Los sectores sociales y empresariales se muestran celosos con el proyecto de reforma fiscal. (Foto: archivo)
La posición de los sectores sociales es clara en materia de reforma fiscal: debe existir una iniciativa que sea progresiva, que no ataque los bolsillos de la clase trabajadora y que grave a quienes históricamente evaden el pago de sus tributos.
Martha Rodríguez, secretaria general adjunta de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad (UNDECA), indicó que el país requiere una reforma tributaria que le lleve a corregir las tremendas distracciones que se dan en la distribución del ingreso.
“El 20% de los más ricos se queda con más de la mitad del ingreso nacional y al 20% más pobre le queda menos del 5%. Los sectores medios también sufren una reducción en la participación de la distribución de la riqueza nacionalmente producida”, comentó la dirigente.
 
A la vez, señaló que una reforma fiscal debe ir de la mano con el aumento de los ingresos fiscales y la mejora de la distribución de los recursos, así como luchar contra la “politiquería y la corrupción; esta es la modalidad que debe regir al país, para organizar el crecimiento económico y un verdadero desarrollo social”.
Por su parte, Edgar Morales, de la Plataforma Sindical Juanito Mora, dijo que esta organización aún no ha emitido criterio al respecto; sin embargo, desde su perspectiva el proyecto como está planteado es regresivo, y afecta directamente a la clase media baja, que es la gente que depende de su salario.
“Con esta propuesta el Gobierno viene a recaer sobre las espaldas de quienes tienen un empleo, a no ser que se implemente adecuadamente la renta global y la mundial y se incluya un impuesto especial para todos los activos”, comentó Morales.
El dirigente recordó que en el pasado, en la administración de José (Pepe) Figueres se planteó un impuesto a los activos, y en ese momento se pagó por un tiempo definido para apoyar al Estado.
“Una propuesta de este tipo vendría a funcionar, de manera que los propietarios de grandes capitales, equipos y maquinarias realmente contribuyan. También se podrían tasar las transacciones financieras, a partir de cierto monto, tanto en el exterior como en el país; hay muchas formas de que el Gobierno lleve recursos sanos y frescos al fisco, sin trasladarlo a los más pobres”, detalló Morales.
Otro tema en el que enfatizó, es que el Gobierno debe enfocarse en la recaudación fiscal, garantizar que los grandes empresarios no evadan sus tributos.
“No solo que tengan controles en materia de evasión fiscal, sino también que implementen medidas sancionatorias más fuertes, en lugar de solo una multa. Ya es hora de que se establezca cárcel para quienes no paguen sus impuestos, pues este es un delito contra las necesidades productivas y de desarrollo del bienestar de toda la población”, agregó.
Como parte de las discusiones que se han dado en el sector social con respecto a la propuesta de reforma fiscal, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), realizó una serie de planteamientos.
De acuerdo con Albino Vargas, secretario general de la ANEP, ante el anuncio de la conformación de una comisión legislativa especial para analizar este paquete de impuestos  -luego del acuerdo alcanzado entre el PAC y el PLN-, se desarrolló todo un análisis con respecto a esta temática.
“La ANEP es de la tesis de que Costa Rica requiere una transformación tributaria, que debe seguir un camino hacia la progresividad en materia impositiva y prevenir situaciones extremas, injustas y desestabilizadoras como la que vive Grecia, donde han despedido a miles de trabajadores del sector público, rebajado salarios, pensiones y privatizando indiscriminadamente”, expuso Vargas.
Los planteamientos hechos por el sindicato se centran en puntos como la evasión y la necesidad de controlarla, el diseño de una política de intervención en el sistema aduanero nacional, para evitar esas escapatorias fiscales.
“También queremos participar en una comisión designada por el Gobierno, para asegurarnos de que el déficit es real o ver si es una simple ficción macroeconómica de los neoliberales, así como salvaguardar de las decisiones políticas los presupuestos de las instituciones”, argumentó.
Como parte de la iniciativa planteada por la ANEP, Vargas señaló otros elementos fundamentales, como el fortalecimiento de la policía fiscal, dictar una ley para premiar la denuncia de la evasión fiscal, y establecer la pena de cárcel para los evasores.
También hizo énfasis en la aprobación de un impuesto único al patrimonio para las grandes fortunas y capitales, una ley para gravar las ganancias producidas en el exterior, y establecer un fondo solidario para las personas que están altamente endeudadas, para que puedan reordenar sus deudas y aumentar su liquidez.
EMPRESARIOS INCÓMODOS
Mientras tanto,  los empresarios costarricenses no están de acuerdo con la iniciativa del Gobierno de impulsar una nueva reforma fiscal, ni siquiera con los ajustes que se plantearon en el acuerdo entre el PAC y el PLN.
Así lo confirmó Arnoldo André, presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica, quien fue enfático en que su organización se encuentra en total desacuerdo con la aprobación de las reformas tributarias.
“En primer lugar, nuestras empresas están al borde de la quiebra, pues con la crisis que aún no ha pasado y con la expectativa de una crisis que viene todavía más fuerte, estamos sumamente preocupados. Y si nos imponen nuevos impuestos, la única respuesta viable es que se reduzcan las producciones y se incrementen los despidos; incluso habrían muchas compañías que tendrían que cerrar”, advirtió el empresario.
Además, agregó André, consideramos que el gasto del Gobierno está descontrolado, y tanto este como sus instituciones autónomas tienen la oportunidad de hacer gastos mejores y de más calidad, generando una administración más eficiente.
El Presidente de la Cámara de Comercio también señaló como una deficiencia, el hecho de  que los impuestos actuales no se están recaudando como debe ser, ni los de venta, ni los de renta.
“Si se van a reformar las estructuras internas en materia tributaria, sobre todo ahora que están impulsando la renta global y universal -en este acuerdo al que están llegando entre el PAC y Liberación-, considero que lo mejor es que se hable de reformar todo el Estado, para que sea más pequeño, eficaz y funcional”, instó André.
Por su parte, William Segura, encargado de comunicación de la Unión de Cámaras (UCCAEP), explicó a UNIVERSIDAD que la agrupación está a la espera de ver los textos que se remitirán y que fueron consensuados entre los actores políticos. “Luego de verlos y estudiarlos UCCAEP seguramente se estaría pronunciando sobre el tema”, detalló Segura.
UNIVERSIDAD intentó conocer el criterio sobre este tema de la Cámara de Industrias, y la Cámara de Exportadores, pero no se obtuvo respuesta de ellos.

Freno a inversión
“En el 2009 se culminó un proceso de análisis en comisión y después de la aprobación en el Plenario Legislativo, en ambas etapas, con el concurso de los diputados de todos los partidos se aprobó una reforma de ley para las zonas francas, que daba estabilidad a la estructura para atraer inversión extranjera directa por varios años”.
Así comentó Jorge Brenes, presidente de la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (AZOFRAS), quien dijo que en ese momento el proyecto fue aprobado por mayoría, es decir hubo un consenso, en el cual se definieron marcos legales para invitar a las empresas a establecerse en el país y generar empleos de calidad.
“Ahora es mi sorpresa en que se introduce una reforma que grava a las empresas de zonas francas, y están dejando el país con una imagen en el exterior poco seria, porque las leyes y el marco jurídico no duran ni dos años”, reclamó Brenes.
De acuerdo con el empresario, las zonas francas son un motor fundamental en Costa Rica, donde se genera más del 50% de las exportaciones, que han dado a la nación una condición atractiva para la inversión, el área turística, los viajes de negocios.
“En los negocios hay un proceso de planificación; las empresas internacionales no ven solo a Costa Rica, ven a otros países y analizan el entorno que ofrece cada uno, y ese proceso de selección lleva unos dos años. No nos explicamos por qué impulsan esta iniciativa”.