Con 169 empleados, a la DIS se le asignan ¢2.901.873 millones, el 32% del presupuesto del Ministerio de la Presidencia (Foto: archivo).
Los ¢2.900 millones asignados a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), señalada como policía política del Ministerio de la Presidencia, figuran entre los gastos dispendiosos que diputados de oposición prometen recortar en el presupuesto presentado por el Gobierno para el 2012.
Presupuestos para propaganda de ministerios, pagos de consultorías y transferencias solapadas a municipalidades afines al Gobierno para alentar el “clientelismo político” están en la mira de los diputados que analizan el proyecto de presupuesto. Consideran que son gastos que contradicen la austeridad prometida por la Administración de la Presidenta Laura Chinchilla, como parte de las medidas para reducir el creciente déficit fiscal, equivalente a un 5,5% del Producto Interno Bruto (PIB).
En medio de constantes llamados del Gobierno a los diputados para que aprueben una reforma fiscal, el pasado 1 de setiembre el Ministro de Hacienda, Fernando Herrero, presentó ante la Asamblea Legislativa el presupuesto 2012 por ¢5.8 billones (miles de millones), el cual estará financiado en un 45% con deuda.
 
Herrero calificó como «muy austero» el presupuesto, dada la «delicada situación fiscal» del país. Según el Ministro, el 29% de los recursos se destinarán al pago de salarios y pensiones, 28% a transferencias a instituciones públicas, 25 % a la amortización de la deuda y el 9% a intereses sobre la deuda pública, entre otros rubros.
En la subcomisión legislativa que analiza el proyecto de presupuesto,  diputados llamaron la atención sobre casos como el del Ministerio de la Presidencia, donde se solicita un presupuesto de  ¢9.042 millones, de los cuales ¢ 2.901 millones son para la DIS, y  ¢1.177 millones para la Unidad Especial de Intervención, otra policía adscrita a ese Ministerio.
Ello significa que a ambos cuerpos policiales se destina prácticamente la mitad del presupuesto (45%) del Ministerio, que tiene 352 funcionarios, de los que 220 corresponden a ambos cuerpos policiales,  entre ellos 169 a la DIS, según las cifras incluidas en el proyecto.
El diputado Luis Fishman interpeló sobre estos gastos al Ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, durante una comparecencia relacionada con el análisis del presupuesto.
Al Ministro le preguntó este semanario si se justifica en tiempos de austeridad fiscal, que casi la mitad del presupuesto del Ministerio vaya a los mencionados cuerpos policiales, y que estos sumen más de la mitad de los empleados del Ministerio. Benavides negó que sea cierto que la mayor parte de los empleados del Ministerio sean de la planilla policial, y comentó que la afirmación contraria debía ser un error en la anotación de los datos.
Además apuntó que en los gastos presupuestos se incluyen transferencias que por ley el Ministerio debe hacer para programas de control de drogas.
Manrique Oviedo, jefe de fracción del PAC, dijo que en el caso de estas policías se trata de instituciones a las que se les va a restar el presupuesto que tienen asignado, para transferir los recursos a entidades que hay que salvar y que son claves, como el Consejo Nacional de la Producción (CNP).
Dijo que el Ministerio de Hacienda tiene en capilla ardiente al CNP, pues dice que le debe más de ¢2.000 millones, pero el CNP es una institución clave porque da mejores condiciones de vida a los productores nacionales, y es una herramienta que evita la migración de la población rural a las ciudades y que aumenten los problemas de inseguridad.
INFLADO
Según el diputado Fishman, el presupuesto enviado por el Gobierno está “muy inflado” y no hay tal economía que se proclama. “Es muy fácil decir hay economía porque se bajó lo presupuestado, pero creo que lo que debería medirse es lo ejecutado. Las entidades del Gobierno vienen subejecutando reiteradamente durante muchos años, y lo que hacen en el presupuesto es subir un cuatro o cinco por ciento las partidas sin haber analizado la subejecución”, dijo Fishman, quien preside la Comisión de Hacendarios, por donde aún debe pasar el proyecto.
Señaló, por ejemplo, que el año pasado el Ministerio de Hacienda no ejecutó  ¢16.546.617 millones, el Ministerio de Seguridad  ¢16.486.896 millones, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ¢14.738.598 millones y el Ministerio de Salud  ¢6.533.254, según la liquidación del presupuesto del 2010.
Respecto de la ejecución del presupuesto 2011, Fishman hizo ver los bajos porcentajes de ejecución, pues a julio del presente año, a pocos meses de concluir el período presupuestado, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería solo se había ejecutado un 27,7%, en el  MOPT 29,6%, en Vivienda 6,2%, y en Salud 36%.
Hay que corregir esa ejecución tan lenta en áreas tan fundamentales para las condiciones de vida de la gente, afirmó Fishman.
El presidente de la comisión de Hacendarios hizo ver que esta es la primera vez, al menos en los últimos 50 años, que la oposición tiene la responsabilidad de conducir el trámite presupuestario, y esa oportunidad no la van a desaprovechar.
“Vamos a acabar con los gastos superfluos, las planillas paralelas, el manoseo político de las partidas comunales, y a empezar a enderezar prácticas de ejecución que no le acarrean beneficio a la ciudadanía y especialmente a las personas de menores ingresos”, afirmó.
No obstante, tras el pacto acordado entre la Presidencia y el PAC para aprobar un nuevo plan fiscal mediante trámite rápido en la Asamblea Legislativa, Fishman dijo que no se sabe si ese pacto irá a funcionar también para aprobar el presupuesto mandado por el Ejecutivo.
Claudio Monge, diputado del PAC, aseguró que ellos se han distribuido por ministerios y entidades en el análisis del presupuesto, y le van “a entrar” a los gastos dispendiosos.
Dijo que le preocupan mucho, por ejemplo, los millones presupuestados para consultorías, que en su opinión son parte del  clientelismo político que hace el Gobierno y el Partido Liberación Nacional.
Otro ejemplo es lo presupuestado para propaganda en el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, que pasó de ¢280 millones a  ¢1.600 millones, y no es más que “para hacerse autobombo y decir mentiras; todo eso se lo estamos señalando”, afirmó Monge.