La Organización de Naciones Unidas (ONU) está políticamente desfasada, al mantener  el derecho al veto de algunas naciones, principio que a duras penas se podía legitimar en un contexto de guerra fría.
En las nuevas condiciones geopolíticas de un mundo globalizado, mantener esos privilegios es un contrasentido ético-político. La búsqueda de una gobernanza democrática global, por la que claman los indignados en todas partes del mundo, es un  llamado y un reclamo justo para que todos los pueblos tengan los mismos derechos. La existencia de  naciones de primera clase con derecho a veto se contradice con ese justo reclamo de una democracia real y efectiva para nuestro tiempo. Por eso, si la ONU persiste en mantener esos privilegios se hará digna de ser reconocida como  el monumento más representativo de la antidemocracia del siglo XXI.
Acuerpando a los movimientos sociales que están apostando por una nueva unidad de cultura política, para la convivencia digna al interior de y entre los pueblos, es fundamental ir dando pasos que sumen en la  dirección  de un estilo de gobernanza global que sea garante de los derechos humanos, sociales, culturales y políticos. Para ello, es fundamental empezar, precisamente, por eliminar privilegios que arrastran las naciones que han ostentado un papel dominante en el mundo.
El nuevo contexto geopolítico exige de la ONU, ante todo, legitimar su representatividad como portavoz efectivo de las aspiraciones más nobles y justas de todas las naciones del mundo.  Por eso, debe eliminarse el derecho al veto que ostentan algunas, si realmente ese organismo aspira a mantener su estatus de garante de la paz y el progreso.
Hoy la ONU está nuevamente en la encrucijada. Un pueblo como el palestino -con los mismos  derechos  que ostenta su vecino Israel- ha solicitado una silla para sentarse dignamente, como cualquier nación, en el seno de la  ONU, donde tienen cabida todos los pueblos soberanos que han decidido por voluntad de sus habitantes, y atendiendo a los principios del derecho internacional, a constituirse como Estados-nación.
Es un derecho, por lo tanto, que no debe  ser vetado por ninguna nación del mundo, por más poderosa que sea.  Permitir que una nación extranjera establezca las condiciones  para que un pueblo se constituya en Estado-nación con pleno reconocimiento por parte de la ONU, y supeditar una decisión de tal envergadura a su consentimiento es, desde cualquier punto de vista, inadmisible.
Atendiendo al derecho, la razón y la dignidad, no deberían ponerse condiciones de ningún tipo para que el pueblo Palestina se integre como un miembro más de la ONU. Razón tienen los palestinos y las naciones que les apoyan en insistir en que una negociación de paz duradera tiene mayores posibilidades si se da entre dos Estados en igualdad de condiciones.
Ya es hora de que la ONU elimine el privilegio del veto que tienen algunas naciones, por antidemocrático.