Al analizar la solicitud que hiciera a la Contraloría General de la República el alcalde Johnny Araya, para que se le autorizara realizar una venta directa de todo el lado noreste del cementerio Calvo, el ente regulador concluyó que, antes de hacer algo semejante, tenía que tener certeza que el terreno usado como cementerio por más de un siglo, que aparece como “Cementerio Calvo” en el mapa Plan Director Urbano del distrito Hospital, que hasta hace solo ocho años era usado como cementerio, que no tiene división alguna que lo separe del resto del cementerio que no se vendería, no es un cementerio…
Y es que el alcalde y sus amigos del Concejo Municipal y la jerarquía administrativa del gobierno local, pretendieron convencer al ente contralor que con solo el hecho de que ellos llamen y hayan inscrito el pasado 18 julio dicho cementerio como “terreno inculto”, ya era suficiente razón para considerarlo un bien patrimonial, privado, del que podrían disponer a la libre. Porque, por el contrario, si se trata de un bien demanial que además es un cementerio que no puede salir del dominio público sino es, en ciertos casos de orden sanitario por un acuerdo legislativo, estaría excluido del comercio.
Así, la Contraloría denegó la solicitud de venta directa y como consecuencia el disparate de construir tres torres de apartamentos de unos 20 pisos cada una y un oficentro de ocho pisos, entre otras obras que podrían ser construidas por desarrolladores privados que eventualmente podrían comprar parte del cementerio Calvo, según lo dispusiera la Municipalidad que ahora quiere jugar a empresaria inmobiliaria.
En este momento la Defensoría de los Habitantes está realizando la correspondiente investigación para verificar, ¡como deberían hacer tanto el BCR como la Contraloría!, si la destrucción que se ha hecho de unos 17.000 m2 pertenecientes a “la parte norte del cementerio Calvo” (como reiteradamente le denominan el BCR y la Municipalidad de San José en múltiples notas intercambiadas) se sustenta en un procedimiento jurídicamente correcto, o no, como lo ha señalado más recientemente la gerente de Relaciones Corporativas del mismo banco quien, corrigiendo al señor subgerente, nos dice que “el BCR tiene la obligación así como la responsabilidad de verificar el cumplimiento…” de “restricciones de cualquier naturaleza” inherentes al posible fideicomiso. Fideicomiso que, al no poder contar con el “terreno inculto” usado como panteón, ha muerto antes de nacer.
Más allá del irrespeto que algunos deudos han expresado (en el Semanario Universidad) ante los cuestionables hechos que afectan a sus queridos difuntos, el “cementerio de los pobres”, el que recibe a todo aquél que no tiene ni donde caer muerto, así como a los más de 120 cadáveres no reclamados anualmente en la morgue judicial, mostraba un panorama humilde pero digno, donde el césped cuidadosamente cortado y las flores multicolores contribuían a mostrar un ambiente de recogimiento respetuoso.
Como parte de las “cosas raras” que suceden alrededor de este disparate, llama la atención el hecho de que pese a que la asesora legal del Ministerio de Salud, Lic. Isabel Zúñiga Díaz, había reconocido públicamente en La Nación del miércoles 7 de setiembre del 2011, el carácter demanial del cementerio y la imposibilidad de un cambio en su status jurídico sino fuere vía Asamblea Legislativa, ahora no se toma en cuenta su opinión jurídica para “autorizar el cambio de uso”… que corresponde por norma constitucional al Primer Poder de la República.
Así como las notas de los “inspectores” de ese mismo Ministerio en que afirman que vieron vestigios de restos humanos en la parte destruida del cementerio.  ¡Lástima! que no hubieren estado allí (o por lo menos preguntado) lo sucedido el pasado sábado 10 de setiembre. Ese día, una retroexcavadora ingresó cual si fuere un coche fúnebre. Ya en el camposanto, se instaló en la parte destruida en las últimas semanas, sobre el charral y los escombros con que se pretende borrar todo vestigio superficial del cementerio. Al empezar la excavación con la gran pala mecánica, no hubo que esperar mucho para que fueran apareciendo uno, dos, tres, cuatro, derruidos ataúdes y sus irrespetados restos humanos, por lo que mejor se detuvieron y se marcharon, pues la labor hubiera sido interminable y acusadora, pues esos “vestigios”, los del subsuelo, los que no son visibles, son tan numerosos como los más de 100 años que tiene el cementerio Calvo.
Ha de aclararse que la construcción se planteó hacer con el pretexto de que urge construir condominios para recibir dirigentes y atletas de Nicaragua, Honduras y demás países centroamericanos, para unos juegos que están en la cola de un venado pues serían dentro de 15 meses y a estas alturas no se han siquiera iniciado las obras. Pero cuando de pretextos se trata, nos remitimos al hecho de que hace dos años se colocó la primera piedra del llamado “barrio chino” y todavía se espera la colocación de la segunda…