El despido de Henning Jensen como Vicerrector de Investigación de la UCR es una muestra de autoritarismo político de la Administración. Las vicerrectorías son puestos de confianza de la Rectoría de turno, algo así como ministros de gobierno y en esa lógica –como argumenta la Rectora- un vicerrector le debe lealtad política al gobierno universitario. Aun así, no deja de ser repudiable que la Rectoría tenga que echar mano a un expediente de imperio tan antiuniversitario para resolver disidencias políticas dentro de sus propias filas.
La pública diferencia se da en torno al préstamo con el Banco Mundial, mediante el cual el Gobierno de Laura Chinchilla vendría a cubrir la inversión en infraestructura de las universidades. Pero este punto hacía parte del nefasto V Convenio Presupuestario que se les impuso a las universidades públicas el año pasado, por acuerdo entre el CONARE y el Gobierno. Como se recordará, ese fue un Convenio suscrito por rectores y rectoras del CONARE a altas horas de la noche, sin consulta a las comunidades universitarias y, peor aún, en contra de sus decisiones y movilizaciones de entonces tras aquella fórmula de lucha del 13% de crecimiento real más la inflación. Lo que hoy denuncia el señor Jensen ya lo veníamos denunciado muchas personas e instancias universitarias desde aquel entonces (FEUCR, SINDEU y el suscrito en el seno del Consejo Universitario).
 
Claro que coincidimos con la denuncia que hoy hace el señor Jensen de las negociaciones con el BM. Durante todo este año esas negociaciones se han convertido en “el caballo de batalla” de la Rectoría y en nada se ha reparado sobre los condicionamientos que esta entidad financiera imperialista impone por regla en todos sus negocios. Menos aún se ha reparado en las implicaciones y peligroso precedente  de optar por el endeudamiento externo como vía alterna de financiamiento a las universidades, porque algo es seguro: la deuda la terminará pagando y con creces el pueblo de Costa Rica. Hoy pareciera que la Rectoría no mira la crisis de la deuda de los pueblos y de las universidades estatales en Europa y América Latina. Mientras los estudiantes chilenos dan una cátedra de dignidad y de orientación política a los académicos latinoamericanos (que las transnacionales paguen impuestos para financiar la Educación) aquí el CONARE se somete al Gobierno y al BM, exponiendo la autonomía universitaria, hipotecando la suerte de las generaciones venideras y sometiendo al país a grados aún mayores de dependencia y recolonización.
Como se ve, H. Jensen más bien se queda corto. Él ha estado en el gobierno universitario junto a la señora Rectora en los últimos 7 años y ha sido copartícipe al fin y al cabo de estas tendencias hacia la restricción presupuestaria e implantación gradual de un modelo corporativista de universidad, de cara al mercado, en interés de los grandes capitales. No recordamos a don Henning oponiéndose a los términos acordados por el CONARE y el Gobierno a propósito del V Convenio y en donde precisamente se establecía esta vía del endeudamiento externo para cubrir la inversión universitaria. Por eso, aunque hoy sea correcta la denuncia que hace H. Jensen de las negociaciones con el BM, es inevitable no verla teñida de oportunismo político-electoral en el contexto de las aspiraciones del Sr Jensen a la Rectoría. ¡Cuánto más creíble entonces hubiese sido que el Sr. Jensen presentara su renuncia como vicerrector desde hace un año atrás, antes de dar pie a su destitución por tales diferencias y a estas alturas del partido de la actual Administración!  
La represión administrativa del pensamiento político disidente en la UCR es repudiable. La destitución de H. Jensen por esa vía de imperio es la negación misma de la universidad democrática. A su vez, hay que señalar el sesgo oportunista y extemporáneo de las denuncias del Sr. Jensen. Hay que exigir un debate transparente de los términos de esas negociaciones con el BM en el contexto del V Convenio. La comunidad universitaria debería decidir democráticamente al respecto. Y agregaríamos que hay que traer a ese debate el tema de los fideicomisos (sobre los que el Sr. Jensen no se ha pronunciado por cierto) como otra de las formas espurias de financiamiento alternativo que a la postre, eximen al Gobierno de sus obligaciones financieras con las universidades estatales. La crisis fiscal del Gobierno no deben pagarla las universidades con estas formas privatizantes de financiamiento. Las inversiones al igual que los otros rubros del financiamiento (el crecimiento y la inflación) deben salir de una reforma fiscal que rompa con la corrupción, erradique la escandalosa evasión y grave al Gran Capital que sigue haciendo de las crisis su gran negocio.