Los vientos de cambio azotan en casi todos los países en el nivel mundial, insistiendo en la aparición de una nueva participación ciudadana que establezca un nuevo ordenamiento social que elimine lo socialmente inservible, que ha sido causa de atraso y entorpecimiento, permitiendo adoptar nuevas formas de estructuración social de bienestar equilibrado.
El nuevo siglo XXI exige sociedades ordenadas y con visión firme hacia el progreso. Esas sociedades son exitosas porque son las que logran negociaciones constantes con las autoridades gubernamentales,  para el alcance de sus objetivos inmediatos. Se trata entonces de un estatuto político-jurídico que representa la transformación ciudadana en una verdadera institución con capacidad para recibir información, hacer consultas y participar activamente dentro de cada proceso decisorio, para ampliar la lucidez de la administración pública y la responsabilidad que debe ejecutar.
 
La nueva participación ciudadana promueve la convivencia pacífica entre vecinos y el respeto por la privacidad del otro, la seguridad ciudadana comprometida mediante planes de acción efectivos, la educación de calidad, la salud pública como reflejo de bienestar ciudadano y la información veraz de todo lo relacionado con el gobierno local. Será fundamental la aplicación de esa participación que la ciudadanía haga dentro de los procesos electorales. Sólo una ciudadanía organizada podrá obtener lo que desea y cada proceso electoral es la mejor forma para hacer sentir esa capacidad decisoria frente a la enorme maquinaria financiero-electoral de los partidos políticos, frente a la demagogia y populismo de sus candidatos, frente al cálculo político y al reparto del ansiado botín político por parte de muchos al final de la contienda.
En Costa Rica, el abstencionismo, más que una cifra porcentual que muestra la enorme apatía ciudadana de participar en los procesos determinantes de construcción política del país, muestra el enorme deterioro del orden social imperante. Ante esta pérdida de confianza, los gobiernos entrantes deben establecer nuevas relaciones con la ciudadanía diseñando y ejecutando emprendedoras formas de participación ciudadana que consagren conductas sugestivas, para tomar decisiones en la cada vez más compleja realidad costarricense. El nuevo orden social deberá fundamentarse mediante una participación activa en la cual cada ciudadano pueda intervenir de forma dinámica y proactiva en la toma de decisiones junto a la elaboración de políticas públicas comunitarias en las cuales cada uno de ellos pueda jugar un rol preponderante dentro de su comunidad, al proponer diferentes alternativas de desarrollo y crear una relación «multidireccional» que alimentará importantes valores y principios como el respeto y la solidaridad, respectivamente.
En el nivel mundial, cada reto anterior implicará una mayor cooperación entre países sobre serios acuerdos entre los múltiples niveles dentro de sus administraciones públicas locales, regionales, nacionales y mundiales en donde será necesaria la presencia de una ciudadanía política-jurídica-estatutaria para que las soluciones y negociaciones sean más precisas y apropiadas, pues será para ella en donde finalmente desembocarán. La participación ciudadana debe dejar de ser un mero asunto electoral y transformarse en un asunto social de alto impacto, especialmente en Latinoamérica y África; en donde lo grotesco y desastroso de la corrupción procuran la degeneración social, económica, comercial, financiera, artística, cultural y en donde los mercados practican un enriquecimiento salvaje por encima de todo lo que concierne al ser humano.
Dicho estremecimiento político social de participación no puede reducirse a cada cuatro años ni puede ser conformista al no renovar constantemente sus estrategias con convincentes planes de acción, sino que esa búsqueda del orden social debe exigir y esperar una alta cuota de participación ciudadana racional en los demás procesos electorales mediante una participación coherente, consciente, dispuesta, comprometida y solidaria de la sociedad. Efectivamente, así es la nueva ciudadanía: una organización humana capaz de contribuir eficientemente en la elaboración de políticas públicas a partir de una cantidad de recursos sociales que permitirán enfrentar cada uno de los diferentes problemas causados por la ingobernabilidad y por el ensanchamiento desigual de las brechas sociales. El Estado, como promotor y creador estructural de cada relación, debe fungir como gestor para que los ciudadanos y los mercados puedan organizar sus infinitas relaciones abriendo las puertas de la legalidad e igualdad en todo su esplendor.