El foro fue organizado por el Observatorio de la libertad de Expresión (OLE). De derecha a izquierda, Federico Malavassi, Víctor Emilio Granados, Giselle Boza, Alicia Fournier y Luis Guillermo Solís. (Foto: Katya Alvarado)
“Una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre”, dijo Giselle Boza, periodista y abogada, al abrir el foro “Desafíos de la libertad de expresión en Costa Rica”, el cual moderó.
La actividad contó con la participación de la diputada Alicia Fournier Vargas, por el Partido Liberación Nacional (PLN); Víctor Emilio Granados Calvo, por Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE),  Luis Guillermo Solís Rivera, politólogo y miembro del Observatorio de la Libertad de Expresión (OLE), y el exdiputado Federico Malavassi Calvo, del Movimiento Libertario (ML).
Desde el año 1985, un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que en el país no era necesaria la colegiatura profesional para ejercer el periodismo y la comunicación social en general. Para la diputada Fournier, no existe de manera oficial una supervisión efectiva del desempeño profesional, como otros profesionales que sí están sujetos a reglas y códigos de ética, lo cual es una garantía para quienes contratan y reciben sus servicios.
 
Al tomar en cuenta esta falta efectiva de regulación en materia de comunicación, la normativa vigente en la materia se queda corta. Según la diputada, urge una reforma para fortalecer la legislación en prensa y libertad de expresión.
“Debe de haber un respeto al secreto profesional, no existe en la ley como tal. Un periodista puede ser acusado de desobediencia y falso testimonio. Tal protección debe quedar amparada por la ley, para que se proteja su deber de informar”, comentó.
También, señaló el aspecto de la “cláusula de conciencia”. Esta se presenta cuando un periodista se niega a hacer lo que le ordena su jefe o la empresa en la cual trabaja, porque va contra sus principios  y valores. “La información no es propiedad de una empresa, le pertenece al pueblo”, afirmó.
El legislador Granados coincidió en la falta de protección a “quien ejerce la comunicación social”, al comentar que en junio pasado el proyecto de ley de libertad de expresión fue archivado por el voto de 32 diputados de los partidos PLN, ML, Partido Acción Ciudadana, y Partido Unidad Social Cristiana; únicamente el PASE y el Frente Amplio votaron a favor de su discusión.
Dicho proyecto de ley buscaba cambios al Código Penal, específicamente en los delitos contra el honor señalados en los artículos 145, 146 y 147, que se refieren a injuria, difamación y calumnia, respectivamente. Además, promovía excepciones a la aplicación de las penas por los delitos citados, cuando en busca del interés público se reprodujeran informaciones o declaraciones de otros medios nacionales o extranjeros.
En ese momento, los diputados votaron en contra al argumentar que debía ser mejorada. “En la Asamblea se perdió ese debate por la libertad de expresión y prensa”, recordó. Luego que “no hay regulaciones claras para la actividad más democrática y social”.
OTROS DESAFÍOS
Por su parte, Luis Guillermo Solís señaló otros retos no menos importantes en cuanto a garantizar la libertad de expresión. De acuerdo con el politólogo, el acceso a las plataformas de las nuevas tecnologías es una herramienta para la libertad de expresión, por lo que “es importante la banda ancha (por Internet) como un derecho”.
En su opinión, la apertura digital del espectro radioeléctrico debe garantizar nuevos canales para la libertad de expresión, por lo que criticó la concentración de los medios de comunicación masiva en pocas manos.
“La concentración de medios no es un tema de Costa Rica, sino de toda la región; los propietarios de estos medios ni si quiera son nacionales (…) Es fundamental el uso de las tecnologías de la información para romper esos monopolios”, insistió.
Por su parte, Federico Malavassi destacó la debilidad de los medios que -al depender de la pauta publicitaria- producen periodismo y contenidos “corrongos”. Esto quita espacio a la formación de la opinión pública.