La UCR se encuentra frente a una tercera revolución, que trasciende lo científico y tecnológico pero lo contiene, que considera las trasformaciones institucionales necesarias y que se armoniza con el desarrollo del país para el bienestar de todos.  Y este paso para que rinda los frutos deseados pasa por la modernización de estrategias metodológicas y conceptuales, por la renovación de equipos, por el fortalecimiento de redes y la internacionalización bien entendida, por la regionalización y ampliación de cobertura, por el trabajo compartido con las otras universidades públicas y la innovación y creatividad constantes.
Estas aspiraciones las defendimos en el proceso de negociación del FEES y logramos avanzar en un acuerdo que anteponía a cualquier otro interés, el modelo de Universidad Pública que queremos y el principio inclaudicable de la autonomía universitaria.
Bajo estos principios, las Universidades defendieron sus prioridades institucionales, académicas y sociales, sin renunciar a los más importantes compromisos que asumimos frente a la Comunidad Universitaria.
Como representantes de las Universidades Públicas y en lo particular como Rectora de la Universidad de Costa Rica, participamos del proceso de negociación con el Banco Mundial, bajo la convicción y la claridad absoluta de no aceptar imposiciones contrarias a la esencia de nuestra Universidad, así como no aceptar ningún acuerdo de mejoramiento institucional, que no sea propuesto por nosotros mismos.
Con el fin de cumplir con el acuerdo del FEES, 2010-2015, en su artículo 6, que establece un compromiso por parte del Gobierno de la República de tramitar y financiar a favor de las universidades públicas una operación de crédito por $200 millones, el Gobierno inicia en octubre del 2010  las gestiones para la preparación del crédito, el cual se ha caracterizado por lo que establece el mismo acuerdo: un diálogo permanente entre el Gobierno, el Banco Mundial y las Universidades.
No es cierto, como se ha afirmado, que la  injerencia de dos actores,  el Gobierno y el Banco Mundial pongan en desventaja a la UCR y su autonomía, si, como ha sido hasta hoy, se defienden  con valentía y con la razón.
En este proceso han sido las universidades las que han determinado las áreas relevantes y las iniciativas por financiar, de acuerdo con las prioridades establecidas por cada institución.
Los proyectos que se financiarán con recursos provenientes del BM son planteados por las universidades y no se ha aceptado ninguna imposición ni del Gobierno, ni del BM.  La noción de autonomía universitaria siempre ha sido un referente. Así fue  durante todo el proceso de negociación del FEES y  lo es ahora, de manera contundente.
Durante todo el proceso se ha trabajado sobre la base de la ética y la crítica universitarias, sobre la conciencia de que representamos a la educación superior pública, al servicio del desarrollo y del bien común.
La Universidad busca generar más y  mejores programas y proyectos exitosos y para desarrollar nuestras potencialidades al máximo es indispensable  contar con la infraestructura que lo permita. No se trata solo de levantar edificios, equipar laboratorios,  mejorar las  aulas y los espacios de trabajo; sino de  sentar las bases físicas -materiales- para que esta gran propuesta de desarrollo académico integral y sostenible llegue a buen puerto. La UCR no sería hoy  una de las mejores universidades  de América Latina si el Rector Rodrigo Facio no se hubiera preocupado de esto mismo en la década de los  años 50, igual que lo hizo el Rector Carlos Monge en los años 60 y el Rector Claudio Gutiérrez en los años 70.
Cuando hablamos de desarrollo de la infraestructura lo hacemos siempre sobre un fundamento académico,  sobre una fuerte interrelación Universidad –Sociedad  que posibilite un trabajo en equipo para el desarrollo colectivo y el mejoramiento de la calidad de vida.
Las ciencias,  las tecnologías, las humanidades deben crecer orientadas al logro de una sociedad más justa, más equilibrada,  más inclusiva y más democrática.  Cuando la institución piensa en el desarrollo de su infraestructura lo hace de manera comprensiva, tanto con los recursos ordinarios, los del fideicomiso con el Banco de Costa Rica que apoya los llamados macroproyectos y, ahora, con los recursos del Banco Mundial que negocia el Gobierno de la República para las universidades.
El objetivo que se plantea con este programa con el BM es “Fortalecer y desarrollar las capacidades del talento humano potenciando  el conocimiento  e incorporando la ciencia, la tecnología y la innovación, en las áreas sustantivas de las Universidades Estatales para contribuir en la construcción de una nación más competitiva, próspera, solidaria, inclusiva y ambientalmente sostenible”. Y ese es nuestro objetivo como universidades; ser más pertinentes, ampliar la cobertura y el acceso, bajar la deserción, fortalecer la capacidad de gestión, la formación de los académicos, impulsar la innovación y el desarrollo científico,  promover el intercambio,  actualizar los equipos,  aumentar las becas y las pasantías.
La autonomía universitaria  es inviolable y es ella  y no los juegos políticos, la que ha estado presente como base y fundamento en todo el proceso de esta negociación.
No es aceptable que algunos funcionarios, como el vicerrector de investigación -ausentes del proceso o indiferentes a estos contextos- pretendan sostener posiciones contrarias e infundadas que más parecen obedecer a sus intereses personales que a los de la universidad y el país.
Doy fe de que en toda la negociación el norte ha sido y seguirá siendo la protección y el fortalecimiento de la Autonomía Universitaria, no solo como principio de valor constitucional sino como convicción, desde mi posición como Rectora de esta Institución de Enseñanza Superior y como universitaria de corazón.