Aunque la educación universitaria pública del país se encuentra exonerada de toda carga tributaria del Estado, al Consejo Universitario (CU) de la Universidad de Costa Rica (UCR) le preocupa que con la posible aprobación de la “Ley de solidaridad tributaria” (expediente N°. 18.261) que se discute en la Asamblea Legislativa, las universidades públicas tengan que pagar impuestos sobre la renta y la venta de los servicios, lo cual perjudicaría sus finanzas.
Por eso, el mencionado órgano legislativo de la UCR emitió el pasado 10 de noviembre un llamado “urgente” a la presidenta Laura Chinchilla, así como a la Asamblea Legislativa y al Ministerio de Hacienda, para que tomen en cuenta una serie de peticiones tendientes a que se conserve el espíritu inicial de dicha ley, que busca la “salvaguarda” de  la hacienda universitaria.
“Hay ambigüedades que podrían desprenderse del proyecto de ley, en los que incluso los servicios que reciben los estudiantes ‒como odontología, salud, la solicitud de material de matrícula, entre otros‒ podrían ser gravados, eso sería muy grave. El vacío es tal que podríamos llegar a esos términos”, aseguró en declaraciones a UNIVERSIDAD José Ángel Vargas, director del Consejo Universitario de la UCR.
 
 
 
 
Vargas externó estas preocupaciones, en las cuales aseveró que existe poca claridad en la responsabilidad tributaria que llegarían a tener las universidades estatales con el estado actual del proyecto de “Ley de solidaridad tributaria”.
“Encontramos que en el proyecto de ley no está claro si las universidades públicas tienen que pagar o no el impuesto sobre la renta y la venta. Está más claro que deberíamos pagar estos impuestos a que estemos exonerados de ellos”, agregó.
POSIBLES REPERCUSIONES
En el caso específico del impuesto sobre la renta, el Consejo afirma en su resolución que la exención de impuestos a las universidades públicas debe ser general y no condicionada a la realización de “actividades educativas y conexas”, tal como lo establece la reforma al capítulo uno de la Ley N° 7092.
Al respecto, el director del Consejo Universitario considera que no tiene sentido cobrar este impuesto a la educación superior pública, ya que los servicios que presta la UCR –por ejemplo– están dirigidos a un bien público, como las investigaciones o las prestaciones de servicios estudiantiles, al igual que no está claro a qué se refiere la ley con “actividades conexas”; en su opinión ahí existe un vacío.
Vargas se mostró crítico de las declaraciones del Gobierno, en las cuales ofrece reembolsar los recursos invertidos en el pago de impuestos. En su criterio, no se deberían llegar a esas negociaciones de devolución, si la ley actualmente exime a estas instituciones del pago de impuestos.
“Sabemos que el usuario final es el que va ir cargando con el aumento en los costos (de los servicios), y nosotros no queremos entrar en ese juego de que aceptamos y que después lo recuperamos”, insistió.
En el caso del impuesto de venta o Impuesto al Valor Agregado (IVA), la resolución emitida por el Consejo Universitario dice que las modificaciones al IVA en la “Ley del impuesto sobre las ventas” (Ley N° 6826) también repercutirían en las finanzas de la universidad, pues esta ley “viene a gravar en forma genérica todos los servicios” del país.
Entre esas repercusiones, según el criterio del CU, se podría llegar a cobrar los servicios que la Universidad adquiere y los que brinda, a la vez que se gravarían las negociaciones o convenios con otras instituciones públicas o privadas.
Asimismo, hay preocupación por posibles cobros a los servicios que se le dan a la comunidad estudiantil, pues el documento deja ver que se tendrían que tributar los servicios de apoyo a la actividad educativa, como biblioteca, laboratorios, servicios médicos, entre otros.
Aunque todavía no han hecho el cálculo de cuánto representaría aproximadamente para las universidades el posible pago de estos impuestos, Vargas estima que es millonario.
“Este es un adelanto del dictamen final que dará el CU. Este recoge lo que urge y lo que la Asamblea Legislativa, Poder Ejecutivo y Ministerio de Hacienda deben saber”, ante la apresurada negociación del tema fiscal en la Asamblea Legislativa, enfatizó.
“Lo que el Consejo Universitario quiere es mantener el concepto de universidad pública y de servicio para el país, sin pensar en otros fines más allá que no sea mejorar la calidad de vida de la población costarricense”, concluyó Vargas.