Según la rectora Yamileth González, EL CONARE defendió que el Banco Mundial solo fiscalizara los proyectos que financiará y no el 100% de actividades universitaria, como lo pretendía el ente. Atrás la jefa de la OPLAU, Maritza Monge.  (Foto: Jorge Carvajal)
Yamileth González García, rectora de la Universidad de Costa Rica (UCR) reiteró en el Consejo de Rectoría Ampliado que se realizó el pasado 27 de octubre, que ni el Gobierno ni el Banco Mundial (BM) le han impuesto proyectos a las universidades públicas.
La Rectora consideró oportuno volver a informar sobre los proyectos que se financiarían particularmente en la UCR, con un empréstito que negocia en este momento el Gobierno con el BM por $200 millones para las cuatro universidades estatales, ante una serie de rumores que han circulado en la comunidad universitaria en torno al tema.
Durante su exposición, en el auditorio de la Facultad de Educación, González señaló que este tipo de empréstitos-donación por parte del Gobierno no son nuevos en la UCR, pues en la década de los 80 del siglo pasado -mediante un financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- el Estado invirtió recursos en lo que fue el inicio de la que es la Ciudad de la Investigación.
 
La jerarca indicó que a diferencia de lo que sucede en este momento, en que los miembros del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) no han aceptado ninguna imposición del Banco Mundial -ente financiero seleccionado por el Gobierno para desarrollar en total 49 iniciativas de las cuatro universidades públicas-, en aquella oportunidad se impuso la constitución del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME) y del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA), que hoy son exitosos en los campos de la investigación y transferencia de tecnología.
En su opinión, lejos de las manifestaciones de algunas personas, toda la propuesta que el Gobierno negocia con ese ente financiero salió de las propias universidades públicas, con base en el PLANES y en los planes estratégicos de cada institución.
Sustentada en esta propuesta la UCR planteó 14 proyectos que buscan ampliar la cobertura, asegurar la equidad en el acceso y la permanencia de los estudiantes en las instituciones universitarias; mejorar la calidad y la pertinencia de la formación de los estudiantes y de los recursos humanos de las instituciones; fortalecer la innovación y el desarrollo científico y tecnológico, lo mismo que la gestión interinstitucional.
Es así como, de concretarse un acuerdo entre el Gobierno y el BM, se construirán -entre otros- aulas y laboratorios especializados en todas las sedes regionales, para respaldar la Red de Innovación Científica y Tecnológica y las carreras de ingeniería en diversas regiones; las escuelas de medicina, tecnologías en salud y tecnología de alimentos en la Sede de Guanacaste; el Laboratorio de Biomecánica y Bioelectricidad en conjunto con el Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano, que permitirá la elaboración de prótesis y órtesis para personas discapacitadas; el Centro de Eficiencia Energética y Tecnologías Renovables (CEETER), y un ciclotrón que permitirá la producción de una sustancia radioactiva para el diagnóstico temprano de enfermedades como el cáncer.
La Rectora reconoció que si bien los proyectos que se financiarían con el BM tienen énfasis en las áreas de ciencias básicas (matemáticas, física, química, biología), ingenierías, geología, recursos naturales, agroalimentarias, artes (musicales, plásticas, diseño gráfico, teatro y otras) educación y ciencias de la salud -la cual considera una propuesta humanista y multidisciplinaria-, los megaproyectos que se financiarán con el Banco de Costa Rica harán énfasis en las ciencias sociales.
Ante los malentendidos que se han presentado sobre el tema, González confesó que “resulta sumamente doloroso y ofensivo”, que sin contemplar las luchas que ha dado desde hace 40 años en pos de la autonomía universitaria y en sus años de rectora con mucho más razón, digan que ella le está entregando la Universidad al BM.
Destacó que cualquier organismo internacional que haga una donación siempre le da seguimiento a la forma en que se invierten los recursos aportados, y esta ocasión no será la excepción, por lo que el BM dará seguimiento al crédito basado en indicadores sugeridos por las propias universidades, algunos de los cuales a su vez se sustentan en políticas que se han venido desarrollando desde hace años, para el mejoramiento de la educación superior pública nacional.
Los indicadores propuestos por las oficinas de planificación de las universidades son: matrícula de estudiantes de primer ingreso en carreras de pregrado y grado, matrícula de estudiantes regulares en carreras de pregrado y grado, total de académicos con maestría o doctorado que participan en proyectos de investigación, total de académicos con maestría o doctorado que participan en docencia, becas de posgrados en el exterior a funcionarios, porcentaje de inversión en infraestructura y equipamiento, empleabilidad de las personas graduadas y tiempo medio de graduación con respecto al plan de estudio, porcentaje de carreras acreditadas respecto del total, número de publicaciones en Latindex, SCI y otras indexadas y número de proyectos vinculados al sector socioproductivo.
Reiteró que es evidente que la propuesta respaldada por los rectores de las cuatro universidades públicas, se fundamenta en los principios institucionales por los que tanto han luchado universitarios y universitarias y ella misma, por lo que a cinco meses de dejar la Institución no tiene sentido romper una convicción tan profunda en su ser, como es la autonomía universitaria.
Para que la gran mayoría de la comunidad universitaria tenga acceso a información de primera mano acerca de estos temas, la Rectora informó que los documentos hasta ahora existentes sobre el tema estarán disponibles para consultas en el sitio web: http://www.rectoria.ucr.ac.cr/informe/index.php.