Aduciendo la «sinrazón» de la «conducta antisocial» que generó dizque el «caos callejero» con ocasión de la marcha y los «bloqueos» universitarios del 29 septiembre, La Nación en su editorial del 1 de octubre clama por “mano firme” contra estudiantes y profesores. Pero luego de semejante estigmatización, a continuación sentencia: «Alguien creyó que, dada la hondura de la crisis fiscal, el presupuesto del FEES iba a sufrir un recorte o desmejora, no obstante la convicción de las autoridades universitarias y el compromiso formal de los funcionarios públicos de que dicho presupuesto no se tocará».
Adrede obvia La Nación que, en el presupuesto de la República que el ministro de Hacienda Herrero envía a la Asamblea Legislativa, de cuajo se cercenan ¢5500 millones a las ya de por si desfinanciadas universidades.  Pero dejando de lado este “detalle”: ¡qué curioso!, lo que más le preocupa a La Nación es que las y los universitarios protesten en las calles, a pesar de la convicción de las autoridades universitarias… en contra. Qué interesante espaldarazo brinda a las y los rectores. A confesión de parte, relevo de pruebas.
En realidad, no es para menos, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) ha jugado un papel clave para los sectores dominantes; por ejemplo, los cables de WikiLeaks han destapado que las y los rectores concertaron con el Gobierno de Arias, promover la trampa del referéndum sobre el TLC, con el propósito de sacar de las calles al movimiento social en ascenso y llevarlo al terreno amañado y minado de las urnas, con un  régimen viciado y parcializado de pies a cabeza, desde la Sala IV hasta el Tribunal Supremo de Elecciones. No por casualidad, Eugenio Trejos,  exrector del Instituto Tecnológico y excandidato presidencial del Frente Amplio, fue impulsado como figura “potable” del movimiento del No al TLC.
El más reciente episodio que demuestra la capitulación recurrente de CONARE ante las presiones y chantajes del Gobierno, desde luego  es la firma inconsulta del V convenio para el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES), perpetrada en la madrugada del 26 de agosto del año pasado, que no solo implica un presupuesto a todas luces insuficiente  para las universidades públicas, sino también abre de par en par la puerta para la degradación de su autonomía y la imposición en su seno de los dictados neoliberales, tecnocráticos, mercantilistas y privatizantes, de conformidad con las imposiciones  del Banco Mundial.
Más revelador en esta línea, resulta el último párrafo del editorial de marras: «Prueba de incoherencia (de las y los manifestantes-nota nuestra) es el reciente y elevado aporte del Estado, es decir, de los contribuyentes, para que la UCR pueda, en buena hora, llevar a cabo un gran proyecto de remodelación física, que este periódico apoyó, frente a la reacción, ahora, de estudiantes y profesores lanzándose a la calle contra una fantasía en pos de un precario protagonismo».
Más claro no canta un gallo, La Nación apoya los megaproyectos de infraestructura en la UCR, que se fraguan mediante el mecanismo truculento de los  fideicomisos, al estilo del Plan Escudo arista e hipotecando los fondos de ahorro de las y los trabajadores. ¿De qué lado está entonces la administración  de la UCR, para merecer semejante respaldo de La Nación?