La oposición insiste en rebajar  ¢50.000 millones en gastos “innecesarios” del presupuesto del 2012, que presentó el Gobierno por ¢5.5 billones. (Foto: archivo)
Las bancadas de oposición y la oficialista mantienen el pulso abierto en la Asamblea Legislativa desde setiembre pasado, en torno a la aprobación del presupuesto del Gobierno Central para el 2012, que la oposición considera inflado con miles de millones de colones en gastos superfluos, mientras que el Gobierno sostiene que es un plan austero y recortarlo significaría afectar proyectos y programas indispensables.
En la comisión legislativa que estudió el proyecto enviado por el Ministerio de Hacienda, pretendieron introducir recortes o traslados de partidas por unos ¢50.000 millones en gastos de asesorías, propaganda, viajes al exterior y recepciones protocolarias, entre otros considerados superfluos o innecesarios, aunque no reunieron los votos suficientes.
El proyecto pasó a debate en el plenario legislativo con un dictamen de mayoría negativo, rubricado por la oposición, y uno positivo de minoría, del gobernante Partido Liberación Nacional. Pese a negociaciones realizadas por las jefaturas de bancada de los partidos de la opositora Alianza por Costa Rica y Liberación Nacional, no han logrado acuerdo sobre los recortes y abrir el plenario a discusión de las mociones respectivas.
 
Mientras tanto, el impase impide votar la ley, y lo que hay en el plenario es un debate, donde una de las voces cantantes ha sido la de Luis Fishman, jefe de fracción del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), centrado en denunciar millonarios superávits y subejecuciones presupuestarias en entidades públicas autónomas y del Gobierno Central; por lo que a su juicio no se justifican muchas de las partidas incluidas en el presupuesto. En su criterio, se podría recortar hasta  ¢111.000 millones, sin afectar programas importantes.
El Ministerio de Hacienda envió el 1 de setiembre a la Asamblea Legislativa el proyecto de presupuesto, por un monto cercano a los  ¢5.9 billones, de los que el 55.4% estaría financiado con ingresos corrientes (impuestos) y el 44.6% con deuda.
Costa Rica cerró el 2010 con un déficit fiscal equivalente al 5.5% del  Producto Interno Bruto (PIB), el más alto de América Latina. El gobierno de la presidenta Laura Chinchilla, en  alianza con el Partido Acción Ciudadana (PAC), impulsa la aprobación de una polémica ley de reforma tributaria, que en teoría permitiría reducir ese déficit a la mitad. Un impuesto al valor agregado de 14% que sustituiría al actual impuesto de ventas de 13%, y un impuesto de 15% al reparto de dividendos de las empresas de zona franca, son el principal blanco de ataque por parte de sectores opuestos al aumento de los tributos.
Diputados del PAC, entre ellos Juan Carlos Mendoza, presidente del Congreso, han expresado intención de condicionar su aprobación del plan fiscal a que se recorten del presupuesto gastos en viajes, recepciones y consultorías, entre otros, pues consideran que el Gobierno no está cumpliendo el compromiso de contener el gasto e impulsar proyectos de ley para mejorar la eficiencia tributaria.
GASTO
El diputado Fishman ha puesto el ojo en una lista de gastos “superfluos”, que a su juicio no se justifican en momentos de crisis fiscal, entre ellos, ¢2.768.781.522 para viajes y viáticos en el exterior, ¢625.081.396 para actividades protocolarias y sociales y ¢1.177.950.820 en gastos de publicidad y propaganda.
A ello se agregan ¢1.414.544.817 presupuestados para consultorías en servicios de ciencias económicas y sociales,  ¢2.874.256.094 en contrataciones similares en ingeniería, más ¢1.607.288.000 en servicios jurídicos, como si en el Gobierno central no hubiera profesionales suficientes en esos campos, criticó Fishman.
“La lista es incontable y lo que se demuestra fehacientemente es que ese plan de gastos del Gobierno para el 2012 no fue elaborado técnicamente, no tomó en cuenta el estado de crisis en que se encuentra el país -según manifestaciones expresas de la Presidenta y sus ministros cercanos-, ni tampoco fue producto de un serio análisis de la economía nacional, de las necesidades reales del país y de la población”, afirmó.
Su conclusión es que ese presupuesto puede recortarse en esos y otros rubros que significan despilfarros, gastos superfluos y planillas paralelas, y no se pone en peligro ninguna institución ni ningún programa vital para el desarrollo del país y el bienestar de los costarricenses.
Mientras tanto, del lado oficialista niegan que haya habido intransigencia para revisar los gastos, como afirma la oposición. El diputado Francisco Chacón recordó que los ministros de la Presidencia (José Ricardo Benavides) y Hacienda (Fernando Herrero),  han vuelto a revisar con los presidentes de los otros poderes de la República para ver cómo pueden contribuir todos a rebajar un poco el presupuesto.
Según el diputado oficialista, la propuesta de recortes que presentó la oposición estaba equivocada y no era viable, aunque en el Gobierno han estado anuentes a sentarse a negociar, para ver qué es realista y técnicamente sustentado, y ver cómo se puede “terminar de raspar la olla que ya está muy raspada”, y que todos los poderes del Estado coadyuven en la solución del problema del déficit fiscal que tiene el Gobierno.
En relación con la disputa por el presupuesto, el sociólogo Carlos Sojo consideró que se ha dado una discusión “anecdótica” que no es la adecuada.
Se han buscado partidas que tienen utilidad anecdótica para discutir el presupuesto en su conjunto, como el famoso alimento de los caballos (en el Ministerio de Seguridad, señalado por Fishman). Pero, lo que corresponde hacer es una discusión más estratégica sobre el rol del Estado en la economía, y a partir de ahí asegurar que los mecanismos de control son capaces de garantizar el uso eficiente de los recursos del Estado, dijo Sojo, presidente de Socioanálisis de América Latina.
El analista aseguró que hay mucha falacia alrededor de la discusión sobre el gasto del Estado. Si se corta la plata de los caballos, el presupuesto no cambia, pues en el presupuesto el pago grande son remuneraciones, y el 70% son de maestros, policías y personal de salud. ¿Entonces qué se va a recortar de eso?, preguntó.
Recordó que el presupuesto es una autorización de gasto, y por eso nunca se ejecuta igual que como se formula. Puede que haya partidas malas, pero si hay una buena ejecución y una buena supervisión del gasto, aquellas no se van a manifestar finalmente.
El debate de fondo es la situación fiscal, y lo deseable sería tener un debate de alcance nacional alrededor de la reforma fiscal. Eso significa discutir gasto, recaudación y de qué tamaño queremos tener el ingreso tributario, para asegurar las necesidades de intervención del Estado que tenemos a favor del desarrollo, comentó.
Añadió al respecto que es falsa la idea de que en Costa Rica hay un Estado absolutamente corrupto, incapaz, duplicado y excesivo en el gasto. “Lo que hay son relativos, y sobre estos relativos no se puede dar la discusión; la discusión tiene que darse a nivel macro: de cuál es el país que queremos y qué le toca hacer al Estado en esa función”.
Tampoco es real la idea de que tenemos un Estado de gran tamaño e hipertrofiado. Incluso Estados Unidos, el menos estatista de los países desarrollados, tiene más Estado que Costa Rica, donde el nivel de gasto está cerca de la media latinoamericana, señaló Sojo, al comparar datos sobre el tamaño del gasto público en relación con el PIB.
El gasto público respecto del PIB en Costa Rica es del  22%, en Estados Unidos del 23%, en Brasil del 24% y Uruguay del 25%. En otro extremo está Guatemala con 11%, en contraste con Dinamarca (37%), Nueva Zelanda (33%) e Irlanda (37%), según datos del Banco Mundial tomados en el 2008.