Terreno seleccionado por la Caja para la construcción del nuevo Hospital de Cartago. (Foto: David Chavarría)
La polémica sobre las condiciones del terreno en que se construirá el futuro hospital de Cartago, cuya adjudicación podría quedar resuelta esta misma semana si se acepta o rechaza una apelación ante la Contraloría General de la República y las suspicacias que generan algunos vínculos con figuras políticas, reviven la discusión sobre el futuro del centro hospitalario.
El pasado 1° de setiembre la Caja Costarricense del Seguro Social anunció que el nuevo hospital de Cartago se construiría en un terreno ubicado en el cantón de El Guarco. Esto luego de un proceso de licitación que duró casi un año, y en el cual la Dirección de Arquitectura e Ingeniería valoró once opciones.
La propiedad seleccionada pertenece a la empresa Monte Picayo S.A, quienes ofrecían dos lotes de más de 11 hectáreas, por los cuales la Caja pagará $5.349.744,45.
De acuerdo con el cartel de licitación, la escogencia del terreno en primer término se basaría en una “elegibilidad técnica”, cuyos criterios serían el tamaño de la propiedad, la distancia con el actual Hospital Max Peralta; así como estar fuera de la zona de influencia del Volcán Irazú, y de la subcuenca del Río Reventado.
Cumplidos estos requisitos se realizarían valoraciones. En esta fase la propiedad de la empresa Proyectos y Soluciones Inmobiliarias Prosul S.A obtuvo un mayor puntaje, según los resultados registrados por la Caja, que constan en el oficio N°1037.
 
No obstante, la recomendación con fecha del 12 de agosto, emitida por el departamento de Arquitectura e Ingeniería de la Caja declaró un empate entre esta propiedad y la ofrecida por Monte Picayo S.A.
Por lo que se decidió realizar estudios adicionales de suelos y factibilidad vial, siendo este último criterio el que inclinase la balanza a favor de las fincas ubicadas en El Guarco. Tal y como lo confirma Jorge Granados director de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería de la Caja.
“Con base al estudio de factibilidad vial se determinó que el terreno más apto para el Hospital es el de Monte Picayo”.
CONSTRUCCIÓN EN  “CIUDAD DEL LODO”
El oficio DPM-IN-1309-2010 del 21 de marzo, suscrito por la Comisión Nacional de Emergencias concluyó que los terrenos propiedad de Monte Picayo S.A están ubicados a 295 metros de la falla de Aguacaliente –siendo esta propiedad la más cercana a este fallamiento-, y a la vez están localizados a 438 metros del Río Purires.
No señala este documento que a 220 metros de la zona sur del terreno indicado en el plano catastrado C-932085-2004 pasa el río Purires, después de recibir las aguas del Río Coris.
“Si tenemos fallas e inundación por la llena inversa del río Purires, ¿dónde vamos a construir un Hospital? Y además tenemos una finca que es anegada, y ¿por qué se anega? por el nivel freático bajo, ya que la tierra se satura de agua”, cuestionó el ingeniero civil Jaime Brenes, exfuncionario de la dirección de Urbanismo del INVU.
Jorge Granados, director de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería de la Caja, respondió ante una consulta de UNIVERSIDAD que el estudio de suelos muestra que todos los terrenos tienen características similares, “por lo que no se puede decir que un terreno es mejor que el otro”.
Sin embargo, la propiedad de El Guarco fue la única que presentó nivel freático, ya que este varía entre 0,50 m y 6,75 m, según lo encontrado en las perforaciones realizadas por la empresa consultora Castro & De la Torre. El nivel freático es la distancia a la que se encuentra el agua de la superficie del terreno.
Por lo que en los estudios relacionados con la capacidad de soporte de 20 toneladas por metro cuadrado -como es el caso del peso de edificaciones de hasta seis pisos-, se determinó que los terrenos ofrecidos por Monte Picayo S. A. llegan a alcanzar la capacidad de soporte a la mayor profundidad promedio de los terrenos que fueron examinados por esa empresa consultora. Ese promedio fue superior a los nueve metros.
Esto implicaría que la Caja tenga que acondicionar la propiedad para construir un edificio de las dimensiones de un hospital, lo cual es justificado por Granados.
“En todas las construcciones usted tiene que tomar medidas para mitigar riesgos, pero solo porque yo pueda ahorrarme algunos colones en hacer obras de mitigación no voy a descartar una propiedad”, aseguró el funcionario de la CCSS.
Para construir el hospital, se necesita que el uso de suelo sea conforme con la actividad que se pretende desarrollar en la propiedad, según lo establecido en el cartel de licitación.
“Debe entenderse que será adjudicado aquel terreno que además de ser el más apto de acuerdo con todo lo expuesto en este cartel, cuente con el uso de suelo compatible o con el visto bueno de la Municipalidad”, detalla el documento.
Pero al momento de otorgar la licitación los terrenos de Monte Picayo S.A no poseían este uso de suelo conforme.
Ello porque la finca se encuentra dentro de la denominada “Zona Industrial del Valle de Coris”, regulada por el Reglamento para Zonas Industriales de la Gran Área Metropolitana, que establece en su artículo 5 que se pueden hacer uso de suelos comerciales, e institucionales,  siempre que se ubiquen en la periferia de esta y no exista conflicto con las empresas ya establecidas.
CAMBIAN USO DEL SUELO
El 31 de enero, Leonel Rosales Maroto, Director de Urbanismo del INVU, expresó mediante el oficio C-PU-D-055-2011 que los inmuebles  se ubican dentro de la Zona Industrial Coris, pero no en la periferia de la zona como lo requiere el artículo 5.
Esta posición fue reafirmada un mes después por la arquitecta Marta Bolaños del Departamento de Ingeniería, Construcción y Catastro de la Municipalidad de El Guarco, quien certificó que el proyecto incumplía con lo establecido para poder ser desarrollado en la zona propuesta.
No obstante, en el mes de agosto el director de Urbanismo del INVU cambia de parecer al asegurar que la propiedad se encuentra en la periferia de la zona industrial, por lo que la Municipalidad de El Guarco podría hacer el cambio en el uso del suelo.
Juan Carlos Retana, coordinador de la Unidad de Planificación Territorial del INVU, dijo a este semanario que el terreno se ubica en el área no construida en la parte sur-este, periférica de la zona industrial.
Esta modificación planteada por el INVU se hizo efectiva hasta el 23 de setiembre por medio de la Resolución # 008-2011 suscrita por Víctor Luis Arias Richmond, alcalde municipal.
El acuerdo se limitó a modificar el uso de suelo únicamente para los terrenos donde se construiría el hospital, omitiendo consultar esta disposición en audiencia pública a las empresas productoras y comercializadoras de agroquímicos, que están asentadas en la zona por más de 15 años.
Existe un dictamen de la Procuraduría General de la República (106) del 3 de abril del 2008, que señala que para modificar el régimen jurídico que clasifica un uso de suelo específico a las propiedades establecidas en su ámbito territorial, la municipalidad debe sujetarse a un procedimiento, que indica la ley.
El alcalde de El Guarco, Víctor Arias, explicó que ante una consulta de este municipio al INVU, esta institución autorizó el cambio en el uso del suelo por encontrarse el terreno ubicado en la periferia.
La preocupación en el cambio por el uso del suelo se origina porque el futuro hospital tendría de vecinos a empresas productoras y comercializadoras de agroquímicos, tales como Bioquím S.A., Agrícola Piscis S.A., y Humita de Centroamérica, entre otras.
Arias dijo a UNIVERSIDAD que la municipalidad no era la encargada de hacer los estudios técnicos para decidir si el terreno es el más apto.
En su opinión, si las autoridades de la Caja no vieron ningún inconveniente con la ubicación, la obra que se pretende construir sería una gran oportunidad para reactivar la zona.
En visita realizada al sitio, uno de los empresarios de una planta de químicos, que prefirió el anonimato, aseguró a este medio de comunicación que hasta la fecha no han sido consultados ni tomados en cuenta por la Municipalidad de El Guarco sobre la construcción del hospital.
No descartó que la creación del nuevo hospital podría provocar la salida de la compañía del sitio.
Para el ingeniero civil Jaime Brenes, este proyecto podría ir en contra de la política llamada “Hospital Seguro”, que impulsa la Caja, al tiempo que agregó que si llegase a suceder algún accidente, el gobierno local de El Guarco sería el responsable por haber otorgado los permisos;  “nadie puede forzar a la Municipalidad a aprobar este proyecto”.
INACTIVA ANTE LA CAJA
Una de las críticas que también existen contra el proyecto es que la sociedad Monte Picayo aparece como un patrón inactivo ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), según informó Roberto Mora, quien realiza estudios constantes sobre la condición de morosidad de los patronos ante esta institución.
Esa condición le impediría ser acreedora de la licitación, de acuerdo con una reforma de marzo de 2011 a la Ley Orgánica de la Caja Costarricense de Seguro Social, según Mora.
El artículo 74 establece que “en todo contrato con la Administración Pública, central o descentralizada, el no estar inscrito ante la Caja como patrono, trabajador independiente o en ambas modalidades, según corresponda, o no estar al día en el pago de las obligaciones con la seguridad social, constituirá causal de incumplimiento contractual”.
Para él, la condición inactiva de Monte Picayo Sociedad Anónima es “una jugarreta” porque le permitió participar para ganar la licitación, pero no continuó pagando las cuotas obrero patronales, ni siquiera “un mes después” de ganar la licitación en setiembre pasado, añadió.
Ante estos cuestionamientos, representantes de la Asociación Pro Hospital de Cartago advirtieron a la población para que hagan un análisis de lo expuesto, y así saquen sus propias conclusiones.
Esta licitación no ha sido refrendada por la Contraloría General de la República debido a que fue apelada por la empresa Proyectos y Soluciones Inmobiliarias Prosul S.A, que alega haber obtenido el mayor puntaje durante el proceso de evaluación establecido por la CCSS.
La apelación podría quedar resuelta este viernes 11 de noviembre.
 

 
Planos de terrenos están a nombre del Banco Interfin
En el 2007 se inscribe ante el Registro Nacional con la cédula jurídica 3-101-486977, la sociedad anónima Monte Picayo, cuyo presidente es el ahora abogado defensor de la empresa minera Industrias Infinito S.A.
Las acciones de la empresa están divididas entre Costa Rica Holdings LCC, empresa con sede en los Estados Unidos, y Sol del Sur Inc, inscrita en Panamá; esto según una certificación de notario público emitida el 8 de octubre del año 2010, como parte de los requisitos para la inscripción en el cartel de licitación.
En nuestro país Monte Picayo S.A. está representada por Erasmo Rojas, Priscila Robles y Federico Sosto.
Los planos presentados por la Empresa Monte Picayo muestran asimismo que las propiedades ofrecidas en el cartel de licitación figuran a nombre del desaparecido Banco Interfin, que pertenecía al ahora Segundo Vicepresidente de la República, Luis Liberman.
Según Erasmo Rojas, representante de Monte Picayo S.A, la propiedad estuvo en garantía mediante un fideicomiso con el banco, pero las fincas siempre han sido de la sociedad anónima.
Federico Sosto, actual presidente de la sociedad anónima, ha estado en medio de la polémica, luego de que en setiembre del 2008 presentara su renuncia como magistrado suplente de la Sala Constitucional, tras una solicitud expresa de los partidos opositores al gobierno Arias Sánchez, y grupos sociales que lo acusaron de violentar la división de poderes.
Ello porque Sosto dio una asesoría gratuita a Casa Presidencial durante una reunión donde la contralora Rocío Aguilar solicitó al presidente Óscar Arias toda la información relacionada con el pago de $2 millones en consultorías, hechos durante su administración. Estos recursos provenían del Banco Centroamericano de Integración Económica y eran canalizados a través de un fondo de cooperación financiera no reembolsable.
Igualmente se le criticó porque al ejercer como magistrado suplente ante la Sala Constitucional durante la discusión del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, había escrito un artículo en La Nación en el cual se expresaba favorablemente a este acuerdo comercial.
Recientemente, Sosto figuró como uno de los apoderados especiales judiciales de Industrias Infinito S.A., al ser uno de los abogados defensores de la empresa minera, la cual fue demandada por la organización no gubernamental APREFLOFAS, el biólogo Jorge Lobo y el grupo UNOVIDA del cantón de San Carlos.
Erasmo Rojas, representante de Monte Picayo S.A negó  a UNIVERSIDAD rumores que indican que existieron presiones para adjudicar la licitación a la empresa Monte Picayo.
“Hay ciertas afirmaciones de los que apelaron el resultado,  por lo que se les exige alguna prueba, la más mínima de que hubo alguna influencia política, tráfico de influencia o  corrupción, y que lo denuncien de inmediato”, añadió.
Sobre las críticas hechas en contra de que las condiciones del terreno sean aptas para la construcción del hospital de Cartago, Rojas afirmó que “nadie participó diciendo que su finca era mala y que no reunía las condiciones para que ahí se construyera el hospital, pero es la Caja la que va descartando”.