La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) le puso final al proyecto de granjas atuneras en punta Banco, en la zona sur del país, después de casi 7 años de disputas y recursos legales para impedir la instalación del proyecto.
Sin embargo, el proyecto se va al archivo sin que se investigue la supuesta inclusión de declaraciones falsas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la empresa Granjas Atuneras de Golfito S.A a la SETENA.
El abogado ambientalista Alvaro Sagot solicitó a la SETENA la investigación sobre estos hechos, y tras no obtener respuesta, recurrió a la Sala Constitucional, que en tres ocasiones ordenó indagar la denuncia.
Pese a ello, con la resolución 2723-2011 del pasado 7 de noviembre, la SETENA decidió rechazar la solicitud que presentó la empresa para prorrogar la Declaratoria de Vialidad Ambiental, argumentando que se presentó a destiempo, y sin que hubiese respuesta a lo denunciado por Sagot.
 
SIN RESPUESTA
El abogado y docente de la Universidad de Costa Rica celebró que la SETENA pusiera lo que parece ser el punto final para el proyecto de las granjas atuneras, aunque aún la empresa tiene la posibilidad de presentar un recurso en alzada ante el ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), René Castro.
“La empresa puede apelarlo, pero de morir ahí (si no se presenta la apelación, o esta confirma la resolución de SETENA), si se quiere empezar tienen que hacerlo de cero otra vez, pues nada de lo que quedó en ese expediente sirve para otros nuevos”, comentó el abogado.
Sin embargo, a Sagot le preocupa que este archivamiento que hace la SETENA por caducidad, sea una maniobra para enterrar el proyecto y no dar respuesta a la solicitud de investigación que él realizó desde 2004, respecto a la elaboración del EIA de este proyecto.
Él, en compañía de otros ciudadanos, hizo una “solicitud de nulidad de viabilidad ambiental y solicitud de apertura de procedimiento administrativo” contra el proyecto de granjas atuneras.
Sagot  explicó que en la evaluación social del EIA del proyecto, se consignaron unas supuestas entrevistas a personas de las comunidades cercanas a punta Banco, quienes habrían apoyado el proyecto; pero, al ir a consultar a las personas mencionadas, estas negaron haber participado en el proceso.
Los denunciantes recogieron la versión de estas personas mediante actas notariales, que le fueron entregadas a la SETENA, y solicitaron la apertura de un procedimiento administrativo contra los consultores responsables del estudio.
Andy Bystrom, consultor ambiental del Programa de Restauración de Tortugas Marinas (PRETOMA), aseguró que la falsedad de esas declaraciones también fue confirmada por la Defensoría de los Habitantes, y posteriormente la propia SETENA envió funcionarios a la zona de punta Banco, para hablar con los involucrados.
“Llevamos esa información a la Defensoría de los Habitantes; abrieron un expediente para investigar y también encontraron esas falsificaciones y  supuestas firmas de la gente local. Con esa información llegamos a SETENA, y SETENA dijo que iba a investigar; enviaron funcionarios a la zona, pero luego no se dio seguimiento a los resultados de esta gira”, recordó Bystrom.
Al no recibir respuesta, Sagot recurrió a la Sala Constitucional, la cual en tres ocasiones ordenó a la SETENA responder a las denuncias, la última de ellas el pasado 28 de octubre, en la que se advirtió de la apertura de un procedimiento administrativo contra el secretario general de la SETENA, de no responder a lo solicitado.
“Seguro donde vieron que se iba a iniciar el procedimiento administrativo, dijeron: ´aquí lo más fácil es irnos por el lado de la caducidad, para que no se diga que hubo una mala gestión de la prórroga extraordinaria, y archivamos el expediente´ y para quitarse el asunto de encima”, hizo ver Sagot.
A su parecer, se debe insistir en la investigación de la SETENA contra los responsables del Estudio de Impacto Ambiental, pues es una falta ética grave, y podría tener implicaciones legales más serias.
UNIVERSIDAD intentó conocer el criterio del secretario general de la SETENA, Uriel Juárez, pero al cierre de esta edición no se recibió respuesta a las consultas planteadas,  respecto a las razones por las cuales se archivó el expediente sin investigar el tema de las declaraciones falsas.
PELIGRO LATENTE
Por otro lado, Sagot detalló que el proyecto archivado también presentaba una serie de problemas ambientales, como el no tener claro dónde se depositarían los desechos producidos por las granjas, o qué pasaría si hay una muerte masiva de peces y la disposición de ese material orgánico.
También había preocupación por la afectación que pudiera tener la comunidad de punta Banco en su actividad turística, ya que además de la contaminación que arrastrarían las corrientes marinas hacia el Golfo Dulce, los atunes atraerían a los tiburones en una zona frecuentada por bañistas.
“Punta Banco, que ha crecido desde el punto de vista del ecoturismo, verían disminuidas las visitas, ya que con las jaulas generarían gran cantidad de tiburones, que pondrían en riesgo a los que va a surfear”, puntualizó Sagot.
Mientras tanto, Andy Bystrom aseguró que la actividad de las granjas atuneras no se considera un método de producción sostenible, dado que se deben atrapar atunes jóvenes en altamar, lo que atenta contra el equilibrio de las poblaciones de peces.
A pesar del triunfo que significó el archivamiento del proyecto, el consultor considera que aún está latente el peligro de que surjan nuevos proyectos de granjas atuneras en el Pacífico de Costa Rica, en vista de que es una actividad que genera gran interés comercial.
“El Tratado de Libre Comercio entre China y Costa Rica abre la posibilidad de comercializar atunes engordados en jaulas para la exportación, y se sabe que las importaciones de atún en China han tenido un crecimiento muy importante”, advirtió Bystrom.
El ambientalista instó a estar alerta a la tramitación de nuevos expedientes, y continuar con la elaboración de estudios científicos, que demuestren la importancia económica, ambiental y social, de preservar los ecosistemas marinos en las costas del país.