El robo de cables para extraer el cobre en las redes del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) viene en aumento desde el 2003, estimulado por  el incremento del precio en el mercado internacional, lo que representa un significativo aumento de los costos operativos, daños al bien público y afectaciones al servicio, por lo cual se culpa generalmente a la institución.
A pesar de que han aumentado las capturas de personas dedicadas al robo de cable, los eventos no han dejado de incrementarse, sobre todo en las provincias de Limón y Puntarenas;   por lo que el ICE prepara una propuesta al Poder Ejecutivo, para la adopción de medidas dirigidas principalmente a controlar a quienes están detrás del negocio de la exportación de metales, dijo Juan de la Cruz Brenes, director de seguridad del mencionado ente.
“Estamos como locos con la cantidad de eventos en Limón”, donde solo la semana antepasada se realizaron 12 detenciones por robo de cable. Del 2003 al 2011 se han registrado en esa provincia  3066 casos, y este año hasta octubre iban por 619. En Puntarenas, de enero a octubre  del 2011 los robos llegaban a 242, según datos del ICE.
Brenes dijo que aunque no han descartado ninguna hipótesis, las investigaciones no dan señales de que los robos se deban a un sabotaje premeditado. Más bien lo que se ha visto es que los realizan personas de escasos recursos y delincuentes habituales, que han hecho del robo de cobre un modo de vivir, debido a que el precio del metal ha tenido un incremento desmesurado en los mercados internacionales, donde pasó de unos ¢300 a ¢5.000 el kilo.
El problema está afectando a las compañías telefónicas en toda Latinoamérica, y en Costa Rica las empresas de telecomunicaciones que están llegando con la apertura del mercado eventualmente podrían verse afectadas, si llegaran a desarrollar sus propias redes.
Para combatir el problema, algunos países ya han tomado medidas, como es el caso de Argentina, que estableció una veda a la exportación de cobre.
“Estamos trabajando en una propuesta al Ejecutivo para tratar de establecer controles temporales que puedan ser como en Argentina, donde dijeron: no se exporta  ni un gramo durante seis meses y se cierran las fronteras. Lo otro son certificados de origen, para que se diga de dónde se está adquiriendo” el cobre, comentó Brenes.
Brenes explicó que para enfrentar el robo de cable se ha tenido que establecer una coordinación  interinstitucional y se creó una comisión que hace la intervención a las chatarreras o centros de acopio que compran el cobre robado.
En este sentido, se trabaja con las municipalidades para controlar los centros de acopio, y ahora la investigación se dirige a detectar a los responsables detrás del gran negocio de la receptación y la exportación. Por otro lado, las sanciones son tan bajas que los detenidos con una conciliación quedaban libres y salen de nuevo a delinquir, por lo que se ha estado trabajando para evitar eso.
El funcionario mencionó, por otro lado, casos de otro tipo -que afectaron servicios del ICE-  que la institución denunció y están bajo investigación del Ministerio Público; estos tienen  que ver con un incendio en una instalación de Hatillo, y una reciente intervención de  piratas informáticos (“hackers”) que lograron desconfigurar los dispositivos ADLS del servicio de Internet, de un considerable número de clientes.
FOCOS
En cuanto al robo de cobre, los focos principales están en Puntarenas y Limón, donde se da la mayor sustracción de cables y las afectaciones,  sobre todo cuando el delincuente confunde la red de cobre y corta cables de fibra óptica, o el  Cable Maya, por donde pasa la mitad del servicio de Internet del país, añadió.
Y es que en telecomunicaciones lo que hay es una red que integra varios sistemas; una interrupción en uno de ellos puede afectar otros, y las causas pueden ser desde técnicas -por el mismo desarrollo de una plataforma-, hasta por motivos físicos, como inclemencias del tiempo, accidentes de tránsito, deslizamientos, inundaciones, caída de postes, o quebraduras de la red por obras de canalización.
Brenes mencionó el caso de un robo de cable que hubo en Hatillo, San José, que dañó la red básica, que era la ruta de comunicación  a Cartago, por lo cual la  red celular de esa provincia se vio afectada, y todas esas afectaciones impactan la estabilidad de los servicios.
“Cuando vemos una afectación en celulares no es necesariamente porque algo pasó en la red inalámbrica, sino que hay un tejido en que interviene: cobre, microonda, fibra óptica y señales de celular”, puntualizó.
Los datos indican que los daños a la red celular son bajos en comparación con los daños a la red de cobre, donde descansa mucho el transporte de esa comunicación. Aunque los robos en radiobases de celular son reducidos, son motivo de preocupación por el servicio y por el costo de la reposición, cifrado en cientos de miles de dólares.
Todo esto se refleja en costos operativos. Ahora hay que comprar más material para operaciones de mantenimiento, crecimiento y reposición por robo. Se ha trabajado mucho con las comunidades, para que ellas mismas ayuden a cuidar un bien público que es de todos, y de un servicio público que es vital para los habitantes en caso de emergencias, y para las operaciones de la empresas, advirtió Brenes.