El abogado e investigador español de la Universidad de Santiago de Compostela, Daniel Sansó-Rubert –que estuvo la semana pasada en la Universidad de Costa Rica (UCR)–, dijo que la percepción de inseguridad que se experimenta en varios países puede ser “subjetiva” y responder a intereses “oscuros” y, en algunos casos, económicos.
El académico participó en el primer “Foro sobre seguridad ciudadana y convivencia democrática”, realizado los pasados 14, 15 y 16 de noviembre y organizado por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR. Sansó-Rubert dictó la conferencia de apertura: “Seguridad ciudadana y derechos humanos un difícil equilibrio”.
Para el investigador, hay un estado de tensión constante en la ciudadanía, porque “queremos sentirnos seguros, poder pasear por la calle. Entonces, la sociedad clama porque tiene una percepción de inseguridad”.
Ante ese estado constante de tensión, indicó que la ciudadanía deja hacer y deja pasar, al crear así una “segurización” a ultranza, donde prima la seguridad por encima de las libertades.
“Se rompe el idilio teórico en la práctica. Hay tortura que se disfraza de interrogatorio, personas que están detenidas a quienes no se les presenta a tiempo ante un juez, se intervienen comunicaciones sin orden judicial. Es una carta blanca a todo tipo de acciones”, lamentó.
Por ello, Sansó-Rubert cree que al pretender proteger a las personas, se produce “una ruptura del equilibrio” entre la seguridad y la libertad.
A su parecer, no se puede pretender figurar de guarda espaldas estatales, pues “no hay pastilla democrática que resuelva todos los problemas”.
De acuerdo con el académico, la manera ideal de cómo manejar y recuperar el equilibrio entre seguridad y libertad a nivel práctico es que debe de primar el interés general del orden público, al tiempo que deben darse políticas de consenso. Además, “es importante la transparencia institucional del aparato judicial”.
DERECHOS HUMANOS
El tema central, expuesto por el español, versó en torno a la difícil coyuntura de la teoría y la práctica de la seguridad, en conjunto con el ejercicio de los derechos humanos. “Tiene una parte práctica muy pragmática. La seguridad tiene que resolver problemas reales, que día a día afectan a la ciudadanía”, acotó.
Según expuso, la teoría tiene tres aristas principales. La primera parte de la premisa que sin seguridad no existe libertad. La segunda afirma que la libertad y la garantía de derechos humanos tienen tal magnitud que no pueden reducirse en situaciones donde se requiera mayor seguridad. La tercera entiende que la seguridad no es un fin, sino que es un medio para alcanzar la libertad; es decir, que la seguridad queda supeditada a la libertad.
No obstante, Sansó-Rubert afirmó que siempre habrá choque entre la libertad y la seguridad. “Habrá confrontación de derechos, pero eso es parte del juego democrático y el constitucional;  los derechos de uno siempre terminan donde empieza el derecho del otro, aunque no hay que verlo desde la confrontación, sino desde la articulación”.
Si bien desde la teoría hay confrontaciones y consensos, en la práctica no se da tanto el ideal que sí se puede dar en la teoría, agregó.
“En realidad, la práctica es básicamente perversa”, advirtió el académico, al resaltar cómo nuevos actores no estatales entran a jugar un rol de influencias en la política local e internacional.
Piensa que hay otros grupos que ponen en juicio la tutela del Estado, desde el terrorismo, la sanidad pública, el narcotráfico, hasta otras más sutiles como los monopolios comerciales y de otro tipo que violentan derechos, por ejemplo, el de acceder a una vivienda digna.
Sansó-Rubert considera que en muchas ocasiones el Estado y sus instituciones no alcanzan a tener mecanismos para salvaguardar todas las aristas de la seguridad ciudadana.