De las llamadas confidenciales a altos funcionarios de la República, que ayer hicieron unos y a lo mejor hoy repitieron los mismos, pasaron ya a situaciones verdaderamente escalofriantes y vergonzosas en nuestro país.  Escalofriante porque -en algún momento alguien acudió a un Ministro de su propio partido político para que llamara a su amiga  fiscal que investigaría a uno de los miembros de esa agrupación- ahora más que nunca estamos ante hechos verdaderamente canallescos contra el Poder Judicial .
Y es que pareciera que la vox populi da poco margen de error. Así sucedió cuando acaecieron las llamadas a la fiscal y había gente en las calles de San José que vaticinaba que a las famosas comunicaciones nadie las investigaría  y todo quedaría para el anecdotario  político nacional  O lo que es más horrendo: las instancias respectivas no habían oficializado sus posiciones respecto al famoso referéndum que ganó el gobierno de don Óscar Arias o el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, cuando ya había chanceros del Parque Central que sostenían que éste o aquel personaje político había llamado al lugar correcto y el veredicto final era como fue.
Así, lo que comenzó con versiones de la gente que dejaban al más incrédulo anonadado del poder que algunos políticos y empresarios tienen a todos los niveles de nuestro Estado, vino a transformarse, no en rumor, sino en verdad irrefutable, gracias a la valentía de la magistrada Anabelle León. Ella lejos de amedrentarse por la actuación supuestamente de un colega suyo en la suplencia, decidió enfrentar el toro por los cuernos y denunció esta supuesta conducta de una autoridad judicial.
La situación ocurrida en la Sala Primera que conocía el recurso de casación interpuesto por la minera “Infinito”, resulta  preocupante desde cualquier punto de vista que se analice, pues podemos  inferir el grado de corrupción que existen en las diferentes esferas de poder que, como investiga la fiscalía general, tuvieron acceso a un borrador de una sentencia. Políticamente lo anterior es grave; sin embargo, es totalmente mortal desde el análisis jurídico, por cuanto seguramente coincidimos en que  hay en este hecho implícito un total menosprecio y deterioro a los valores fundamentales del Estado de derecho.
Conocer en esta situación el borrador de una sentencia propina un rudo golpe a la otra contraparte que queda litigando en inferioridad de condiciones. Hay menosprecio del rival, soberbia, menoscabo. Esto en cuanto al borrador en sí, ya que no sabemos qué otra “ayudita” prestó a la parte beneficiada, si la hubo, el famoso magistrado suplente, en caso que fuera cierto que solo él participó en el asunto.
Pero el problema  no queda reducido a un “borrador” de una sentencia y un “magistrado suplente”, por cuanto nos encontramos ante un hecho que otras personas consintieron a título personal a nombre de una representación. Y lo que es peor: callaron el hecho porque vieron posiblemente en él algún beneficio. Es por lo tanto injusto y equívoco que la Fiscalía General centre únicamente sus investigaciones en torno al famoso “magistrado suplente”. Esto parece más que una simple “filtración” de un borrador de sentencia.
Vergonzoso porque tal y como han presentado este hecho, el mismo es más propio de pandillas ocurridas en los años 30 en países como Estados Unidos, o Colombia; más recientemente en una nación que se precia del Estado de Derecho.
Como recordamos, la mafia de Chicago, con antelación incluso sabía sobre los posibles delitos que acusarían a Al Capone; en tanto en Colombia el enorme poder dado a la policía secreta –la DAS- empujó hacia la desvalorización de la garantía jurídica: juzgadores con el rostro cubierto, testigos protegidos durante los debates, intervenciones telefónicas a todo nivel, etc. Toda pandilla se nutre de eso: del exceso de poder y el tráfico con él, para poner de rodillas a los demás. En todo caso, estos tufitos de filtración de borradores de sentencias no huelen bien en Tiquicia.
En ambos casos se menoscabaron las garantías jurídicas Y esto es decir mucho, señores de la Fiscalía General.