no es el modelo, el problema es la corrupción, el mal manejo, la mala gestión que han debilitado y están impidiendo que ese modelo no funcione óptimamente. Más bien es increíble que la Caja no quiebre cuando tiene una deuda multimillonaria de más de ¢400.000 millones que el Estado no le ha pagado de lo del Fondo de Asignaciones Familiares, el Ministerio de Salud, la atención a indigentes, la cuota obrero-patronal y lo correspondiente a la ley de protección al trabajador.
“Creo que más bien la Caja hace mucho garantizando atención universal al pueblo de Costa Rica aunque la gente no pueda pagarla, con esa mala gestión, con ese desorden en las gerencias, con esas redes de corrupción que sabotean la compra de medicamentos para comprarlos más caros, que sabotean los servicios de radioterapia para que haya que comprarles más caros los servicios a las clínicas privadas. Con esa corrupción más bien lo que hemos constatado es la fortaleza de ese modelo solidario y universal. Hay que rescatarlo y no permitir que los vivillos logren hacer su agosto debilitando algo que es esencial para Costa Rica.”
Esto es algo que no lo puede hacer una institución sola o algunas personas; la única alternativa para rescatar la Caja es una lucha de todo el pueblo de Costa rica, una gesta del pueblo para rescatar la Caja.
Que se fortalezcan los comités de rescate de la seguridad social que se han venido formando, que se activen las juntas de salud y que cumplan la función para las que fueron creadas, y que el pueblo se empiece a movilizar para defender la Caja, agregó.
Villalta consideró que lo primero que hay que hacer es extirpar las redes mafiosas que están haciendo “chorizo” a costa de explotar el sufrimiento de la gente y mercantilizar la salud. Hay que atacar “el chorizo de los biombos”, de las compras de medicinas, de las compras de servicios, despolitizar la institución, que las gerencias se nombren con base en criterios técnicos.
Además hay que hacer reformas a la legislación para consolidar y fortalecer la Caja, para que se pague las deudas del Estado con la Caja, que se les cobre a los más ricos y a los bancos privados que no pagan impuestos, para financiar a la Caja, fortalecer mecanismos para cobrarles a los patronos morosos, que no se den abusos con las disponibilidades y con las horas extras, añadió el diputado.
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