El proyecto que impulsa la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) con la empresa petrolera china CNPC, para construir una nueva refinería en Moín por $1.500 millones (¢550.000 millones), está basado en un estudio erróneo, y podría resultar en un mal negocio para el país, cuya factura acabarían pagando los consumidores.
Así lo advirtieron economistas que han solicitado al Poder Ejecutivo una investigación independiente sobre la actuación de la empresa estatal en relación con este proyecto, que ya recibió luz verde del Consejo de Gobierno y de la Contraloría General de la República (CGR).
El economista Leiner Vargas, de la Universidad Nacional (UNA), señaló -entre otros aspectos- que el proyecto fue aprobado por el Consejo de Gobierno con base en un estudio de factibilidad realizado por una empresa china, por la cual se pagaron $2 millones, donde se contempla una tasa de rentabilidad de 16.26%,  que es la posibilidad más remota, pues es el doble de lo que el mismo estudio indica para proyectos similares.
Es un gran riesgo financiero que el país está asumiendo por 20 años, con cálculos erróneos y las pérdidas tendrían que asumirlas los consumidores vía elevación de precios del combustible, consideran los críticos.
La nueva refinería tendría una capacidad para procesar 60.000 barriles diarios y atender la demanda local de combustible (actualmente de unos 50.000 barriles, de los que 16.000 son refinados por RECOPE). La obra tendría financiamiento de China, con una contraparte de unos $400 millones de RECOPE, y la manejaría SORESCO, empresa conjunta de CNPC y la refinadora costarricense.
La Defensoría de los Habitantes está analizando la documentación del proyecto que pidió a RECOPE, luego de que un ciudadano denunció que la empresa le negaba la información que debe ser pública. José Fulvio Sandoval, de la Dirección de Asuntos Económicos de la Defensoría, dijo que esperan tener terminado el análisis en enero próximo y pronunciarse.
Este Semanario solicitó el punto de vista de la presidencia ejecutiva de RECOPE a través de su oficina de prensa, pero al cierre de esta edición no había una respuesta.
A René Castro, Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones -quien integra la directiva de RECOPE como parte del Consejo de Gobierno-, se le preguntó si el proyecto ya está decidido -como se ha informado por la prensa- y dijo que no, pues “ni siquiera se ha terminado el estudio de prefactibilidad”.
“Estamos apenas en la etapa preliminar de evaluación financiera, lejos aún de tener el estudio de factibilidad y mucho menos planos terminados. Yo insistí que (el estudio preliminar) lo pusieran en la web para que la gente lo viera y lo examinara, y apenas se está comenzando a discutir”, afirmó Castro.
Por su parte, el economista Leiner Vargas relató que tras revisar el estudio de factibibilidad hecho por la empresa china Huanqui Contracting & Engineering Group Corp. y los análisis realizados por RECOPE, él hizo una presentación a los jerarcas de la empresa estatal sobre las observaciones que le tiene al proyecto, pero sintió que no le dieron importancia.
Lo primero, dijo, es que existen graves errores de procedimiento en la elaboración del flujo de caja en efectivo, que sirvió para la decisión de parte de RECOPE y del Consejo de Gobierno para aprobar la iniciativa, dado que incorpora un flujo de efectivo de tres años que no existirían dada la naturaleza del proyecto, y ese flujo es clave para justificar la rentabilidad propuesta.
Además, se asume un margen bruto de refinación de alrededor de $20, y un margen neto de unos $12, cuando en el mismo estudio, para proyectos equivalentes y en condiciones similares, esas cifras no dan más de $12 y $8, respectivamente. Esto  hace que el flujo de efectivo tenga una rentabilidad inferior al 5%, y no el 16.26% como se ha dicho a la prensa.
Según Vargas, al interior de RECOPE hay contradicciones respecto al proyecto y no se han seguido las recomendaciones técnicas de corregir el estudio de factibilidad por las deficiencias que contiene, antes de seguir adelante con una inversión de $1.500 millones.
Existen serias consecuencias financieras para la institución y para el país  de continuar con una obra que no cuenta con un estudio de factibilidad serio, advirtió Vargas, tras instar al Consejo de Gobierno a que integre una comisión para investigar lo actuado por RECOPE. “Ya se invirtieron $2 millones (en el estudio) y no se vale que a la ciudadanía se la engañe de esa manera”, acotó.
Gilbert Brown, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (SITRAPEQUIA), que agrupa a empleados de RECOPE, dijo que están apoyando el proyecto porque permite mantener el monopolio estatal y hacer una inversión para la cual el país no tiene los recursos.
En estos momentos se están haciendo los estudios de ingeniería básica, que determinará “si esto va o no va”, agregó.
Preguntada su opinión sobre los errores del estudio de factibilidad señalados por Vargas y otros economistas, comentó que si uno conoce el negocio petrolero puede opinar, pero no es cualquiera. Y ante la insistencia de cuál es entonces la opinión del sindicato de trabajadores sobre las críticas, mencionó que “son temas que hay que ver con la presidencia de RECOPE, donde nos han hecho presentaciones del asunto”.
COMPETITIVIDAD
El economista Juan Antonio Rodríguez, exfuncionario de RECOPE, consideró que los trabajadores desconocen los detalles técnicos y apoyan el plan propuesto, porque les han vendido la idea de que con la nueva refinería se van a crear 200 nuevos empleos adicionales a los 250 que tiene ya RECOPE en la antigua planta, conservándoles todas las garantías, cosa que no se ve cómo pueda ser, si las refinerías modernas más bien ocupan menos personal.
A su parecer, la justificación de este proyecto es loable, ya que se trata de ganarse la diferencia entre el precio del crudo y el precio del producto terminado, y utilizarla en la construcción de un activo para procesar todo el crudo que requiere el país y asegurar el abastecimiento de los combustibles. Pero el problema es que las cuentas no dan.
Se supone que ese diferencial será de $9, de donde saldrían los recursos para los  préstamos, la depreciación en 15 años, y los gastos de mantenimiento, que en las refinerías son más elevados por el uso de químicos y altas temperaturas en el proceso.
En una inversión de $1.510  (como indica el estudio de factibilidad) eso suma alrededor de $24  por barril. Pero, además hay que agregarle la utilidad que va a cobrar SORESCO, con lo que sumarían unos $40. Restados los $9 del diferencial, habría entonces un déficit de $31, “¿y de dónde se van a agarrar? De los precios, pues no hay de otra”, calculó Rodríguez.
En su opinión, habría que empezar por un análisis económico, e ir renglón por renglón de lo que son los beneficios y costos de sacrificar al consumidor con $31 para construir una planta.
Considera que cuando se construye una planta hidroeléctrica, por ejemplo, se favorece la cuenta corriente del país, porque se está dejando de importar combustibles en dólares; pero, en este caso ni el ahorro de divisas se daría, pues para empezar, con solo pagar el préstamo ya al país le sale más caro,  descartándose que haya un ahorro de divisas. Tampoco en cuanto a empleo se ve beneficio, pues no hay en Limón trabajadores con experiencia para construir esta  planta, por lo que están planeando traer chinos, y en la parte operativa tampoco, porque es difícil que se ocupan más de los trabajadores actuales de RECOPE.
Por el lado del valor agregado nacional, Rodríguez tampoco ve que el proyecto aporte algo significativo, ya que el 95% del costo en una refinería es la materia prima, de modo que hacer una inversión de $1.500 millones para un valor agregado de un 5%  ¿qué clase de proyecto económico es el que se le está presentando al país?”, cuestionó.
A su juicio, no convence el argumento que se ha dado, de que con la nueva refinería el país se va a garantizar el suministro de combustibles en caso un gran desastre o una guerra, y es que la pregunta es ¿qué diferencia hay en caso de guerra o desastres entre conseguir crudo o el producto terminado?
Rodríguez expuso también problemas jurídicos, como el refrendo que le dio la CGR al contrato, de una empresa que va a generar una utilidad de 16.26%, cuando en Costa Rica una empresa pública no puede generar utilidades financieras, porque es ilegal.
Aquí hay fondos públicos, y la empresa puede tener excedentes para desarrollo, pero no utilidades financieras, que son para una empresa privada. Y lo peor  es que el refrendo de la CGR dice que como las empresas chinas necesitan obtener utilidades de 16%, entonces  SORESCO debe hacer un negocio tal que genere una utilidad de 16%, añadió Rodríguez.
A su vez, el economista y planificador energético, Carlos Leiva, no ve cómo RECOPE, con una pequeña planta, pretende competir con refinerías de 300.000 barriles diarios, en una actividad donde se aprovechan economías de escala. Por ello vislumbra una pérdida de competitividad de la empresa estatal, en un país donde ya los combustibles son más caros que en el resto de Centroamérica.
Leiva criticó que RECOPE no ha querido entrarle al desarrollo de nuevas fuentes de energía, y está “metiendo todos los huevos en una sola canasta”, apostando a que en 20 o 25 va a seguir con petróleo, sin tomar en cuenta los cambios del mercado, donde los precios del petróleo se disparan, el crudo puede escasear, los hidrocarburos están siendo sustituidos por nuevas fuentes de energía, se están introduciendo nuevas tecnologías de vehículos eléctricos y con otras fuentes, e incluso en  Costa  Rica ya hay empresas donde las utilizan en sus flotillas.
Tampoco se ha hecho en el proyecto un análisis del riesgo financiero, de riesgo cambiario, ni de riesgos y costos ambientales, como la liberación de dióxido de carbono a la atmósfera por la refinación, entre otras deficiencias, apuntó.
Asimismo, habría que hacer un análisis de rentabilidad social, porque “cuando venga la refinería todo ese basurero se irá a la atmosfera y eso tiene un costo y efectos en la salud humana, pero eso no lo toman en cuenta. Tendrían que aumentar los costos de evaluación social, y entonces, si aumentan los costos, el diferencial entre ingresos y costo social se hace más pequeño y por consiguiente la rentabilidad social del proyecto se hace menor.
Para Leiva, los ingresos de RECOPE no van a ser suficientes y la tasa de rendimiento se les va a venir abajo. “Por eso estamos  pidiendo a RECOPE y al Gobierno que nos den tiempo a que expertos nacionales analicen la parte financiera y social del proyecto. Si usted va a gastar $1.500 millones tiene que aceptar que le den una segunda opinión objetiva, que no esté contaminada”, expresó.