A 25 años de cárcel fue condenado Jorge Noguera Cotes, director del los servicios de inteligencia de Colombia, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), durante el primer período de gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-06). Noguera  fue encontrado culpable del asesinato de al menos tres sindicalistas, crímenes ejecutados por grupos paramilitares vinculados al narcotráfico en Colombia.
La sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte estimó que Noguera era «penalmente responsable» de esos delitos, que fueron dados a conocer originalmente por Rafael García, jefe de informática del DAS en el periodo de dirección de Noguera.
García, también condenado por irregularidades, acusó a Noguera de haber puesto el DAS al servicio de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización que se disolvió a mediados de 2002, como parte de un proceso de desarme de más de 31 mil paramilitares, promovido por Uribe, pero que también está hoy cuestionado.
Según la Corte, el funcionario mantenía una estrecha relación con el bloque norte de las AUC y permitió que el grupo infiltrara los servicios de inteligencia, al proporcionarle información sobre los sindicalistas, para facilitar los asesinatos.
Amigo personal de Uribe desde antes de llegar a la presidencia de Colombia, Noguera dirigió su primera campaña presidencial en la costa norte del país. Una vez en la presidencia, Uribe lo designó como director del DAS, cargo que ocupó hasta fines del 2005. Desde entonces el DAS ha estado envuelto en escándalos que lo tienen al borde del cierre; el cual según algunos de sus funcionarios, tiene entre sus objetivos evitar la investigación de otros hechos delictivos.
Con los primeros escándalos, Noguera renunció al cargo y Uribe lo nombró cónsul en Milán, puesto al que renunció en 2006, acosado por denuncias que lo mantuvieron en una cárcel de Bogotá desde febrero de 2007, antes de ser condenado finalmente por asesinatos.
Entonces Uribe dijo que seguiría creyendo en Jorge Noguera, “porque lo he conocido como un hombre honesto y claro», para agregar, meses después, en noviembre del 2006: «Pongo las manos en el fuego por él».
A Noguera se le atribuyó la entrega a los paramilitares de informes reservados sobre defensores de derechos humanos, políticos opositores y sindicalistas, los grupos más afectados por la acción de las AUC. Entre sus víctimas, está el sociólogo Alfredo Rafael Francisco Correa de Andreis, asesinado en Barranquilla junto a un escolta, en septiembre de 2004.
MÁS SOCIOS DE URIBE
Pero Noguera no es el único caso de crímenes cometidos por el DAS durante la administración Uribe.
Los tribunales colombianos abrieron un proceso contra María del Pilar Hurtado, también exdirectora del DAS y quien tuvo que asilarse en Panamá cuando Uribe dejó el Gobierno para escapar de la justicia. Junto a ella está acusado Bernardo Moreno, antiguo secretario presidencial de Uribe. A ambos, se los implica en una trama de espionaje y la Fiscalía General los acusa de presuntos responsables de una campaña de escuchas y seguimientos ilegales a magistrados, defensores de los derechos humanos, políticos de oposición y periodistas, montada por el DAS durante las dos administraciones de Uribe.
Pero no son los únicos. Días después de la condena de Noguera, se confirmó la detención de José Miguel Narváez, subdirector del DAS durante su gestión. Varios testimonios de jefes paramilitares detenidos coinciden en señalarlo como el instigador de los asesinatos del senador Manuel Cepeda Vargas y del periodista Jaime Garzón, además del secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba.
“Mediante decisión del 8 de septiembre del 2011, la fiscal 45, delegada ante el Tribunal del Distrito Judicial de Bogotá, confirmó la medida de aseguramiento contra José Miguel Narváez, quien se desempeñaba como asesor de varias unidades militares y era profesor de guerra política en la Escuela de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de Colombia, como determinador responsable del homicidio agravado del senador Manuel Cepeda Vargas según hechos ocurridos el 9 de agosto de 1994 en la ciudad de Bogotá”, señala un colectivo de abogados en Colombia.
La delegada agregó al proceso los testimonios de Jorge Iván Zapata Laverde, alias “El Iguano” o “Pedro Fronteras”, y de Diego Fernando Murillo Bejarano, ambos “miembros de las estructuras paramilitares” de extrema derecha que operaban en Colombia y sirvieron de apoyo político a Uribe. En esos testimonios, se daba a conocer “la pertenencia de Narváez a dicha estructura y la gran influencia que ejercía sobre muchas de las decisiones que tomaba Carlos Castaño”, líder del grupo paramilitar y narcotraficante conocido como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), “con relación a varios homicidios de personalidades de la vida nacional como Manuel Cepeda y Jaime Garzón”.
En medio de esa crisis, la revista Semana dio a conocer que, a raíz del cierre inminente del DAS, varios de sus agentes pusieron a la venta en el mercado negro «toda la base de datos de la agencia».
«Las verdaderas identidades de sus agentes, los nombres y oficios que usan como fachadas, las misiones que les han asignado, los blancos a los que espían, los nombres de los informantes que les han dado datos valiosos sobre peligrosos grupos criminales y las fuentes asiduas que les venden información sobre bandas organizadas están hoy en manos de particulares, grupos ilegales o grupos interesados», afirma la revista. Esta asegura tener en su poder miles de documentos y archivos clasificados que les fueron entregados por agentes y exagentes de la DAS.
DESDE 1999
Las relaciones de Uribe con los paramilitares han sido denunciadas reiteradamente en Colombia. En sus declaraciones contra Noguera, Rafael García Torres afirmó que desde 1999 “las Autodefensas Unidas de Colombia hicieron alianzas con políticos tradicionales de sus áreas de influencia, con el fin de apoderarse paulatinamente de la administración pública”. Para las elecciones legislativas del marzo del 2002, “las autodefensas lograron apoderarse aproximadamente del 40% de las curules del congreso, a través de candidatos impulsados y, en algunos casos, financiados por ese grupo al margen de la ley”.
García afirmó entonces que “de no haber sido por el apoyo paramilitar, Uribe Vélez no habría obtenido esta victoria en primera vuelta y es incierto si hubiese ganado en una segunda vuelta enfrentando a un solo candidato”.
En la primera administración de Álvaro Uribe, agregó, “la burocracia, es decir, los cargos y entidades fueron distribuidos entre los congresistas recién elegidos que habían apoyado su candidatura. Esto dio como resultado que los cargos se distribuyeron entre los diferentes bloques de las Autodefensas, puesto que esos congresistas, en su inmensa mayoría, debían haber conseguido esa curul en el congreso al apoyo paramilitar”.
García ha hecho un relato minucioso de cómo el DAS fue puesto al servicio de los paramilitares y narcotraficantes en el gobierno de Uribe, y como esos grupos se fueron adueñando de las instituciones y del territorio en sus administraciones.
 
¿EN COSTA RICA?
 
Pese a ese historial, el Gobierno de Costa Rica firmó acuerdos de cooperación en materia de seguridad con este organismo colombiano, sin que se conozca públicamente su contenido ni las actividades que desarrollan en el país.
Tanto en la administración del expresidente Óscar Arias como en la actual, se ha invitado a Uribe al país para dar conferencias sobre temas de seguridad, sin considerar los antecedentes de su Gobierno en esa materia, los cuales pueden comprometer gravemente la seguridad del país y facilitar la operación aquí de sectores vinculados a actividades de grupos paramilitares y narcotraficantes, como los Tribunales de Justicia pusieron en evidencia en Colombia.