La independencia del Poder Judicial se analizó en una mesa redonda en el Colegio de Abogados: En la foto, Manuel Avendaño (izquierda), Fernando Cruz (centro), Omar Vargas y Constantino Urcuyo. (Foto: Katya Alvarado)
Presionada por la Asamblea Legislativa, que devolvió en  dos ocasiones la lista de 20 candidatos a magistrados suplentes para la Sala Tercera, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) accedió a revisar el mecanismo de selección, dijo el presidente de la sala, José Manuel Arroyo.
La polémica estalló en mayo pasado, cuando la CSJ envió una lista de 20 postulantes al cargo de magistrados suplentes para la sala Tercera, seleccionados de un total de 52 candidatos que presentaron sus atestados.
En la lista, la Sala Tercera apenas incluyó a cuatro mujeres, quebrantando el principio de equidad de género. La designación de estos cargos cobra especial relevancia porque  esta sala es la que conoce los casos  de los expresidentes Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez, salpicados por los escándalos Caja-Fischel e ICE-Alcatel.
En círculos judiciales trascendió en aquel entonces que la escogencia de algunos de los 20 nombres se habría hecho prácticamente a “dedo”.
 
En la comisión de nombramientos de la Asamblea Legislativa, encargada de dictaminar y avalar a diez postulantes para enviarlos al plenario, surgieron una serie de interrogantes: ¿Qué mecanismos y criterios se utilizaron para la selección? ¿Mediaron otros intereses? ¿Hubo amiguismos o injerencia o presiones de sectores políticos?
Por esa razón, la comisión decidió, en primera instancia, suspender las entrevistas a los recomendados por la Sala Tercera y devolver el listado, vía directorio legislativo, a la Corte Suprema de Justicia, informó a UNIVERSIDAD el diputado Víctor Emilio Granados, del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).
“Se solicitó a la Corte que aplicara el principio de equidad de género y explicara los mecanismos y criterios de selección utilizados en la escogencia”, explicó Granados.
No obstante, añadió, la Corte no aceptó la devolución y reenvió el mismo listado. Ante tal situación, la Comisión de Nombramientos rindió un dictamen negativo y elevó el caso al Plenario de la Asamblea Legislativa, que también  optó por devolver la documentación (ver recuadro: “Diputado Manrique Oviedo: “Seremos estrictos en los nombramientos”).
“Por ahora no hay magistrados suplentes ni en la Sala Tercera ni en la Primera”, detalló  Granados, quien no descartó que el Congreso aplique los mismos criterios cuando conozca las suplencias para la Sala Constitucional.
“Probablemente se devolverá el listado si no cumple con los requisitos de equidad de género y se aclaran los parámetros de escogencia”, comentó el legislador.
Granados expuso que el peregrinar de los listados de las salas primera y tercera, con idas y regresos, “está empantanado”, y no avanzará hasta que se aclaren las dudas.
El presidente de la Sala Tercera, José Manuel Arroyo, dijo a UNIVERSIDAD que la CSJ decidió aceptar, en el caso de esa instancia, la devolución de la lista hecha por el plenario de la Asamblea.
“Ahora nos tendremos que abocar a sentarnos para consensuar nuevos listados, analizando las recomendaciones hechas por los diputados”, agregó Arroyo.
Por otro lado, consideró que la revisión implicará ir “más allá” del tema de género, pues se va a poner atención sobre todo a la calidad de los atestados de los postulantes.
“En el caso de la Sala Tercera, esta situación que se ha presentado la obligará a replantear el mecanismo de escogencia. Si se logra un consenso, esto podrá dejar la vía despejada. En este momento la bola está en el lado de la Corte”, añadió.
Cabe mencionar que el tema de la independencia del Poder Judicial y la polémica en torno a la designación de magistrados propietarios y suplentes se trasladó hasta el Colegio de Abogados, que organizó una mesa redonda para abordar el tema, con la participación del sociólogo Manuel Avendaño, el juez de casación penal Omar Vargas, el politólogo y exdiputado Constantino Urcuyo y el magistrado Fernando Cruz, quien actuó de moderador.
El eje del debate fue la injerencia política y la afectación de la independencia del Poder Judicial, lo que a juicio de los asistentes golpea al sistema democrático costarricense.
“En la elección de magistrados propietarios y suplentes muchas veces imperan los intereses de las fuerzas y las cúpulas políticas, y esto es muy grave”, advirtió Omar  Vargas, quien fue uno de los marginados por la Sala Tercera, tras postular su nombre para el cargo de suplente.
A su parecer, “como en muchos temas jurídicos, la independencia judicial no se garantiza exclusivamente con la promulgación de normas que así lo establezcan”.
“La independencia de cada juzgador (a) es frágil. Por esta razón, puede neutralizarse fácilmente mediante métodos sutiles e imperceptibles”, alertó el juez, quien mencionó aspectos de tipo económico, sociales, administrativos -como la existencia de un régimen disciplinario “desbordado”-, y los de tipo político.
Para Arroyo y los otros participantes en la mesa redonda, la intendencia judicial en Costa Rica y el sistema de designación de magistrados es frágil y preocupante.
Insistió en que la politización y la estructura “verticalista y burocrática” del sistema judicial costarricense conspira contra una correcta aplicación de la justicia en el país.
En su criterio, “hay que evitar que se jurisdiccionalice la política o se dé una politización de la justicia”, y puso como ejemplo el tema de la reelección presidencial, que permitió al hoy exmandatario Óscar Arias acceder por segunda vez al gobierno. Aquí, “el problema central estriba en determinar si existió a no algún tipo de compromiso previo sobre el tema”, acotó.
Arroyo recomendó que Costa Rica se incline por un sistema de elección de magistrados similar al modelo italiano,  que a su juicio permite mayor transparencia en la aplicación de justicia.
Mientras tanto, Constantino Urcuyo hizo énfasis en los intereses que existen en la Asamblea Legislativa, encargada de la designación de magistrados propietarios y suplentes, donde los diputados obedecen a la presión de las cúpulas y partidos políticos o a sus propios intereses.
“El tema cobra relieve en los tiempos actuales, donde cada vez más se acude a la justicia, sobre todo la constitucional, para resolver los grandes temas políticos, económicos y comerciales del país”, advirtieron  Arroyo y el sociólogo Manuel Avendaño.
“Lo que ocurre al interior de la Corte es terrible”, expresó por su parte la exmagistrada suplente y ahora jubilada, Rosario Fernández.
Ella criticó el exceso de trabajo de las salas, que a su juicio deberían ser eliminadas y sustituidas por tribunales de casación.
“Eso es una debacle, los magistrados no pueden conocer personalmente los asuntos, y lo hacen sus letrados. El sistema de salas es arcaico; pudo operar en alguna época, pero ahora es absurdo y afecta la jurisdicción constitucional. Hay que crear más bien tribunales de casación y no eliminarlos”, puntualizó.
 

 
Diputado Manrique Oviedo:
Seremos estrictos en los nombramientos
El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC)  y miembro de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, Manrique Oviedo, dijo a UNIVERSIDAD que esa instancia será “celosa y vigilante” en la selección de candidatos a magistrados.
“Estamos a la espera de que la Corte nos vuelva a enviar la lista de magistrados suplentes y confiamos en que se hayan aplicado las normas que hemos solicitado”, comentó el legislador.
“Eso sería lo más sensato de parte de ellos”, advirtió Oviedo, uno de los integrantes de la comisión que le puso la “lupa” a la lista inicial de magistrados suplentes remitidos por la Corte Suprema de Justicia hace cuatro meses.