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Día lluvioso en buena parte de España, preludio de la tormenta electoral, decía un diario español al iniciarse la corta campaña que culmina el próximo 20 de noviembre con la elección de un nuevo Gobierno. Campaña que se desarrolla en medio de otra tormenta: la de la economía europea, que amenaza con arrastrar no solo la española, sino el mismo euro ‒la moneda común‒ y, con eso, abrir una crisis de impredecibles consecuencias para todo el mundo.
La Comisión Europea revisó, la semana pasada, las previsiones de crecimiento económico de España, y situó al país al borde de la recesión, un término usado para calificar dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo. La previsión es que el Producto Interno Bruto (PIB) de España se contraiga un 0,1 % en el último trimestre del año. La Comisión anunció, también, que el país no cumplirá su objetivo de déficit este año (del 6 % del PIB), por lo que tendrá que tomar nuevas medidas de ajuste.
A solo diez días de las elecciones, las bolsas europeas volvieron a cerrar en baja, con la caída de los valores de la banca; pero, sobre todo, con los intereses de los bonos italianos de largo plazo disparados a 7,43%, por encima del 7% que se considera el límite para determinar la necesidad de un “rescate”.
Lo peor, decían los analistas, “es que las tensiones en Italia afectaron de lleno a España, otro de los países más vigilados por los mercados. La prima de riesgo nacional volvió a superar el martes de la semana pasada la barrera de los 400 puntos hasta cerrar en el entorno de los 410 (casi un 8% más que el martes), con una rentabilidad del bono español a 10 años en el 5,82%”.
Ese es el escenario tremendamente incierto en el que se desarrollarán los últimos días de una campaña que, según todos los indicadores, llevará a la Moncloa, el palacio de gobierno español, al líder conservador del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy.
SALIDA A LA CRISIS
La salida a la crisis ‒que se manifiesta, en España, con un índice particularmente elevado de desempleo‒ concentró el debate televisivo de la semana pasada entre los dos candidatos principales: Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Con una tasa de desempleo del 21,2% y más de 5 millones de parados, el debate le ofreció al candidato opositor, Rajoy, un escenario propicio para insistir en la necesidad de un cambio de políticas en España.
«La pregunta más importante en estas elecciones es si vamos a continuar con las mismas políticas o si vamos a gestionar las cosas de otra manera; si vamos a continuar igual o cambiamos», le dijo, una y otra vez, Rajoy a Rubalcaba.
“El mero repaso a los datos de la catástrofe económica (y social) es tan estruendoso como para no tener que levantar mucho el tono de voz. Aunque en alguna ocasión acusó de insidioso al candidato socialista y de mentir”, señalaron los analistas después del debate.
Rubalcaba, por su parte, intentaba poner en evidencia las intenciones del programa conservador, cuidadosamente elaborado para evitar precisiones en los temas más conflictivos, en particular sobre los severos ajustes que tendrá que hacer. Pero todos sus intentos de exhibir el programa conservador chocaban con la realidad que Rajoy le recordaba siempre: los recortes a los programas sociales han sido parte del programa del Gobierno saliente, del cual Rubalcaba fue vicepresidente.
El resultado del debate fue saldado con un claro triunfo de Rajoy, según las encuestadoras españolas. Con dos consecuencias inmediatas, según el sociólogo Lorente Ferrer: “la primera, que deja constancia de la victoria de Rajoy sobre Rubalcaba por 9,9 puntos; la encuesta de NC Report para el diario La Razón nos habla de un 45,1% favorable al líder del PP frente a un 35,2% del candidato socialista (distancia que otros medios elevan aún más). Y la segunda, el escaso poder movilizador que el enfrentamiento ha ocasionado en un electorado especialmente desmotivado. Tan solo el 2,3% afirma que se replanteará un cambio en su intención de voto”.
Considerando que el PSOE perdió al 40% de sus votantes desde las últimas elecciones generales, la creciente apatía electoral (los últimos datos de participación eran del 67,5% frente al 73,8% de las anteriores elecciones generales) y que cerca de dos millones de exvotantes socialistas expresaron su intención de abstenerse el próximo 20 de noviembre, la suerte parece estar echada: España se sumará a la ola conservadora que recorre Europa.
El diario El Mundo vaticina que Rajoy va a arrollar a Rubalcaba con una mayoría absoluta de 191 diputados, mientras que los socialistas descenderían hasta los 119. Por territorios, 42 de las 50 provincias estarían gobernadas por el PP y solo 5 por el PSOE.
PROPUESTAS
¿Qué diferencia a los dos candidatos en cuanto a sus propuestas electorales?
Pese a la insistencia de Rubalcaba de que no es lo mismo votar a uno que a otro, el argumento tampoco convenció al elector, quien se pregunta por qué no hizo, mientras estaba en el Gobierno, lo que ahora pregona.
En todo caso, el programa de Rajoy deja abierta las puertas para avanzar en las privatizaciones (la más clara, afirman, tiene que ver con las cadenas de la televisión pública); una rebaja de impuestos importante –aunque no se cuantifica el monto– en la parte del impuesto de renta que grava el ahorro, esto es el rendimiento del capital; y la creación de un fondo de capitalización individual para cada trabajador «que contemple la cobertura frente al desempleo y favorezca la movilidad».
Sobre la reforma laboral –tema importante no solo durante la campaña, sino en el debate sobre las medidas necesarias para enfrentar la crisis–, el programa de Rajoy da pocas pistas, aunque es un tema prioritario para su partido.
Dice que simplificarán los tipos de contratos, pero no se habla de un contrato único, como pedían algunos sectores influyentes de derecha y que es resistido por los trabajadores. Aunque es probable que se camine en esa dirección.
En cuanto a la reforma de la negociación colectiva, se abre el paso a una mayor facilidad para los empresarios para negociar bajas de salarios.
Rubalcaba ha tratado de marcar diferencias señalando que “la derecha piensa en abaratar los despidos y nosotros pensamos en abaratar la contratación”, al financiar con un impuesto de patrimonio, entre otras cosas, el pago de la seguridad social de las empresas que contraten a trabajadores, “hasta que la economía crezca y se creen puestos de trabajo. ¿Notáis la diferencia”?, se preguntó.
Advirtió, además, que “las dietas de adelgazamiento pueden llevar a la anemia. Cuando sea presidente propondré a la Unión Europea conminar austeridad con políticas de reactivación y empleo”, agregó.
Si bien la crisis europea demostró esto hasta la saciedad, el presidente del gobierno socialista español, José Luis Rodríguez Zapatero, las ha apoyado con entusiasmo, principalmente en el caso de Grecia, lo que parece restar fuerza a las afirmaciones de Rubalcaba.
PERSPECTIVAS
En ese escenario, Rajoy aseguró que no culpará a su antecesor por la dramática situación que vive hoy cerca de uno de cada cuatro familias españolas.
Los datos indican que el desempleo más que se duplicó en los casi ocho años del gobierno de Zapatero, al pasar de 2,2 millones de personas a 5 millones en la actualidad. Casi 22% de los españoles viven por debajo del umbral de la pobreza actualmente.
“España aporta el 10% del PIB de la eurozona, el 14% de la población y el 31% de los parados. ¡Sí, uno de cada tres parados de la eurozona es español! Los 5 millones de parados españoles y la tasa de paro del 21,2% son una anomalía aberrante en Europa”, señalan los críticos.
Una de las razones más importantes de esta crisis es la burbuja inmobiliaria, impulsada durante el anterior gobierno conservador de José María Aznar, y que ha dejado a España con una deuda exterior bruta equivalente a 160% del PIB, muy superior a lo que se considera prudente y manejable.
El temor de que España no pueda hacer frente a esa deuda es lo que ha empujado hacia arriba las tasas de interés de los nuevos préstamos que debe contratar.
Ante esa realidad, el desafío del PP y de su candidato, Mariano Rajoy, será enorme, y las perspectivas, como lo ha señalado la misma Comisión Europea, no son para nada favorables.
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