La condena que emitió la semana pasada el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) contra el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) por rescindir de manera ilegal el contrato de  supervisión de las obras en la vía San José –Caldera  firmado con el Consorcio Euroestudios IMNSA Ingenieros Consultores S.A., contribuye a establecer los responsables  por las fallas y omisiones en ese proyecto concesionado a Autopistas del Sol, subrayaron diputados que investigan el tema.
Este caso se une a una causa penal iniciada desde marzo pasado por la jueza Yendry Durán en el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, contra una lista de funcionarios o exfuncionarios acusados de autorizar la puesta en servicio provisional de la carretera, en enero del 2010, sin verificar el cumplimiento de las “no conformidades” (incumplimientos de especificaciones o estipulaciones del contrato señaladas por la empresa supervisora), “en detrimento de la seguridad e integridad de los usuarios de la carretera.”
 
Entre los imputados en esa causa por el delito de “falsedad en la recepción de bienes y servicios y otros en perjuicio de los deberes de la función pública”, se incluyen Karla González,  exministra de Obras Públicas y Transportes (MOPT); Hadda Muñoz, gerente del proyecto; Guillermo Matamoros, exsecretario técnico del CNC y actual funcionario de la Contraloría General de la República (CGR). Asimismo, los anteriores miembros del Consejo Director del CNC, entre ellos Francisco de Paula Gutiérrez, expresidente del Banco Central, y Jenny Phillips, exministra de Hacienda.
Otras instancias públicas también han señalado irregularidades respecto al manejo de la concesión de la carretera San José- Caldera, como la Defensoría de los Habitantes, el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME) de la UCR y la Junta de Notables conformada por el Gobierno de la República.
En mayo anterior el informe de mayoría suscrito por los diputados de la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga las concesiones de obra pública señaló una serie de inconsistencias, omisiones y debilidades en el manejo de esta concesión y trasladó denuncias contra una veintena de funcionarios y otros particulares ante el Ministerio Público.
La Defensoría de los Habitantes también envió denuncias ante esa instancia, y otro tanto hizo el diputado José María Villalta, del Frente Amplio, a partir de las revelaciones ventiladas en la comisión legislativa.
El informe de mayoría instó a que el Ministerio Público “se pronuncie en lo que procede sobre las responsabilidades y posibles sanciones para los funcionarios públicos involucrados en la toma errónea de decisiones, en el incumplimiento de sus deberes y también en forzar decisiones que se tomaron imponiendo un criterio político sobre los criterios técnicos, todos ellos deberían asumir las responsabilidades por sus malas actuaciones”.
Entre ellos, el señor Óscar Arias Sánchez, Karla González Carvajal, Marco Vargas Díaz, Hadda Muñoz Sibaja, Guillermo Matamoros Carvajal, Rocío Aguilar Montoya, Carlos Arguedas Chaverri (exgerente de la División jurídica de la Contraloría General), Francisco Jiménez Reyes (actual ministro de Obras Públicas y Transportes- MOPT);  Luis Diego Vargas Chinchilla (exsecretario técnico del CNC) y Sonia Espinoza Valverde (exsecretaria técnica de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Ver gráfico “Denunciados y procesados”).
Durante la investigación realizada se comprobó una serie de inconsistencias, omisiones y debilidades de la concesión. Siendo este proyecto una obra de tanta importancia para el país y de tan alto costo para los costarricenses, no podía  ser  ejecutado con tanta ligereza.
La carretera fue contratada a un costo que supera los $360 millones (¢180.000 millones), y fue puesta en servicio por la anterior administración (de Óscar Arias), en enero del 2010, plagada de fallas constructivas y de obras incompletas. Tanto es así, que a la fecha de la presentación de este informe todavía no se han concluido las obras faltantes  y se mantiene la interrogante sobre la estabilidad de los taludes, indicó el documento.
Una obra tan compleja ameritaba contar de previo con los instrumentos idóneos para ejercer una seria y amplia fiscalización de parte del Estado, lo que debía traducirse en contar con funcionarios debidamente capacitados para poder vigilar que los intereses del país no se vieran afectados, lo que no ocurrió, según el informe.
RESPONSABLES
Karla González,  exministra de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
En una conferencia de prensa para dar a conocer la resolución del TCA, diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), Movimiento Libertario (PML), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Accesibilidad sin Exclusión (PASE) afirmaron que la sentencia contribuye a delimitar la búsqueda de los responsables de las fallas en la concesión de la vía a Caldera, y esperan el pronunciamiento del Ministerio Público sobre las denuncias por ellos planteadas.
Recordaron que IMNSA denunció oportunamente ante el CNC, el MOPT y CGR irregularidades en la construcción de las obras, pero fueron ignoradas.
“Está claro que las responsabilidades están a lo interno de la administración. El CNC actuó de forma irregular con la complacencia de la Contraloría General de la República y se deshizo de la empresa que se atrevió a denunciar irregularidades en la ejecución de las obras”, señaló el diputado Manrique Oviedo, representante del PAC.
La sentencia del TCA concluye que la administración tomó decisiones al margen de la ley, violentando el debido proceso y el derecho de defensa del consorcio supervisor, y condenó al Estado a pagar daños y perjuicios a la empresa.
El CNC, por medio de su secretario técnico, Edwin Rodríguez, informó que recurrirá el fallo en la Sala I, Tribunal de Casación.
Enrique Molina, ingeniero que dirigió la supervisión del proyecto San José-Caldera por parte de INMSA, dijo que los del CNC están en su derecho de acudir a llevar el caso a casación, pero lo único que van a lograr es retrasar la decisión final.
“Favor que nos están haciendo. Más bien lo agradecemos porque el caso es tan claro y el fallo de los jueces del Contencioso Administrativo fue unánime, porque sencillamente a  nosotros no nos dieron el debido proceso, y eso era lo que se estaba apelando. Si ellos van a casación, lo que van a hacer es alargar la resolución final y van a aumentar el monto del reclamo, porque se van a ir sumando intereses moratorios. Y quienes van a tener que pagar eso son ellos mismos y después nosotros, porque somos todos”, afirmó.
Molina añadió que más bien van a tener oportunidad de fundamentar la solicitud de una mayor indemnización, sobre una parte que el TCA no concedió porque dijo que faltaban elementos.
El CNC le rescindió el contrato de supervisión a IMNSA en setiembre del 2009 apoyándose en un informe de la CGR, que señalaba una serie de incumplimientos de parte de la empresa. Molina dijo que para ello el CNC les aplicó un artículo del reglamento de la ley de contratación administrativa que fue derogado por la Sala Constitucional, y además no se les dio el debido proceso, y este es el asunto de derecho, central, ante lo cual lo demás cae por su propio peso, destacó.
En el CNC han argumentado que la separación de IMNSA se decidió con base en un informe de la CGR que señaló incumplimientos  del contrato de supervisión.
Sin embargo, en IMNSA aseguran que ellos se dieron cuenta que el grueso del informe de la CGR lo había hecho el CNC,  y entonces solicitaron al CNC copia del informe que había enviado a la CGR y allí se comprobó que lo señalado por el órgano contralor era lo que le había dicho el CNC.
Cabe mencionar al respecto que, en su comparecencia ante la comisión legislativa, la contralora Rocío Aguilar en cierto modo reconoció eso, y en un artículo publicado en noviembre pasado en el diario La Nación, la funcionaria puntualizó que los presuntos incumplimientos de la supervisora señalados en el informe están basados en la información provista por la administración, “por lo que no son creación del órgano contralor.”
Aludiendo a los motivos que estarían tras la actuación del CNC, Molina dijo que ellos habían venido advirtiendo una serie de no conformidades (incumplimientos) en las obras que se estaban realizando, pero fueron ignoradas por los funcionarios a cargo.
Dijo que en julio del 2009 les dijeron al secretario técnico del CNC, Guillermo Matamoros, y a la gerente del proyecto, Hadda Muñoz, en presencia del director general de Autopistas de Sol, Christian Sandoval, que el proyecto había que pararlo para reparar lo que estaba mal, antes de seguir adelante.
La respuesta que se les dio fue que en unos días les dirían qué iban a hacer, y unas semanas después la respuesta fue que a ellos los apartaban de la supervisión. ¿Con qué intención se hizo eso en vez de corregir lo que se estaba haciendo mal?, preguntó.
“A nosotros (IMNSA) nos sacan en setiembre de 2009, y no es sino  hasta mediados de diciembre del 2009 que entra la otra supervisora (CACISA-CANO), o sea que durante este período, que son como tres meses y medio, la obra está sin ninguna supervisión, y era la construcción de la etapa más difícil de todas, terminar la sección II. Así que entra la nueva supervisora, y un mes después, el 27 de enero, se autoriza la puesta en servicio. Si IMNSA hubiera seguido ahí, no la hubieran inaugurado. Pero ellos lo que querían era a alguien sumiso que no denunciara ni dijera nada para que se pudiera recibir el pedazo de la obra. ¿Cómo es posible que recibieran solo un pedazo de la obra?”, cuestionó.
Dijo que los hechos confirmaron las advertencias de IMNSA sobre los daños que se iban a presentar en la carretera si los defectos no se corregían.
Dijeron que iban a producirse deslizamientos de taludes, que el pavimento iba a fallar, que habrían hundimientos en la carretera, y hablaron de los problemas ambientales. En lo que erraron fue decir que el pavimento iba a empezar a dar problemas a los tres años, y resulta que al mes de inaugurada la carretera empezaron los deslizamientos, hundimientos y problemas en el pavimento, como constataron varios informes técnicos.
En declaraciones a la prensa, con ocasión de ser llamada a comparecer ante la comisión legislativa, Karla González descargó responsabilidades por las decisiones adoptadas, señalando que el CNC es un órgano colegiado de siete miembros, entre los que ella era uno de ellos, y hay “una cadena de técnicos hacia abajo” que hacen las recomendaciones para la toma de decisiones, entre los que mencionó al secretario técnico, la gerencia del proyecto y la supervisora.
En tanto, el diputado Manrique Oviedo lamentó que aún a estas alturas faltan obras en la carretera donde se le permite a la concesionaria seguir cobrando los peajes como si estuviera terminada, cuando en realidad faltan obras de estabilización de taludes, puentes peatonales y la radial a Atenas, entre otras (ver recuadro “Obras que faltan…”).
Para el legislador: “Es claro que lo que ha habido es una complacencia de los jerarcas de turno con los empresarios en detrimento de los intereses del país.”
 

 
Obras que faltan en carretera San José-Caldera
-Puentes peatonales
-Radial de intercambio a La Reforma.
-Radial a Atenas, que se destruyó luego de construida y puesta en servicio provisional, hoy sigue cerrada.
-La radial a El Coyol, está comenzada, y debía estar terminada para el 8 de julio del 2010.
-El centro de servicios, que debía construirse entre el km 24 y 25 de la carretera, pero no se iniciado.  Consiste en un área de descanso y comodidad para los usuarios de la carretera, y debe tener instalaciones tales como servicios sanitarios, cafetería, gasolinera, puesto de la Cruz Roja, de Policía de Tránsito, estacionamiento para autos, otro para camiones,  área de descanso de pasajeros.
En julio del 2009, la entonces ministra del MOPT Karla González dijo en una entrevista en televisión que en dos meses los puentes peatonales estarían listos, pero eso aún no ha ocurrido. En febrero pasado el actual ministro Francisco Jiménez también los prometió, pero solo se han construido bahías para autobuses.