El tema de larga data ha cobrado importancia en los últimos días, sobre todo para los peninsulares, producto de la determinación de la Sala Constitucional de que, previo a la creación del nuevo cantón, se debe convocar a un plebiscito para que la población interesada decida la pertenencia a la provincia de Guanacaste o a la de Puntarenas. El pasado 21 de julio, la Comisión Legislativa que estudia la creación del cantón “La Península”,  aprobó un texto sustitutivo que abre la posibilidad de realizar el plebiscito, en las comunidades de Lepanto (Jicaral), Cóbano y Paquera e islas del Golfo de Nicoya, y,  mediante Proyecto de Ley, deberá solicitar al Tribunal Supremo de Elecciones, la convocatoria a dicho plebiscito en un periodo de seis meses.
Actualmente, en los distritos mencionados, continúan funcionando 3 de los 8 Consejos Municipales de Distrito que funcionan en el país, los cuales, recientemente, fueron declarados sin personalidad jurídica por parte de la Sala Constitucional; dichas entidades fueron en mi opinión -como una especie de ensayo de gobierno local-, los cuales al no contar ahora con independencia económica, vuelven a ser parte de la Municipalidad de Puntarenas, entidad de la que dependen presupuestariamente, con las consecuencias lógicas del pasado, de no  recibir recursos suficientes para sus comunidades.
Es importante destacar que, de conformidad con los intereses peninsulares, el procedimiento establecido es el idóneo, el plebiscito y la cantonización deben realizarse en dos momentos diferentes y por separado, sin que uno influya en el otro, por nuestra propia conveniencia, ya que para nadie es un secreto que la provincia a la que se decida pertenecer, significará la adquisición o pérdida de la riqueza que aproximadamente mil kilómetros cuadrados de playas, terrenos fértiles, islas, etc. representan para la península;  además, un diputado más en la Asamblea Legislativa, lo cual toca los intereses de la clase política. Otra razón por la que es conveniente que ambos procesos sean separados, es porque el tema del cantonato se relaciona más que todo con la autonomía municipal; lo cual requiere de un análisis objetivo y especializado, y sobre todo más técnico que político. Siendo La Península cantón, con la política actual de descentralización de presupuesto, se percibiría un aumento de recursos provenientes del gobierno central, como se realiza con los demás cantones del país. Se escalará hacia un rango superior en el nivel político-administrativo, lo que  permitiría la posibilidad de accesar de forma directa a recursos disponibles; solicitar y obtener donaciones en el nivel nacional e internacional; y realizar todo tipo de convenio que la ley permite a las municipalidades. El mundo actual se perfila hacia las alianzas estratégicas y regionales de acuerdo con los intereses que se administren. Estas alianzas las vemos incluso entre países y entidades públicas, las cuales no vienen a ser otra cosa más que herramientas para lograr el desarrollo económico y social. Ahora bien, para tener posibilidades de realizar esas alianzas estratégicas, es necesaria la unión geográfica, la unificación de criterios y la administración eficaz e integrada, que se pueden lograr únicamente convirtiéndonos en cantón; lo cual sin lugar a dudas, sería una ventaja, pues se unifican criterios, valores, intereses como la unidad, la solidaridad y la equidad; principios que se han visto afectados en la península, por la distancia, calidades de las vías de comunicación terrestre, que han provocado aislamiento y poca relación entre los distritos, lo que ha generado un distanciamiento entre ellos.
En conclusión, antes de 1915 los pueblos y distritos mencionados que conforman la Península y el Golfo de Nicoya, eran parte geográfica de Guanacaste; fue, producto de un decreto dictado ese año por el entonces presidente de la República de origen herediano, Alfredo González Flores, quien ordenó que en adelante dichos territorios peninsular e insular, aduciendo razones de cercanía, vías de comunicación, comodidad y economía, seguirían en adelante, siendo “administrados” por la provincia de Puntarenas. En años recientes, se han realizado varios estudios que cuestionan la legalidad de dicho decreto, leyes posteriores relacionadas, así como la inclusión de los peninsulares en el padrón como porteños por parte del TSE. Lo cierto es que Lepanto (Jicaral), Cóbano,  Paquera, Isla Chira y el territorio insular tienen muchos años, esperando un acuerdo político, para que se logre la creación de un nuevo cantón. Actualmente, como dije al inicio, se da la oportunidad histórica para que la población de la región sea la que decida a cuál provincia se desea pertenecer, requisito lógico para crear el cantón posteriormente. De acuerdo con la resolución de la Sala Constitucional, somos los únicos legitimados para decidir si deseamos que las cosas vuelvan a ser como originalmente lo fueron, es decir, que la península de Nicoya regrese a pertenecer  a la provincia de Guanacaste; o por qué no, es la oportunidad de Puntarenas, si la mayoría decide que se continúe perteneciendo a dicha provincia, de legitimar que esa porción de tierra le pertenece por decisión de sus pobladores, y no por decretos, leyes y procedimientos probablemente viciados y que siempre han sido cuestionados.