El viceministro de Salud, Adolfo Ortiz, confirmó a este Semanario que autorizó un proceso de exhumación de cadáveres en el Cementerio Calvo, ante una solicitud gestionada por la Municipalidad de San José, interesada en construir allí una villa olímpica para los Juegos Deportivos Centroamericanos del 2013.
Ortiz argumentó que el permiso se concedió con base en lo que establece el artículo 31 y 32 del Reglamento General de Cementerios. “Cuando se trata de exhumaciones en un lugar con más de cinco años de haber pasado el último entierro y que solamente implica trasladar los cadáveres de un lugar a otro en el mismo Cementerio, no se requiere del permiso del ministerio de Salud; sin embargo, el gobierno local lo solicitó y nos pidió las recomendaciones para llevar a cabo este cambio”, explicó.
El Viceministro detalló que el municipio josefino documentó que en ese lugar no se realizaban entierros desde 1995, y por lo tanto, las exhumaciones -según lo establece el reglamento- eran viables; la función del Ministerio de Salud fue recomendar la forma en que este procedimiento debía realizarse, como el uso de guantes y mascarillas, acotó.
 
Cabe recordar que este plan municipal para construir allí una villa olímpica, ha generado todo tipo de controversias y de investigaciones por parte de diversas entidades. Recientes ediciones de UNIVERSIDAD han informado de este polémico proyecto.
Una de las dependencias relacionadas con este tema ha sido el Ministerio de Salud, el cual ha sido cuestionado por quienes se oponen al proyecto, por haber emitido permisos para llevar a cabo exhumaciones de los cuerpos ubicados en ese terreno.
Las autoridades de la Municipalidad de San José también hicieron la solicitud del cambio de uso de actividad en el terreno, que ya había sido segregado -según Ortiz-, y luego llevaron a cabo un procedimiento para inscribir el terreno como una propiedad apta para construir y hacer de lado su estatus de bien demanial –que no puede cambiar su uso, excepto por la Asamblea Legislativa- y por lo tanto en este proceso no tiene que ver la cartera de Salud.
“Desde el punto de vista sanitario, no hay ningún tipo de incumplimiento a la normativa vigente y la Municipalidad no requiere permiso para hacer una exhumación en el mismo cementerio, sobre todo porque nos certificaron que desde hace 16 años no se enterraba a nadie allí.  Además les indicamos que debían seguir todas la medidas sanitarias, que hicieran inspecciones y giramos una orden sanitaria, luego de que delimitaran bien el terreno que no tuviera restos humanos”, dijo el jerarca.
Ortiz sostiene que se llevaron a cabo visitas, lo que consta en el expediente, y que los técnicos en su momento determinaron que las fosas y lápidas no estaban bien delimitadas y -ante las dudas- se pidió a la Municipalidad que trasladaran todos los cadáveres.
Dado el cuestionamiento de cómo garantizar que en efecto se trasladaran todos los restos enterrados en ese terreno, el Viceministro de Salud indicó que el Ayuntamiento documentó topográficamente que se habían segregado todas las lápidas que tenían registros y que se fundamentó su traslado.
En resumen, consta en el expediente que el terreno no tiene cadáveres, no se dieron entierros recientes y el reglamento sostiene que el procedimiento lo pueden llevar a cabo, sin necesidad de presencia de autoridades de Salud.
“Ciertamente es un terreno muy grande y antiguo, donde habían fosas comunes y restos que no fueron identificados nunca con lápida; por lo tanto, no existe certeza para saber si hay  cadáveres; para ello ocuparíamos una tecnología muy avanzada, que nos permita hacer un rastreo en todo el terreno por debajo”, arguyó.
Uno de los principales cuestionamientos que ha tenido el proyecto, es que la ley de cementerios establece que una propiedad que ha sido utilizada históricamente para este fin, no puede dársele otro destino, a menos que la Asamblea Legislativa lo apruebe.
A pesar de esto, la Municipalidad de San José logró que el terreno fuera inscrito para otros fines, sin necesidad de que mediara la aprobación legislativa. El alcalde, Johnny Araya,  aseguró en declaraciones dadas a UNIVERSIDAD la semana pasada, que el terreno estaba al lado del Cementerio Calvo y que los nichos y restos humanos que había allí fueron reubicados.
Este terreno de 18.000 metros cuadrados que pertenece al Cementerio Calvo, es en donde históricamente se le han dado sepultura a los cuerpos de quienes al morir no son reclamados o para los indigentes, aunque en los últimos tiempos autoridades municipales aseguran que se trata de un terreno inculto.
Por su parte, el catedrático y biólogo de la Universidad Nacional, Freddy Pacheco -quien ha seguido de cerca el caso-, cuestionó el hecho de que el Ministerio de Salud diera el permiso sin haber supervisado la exhumación.
“No estuvo presente en ninguno de los casos de exhumación, pues en ese terreno había solamente 15 lápidas; pero no se trata solo de eso, sino de los cientos de cadáveres que hay en el subsuelo que probablemente no se sacaron. Además, la Municipalidad entró con una retroexcavadora y sacaron unos pocos cuerpos”, expuso Pacheco.
Por su parte, el viceministro Ortiz adujo: “lo que hicimos fue girar las órdenes y las condiciones eran que se trasladaran los restos y así lo documentó el municipio”.
Este proyecto ha despertado el interés de otras instituciones, como la Sala Constitucional (IV), que lleva a cabo la investigación del caso, luego de un recurso de amparo que fue presentado. Hace algunos días hicieron una visita al terreno, junto con una experta, quien recomendó hacer excavaciones para asegurarse de que no había restos humanos.
Mientras tanto, la Defensoría de los Habitantes también tiene abierta una investigación, para lo cual ya cuenta con toda la recopilación de información, pruebas y documentos para emitir un criterio.
De acuerdo con Amed Tabash, encargado de prensa de la Defensoría, en estos momentos se está en el análisis jurídico de la disposición de los terrenos por parte de la Municipalidad de San José. “Ya concluimos con la recolección de información y estamos a punto de emitir un informe final”, anunció.
Además, la Contraloría General de la República tiene en sus manos la decisión de avalar o no un fideicomiso con el Banco de Costa Rica para desarrollar el proyecto de las villas olímpicas; sin embargo, a la fecha no se emitido el criterio.
 

¿Plan “b”?
El ministro de Deporte, William Todd, dio declaraciones en medios de comunicación, en las cuales aseguró que no veía factible contar con el desarrollo de los apartamentos para la villa olímpica para los Juegos Deportivos Centroamericanos.
En sus declaraciones, el jerarca Todd indicó que deberán optar por el plan “b” y recurrir a hoteles para albergar a los atletas que participarán en dicho evento y que vendrán de distintas partes del istmo.
Según el Ministro, se deberá atrasar la inauguración de los juegos unas dos semanas, para esperar a que se inicie la temporada baja de los hoteles. Esta decisión está pendiente de tomarse.