El proyecto logró estatus de zona franca gracias a un decreto firmado por la hoy presidenta Laura Chinchilla. (Foto: archivo)
El entubamiento y construcción de edificios y otras obras encima del río Jorco y tres quebradas más, son los nuevos factores que hacen que al día de hoy se mantengan las preocupaciones por los trabajos llevados a cabo por la Compañía Inversionista Las Brisas S.A. –presidida por Gaspar Ortuño-, en su parque industrial en San Rafael Arriba de Desamparados.
El pasado 10 de noviembre desde el despacho del diputado Claudio Monge, del Partido Acción Ciudadana (PAC), se  enviaron oficios tanto a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), como al Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), para conocer sobre el trámite que se les dio a algunas consultas que desde marzo del 2010 les planteó una funcionaria del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
Mediante el documento SRC-OSJ-297-10, la funcionaria Emily Flores, por entonces jefa interina de la Oficina de San José de la Subregión Central del Área de Conservación de la Cordillera Volcánica Central, le solicitó al presidente del TAA, José Lino Chaves, que aclarara si constituye un delito el hecho de que la empresa construyó sobre los entubamientos de esos cuerpos de agua.
Ese oficio también apunta que desde enero del 2010, el TAA recibió un informe que concluyó que la empresa hasta ese momento no había cumplido con la obligación de delimitar áreas de protección, lo cual se debe realizar con la participación del Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU).
Así, el diputado Monge preguntó a la SETENA si conoce alguna información emanada del INVU,  sobre la delimitación de esas áreas de protección, en vista de que el proyecto cuenta con viabilidad ambiental. Por otro lado, inquirió al Presidente del TAA sobre la respuesta dada a las inquietudes planteadas en ese oficio, que ya tiene más de un año y medio de escrito.
UNIVERSIDAD envió dos correos electrónicos a Gaspar Ortuño, presidente de la Compañía Inversionista Las Brisas S.A., para conocer la posición de la empresa sobre el hecho de haber construido encima de los cuerpos de agua entubados. Ambos correos fueron enviados a la dirección provista directamente por el personal de la empresa, y al cierre de esta edición no se contó con respuesta alguna.
PREOCUPACIONES
La citada misiva de Flores menciona que es “imprescindible” que el TAA se pronuncie de manera precisa sobre los daños ambientales, pues señala que ingenieros de dicho tribunal -tras una inspección llevada a cabo el 18 de junio del 2008- indicaron que “no hay daño ambiental significativo”.
Además, tras recordar que su dependencia interpuso la denuncia por la afectación de las áreas de protección de las tres quebradas y el río Jorco, y que por lo tanto se requiere un estudio preciso al respecto, expuso que “resulta difícil que la empresa en cuestión haya respetado estas áreas, ya que el sitio está totalmente construido con edificios, parqueos y caminos cementados”.
Consultado al respecto, el diputado Monge comentó que este caso “es parte de un tinglado que tiene que ver con otros similares en todo el país”. A su parecer, tiene elementos “muy parecidos” con el proyecto Los Espinos de la Montaña, en Barva de Heredia o el hotel Riu, “que ahora pretende cambiar el plan regulador para adaptarlo a lo que quieren hacer”.
Especificó que lo que tienen en común todos estos casos es la afectación de fuentes de agua, quebradas o riachuelos, lo cual ocurre debido a una “altísima irresponsabilidad de las municipalidades frente a lo que establecen las leyes o planes reguladores o el reglamento de la Gran Área Metropolitana (GAM), donde se establecen las áreas de protección y cuánto se debe retirar una construcción de estos cuerpos de agua”.
También mostró su preocupación ante el hecho de que en un terreno quebrado -como el que se presenta a lo largo del transcurso del río Jorco-, se establece una distancia de 50 metros de protección que no debe ser medida a lo horizontal en línea recta, sino a lo largo de la ladera, pero “todo el mundo se hace de la vista gorda”.
CONEXIÓN ZAPOTE
Cabe recordar que la construcción de la mencionada zona franca contó con un financiamiento inicial de $30.300.000 por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), lo cual provocó suspicacias, en vista de que el presidente de la empresa, Gaspar Ortuño de la Goublaye de Mernoval, es primo hermano de Alfredo Ortuño, quien en ese momento fungía como director por Costa Rica de ese banco y quien además había sido tesorero de la campaña presidencial de Óscar Arias, así como uno de los más generosos donantes a esa iniciativa política, con ¢7.015.210.
De acuerdo con datos del BCIE actualizados al 2010 y según publicó UNIVERSIDAD en febrero pasado, el total de los aportes de ese banco a esta empresa sumó $45.5 millones.
En un derecho de respuesta publicado por el Diario Extra en julio del 2008, el Presidente de la Compañía Inversionista Las Brisas S.A. alegó que su primo Alfredo Ortuño “se abstuvo expresamente de participar en todo el proceso de análisis y aprobación de este crédito”, dada su relación de parentesco.
Al respecto, el legislador Monge afirmó que es preciso “atar cabos”, pues “era un Ortuño quien estaba en el BCIE, y a pesar de que oficialmente se excusó de ver el tema, todo el mundo sabe que eso es un saludo a la bandera. El hecho es que tenían al mero mero adentro”.
De igual manera, el tema cobró notoriedad en vista de que durante la administración Arias Sánchez se destapó un escándalo de asesorías a la Casa Presidencial, pagadas con fondos del BCIE. Recientemente, Rodrigo Arias –hermano del exmandatario y su antiguo ministro de la Presidencia- anunció ante diversos medios, que si la Fiscalía General lo acusa por ese caso, abandonará sus aspiraciones presidenciales para el 2014.
En relación con las construcciones en la referida zona franca, en mayo del 2008 el TAA ordenó la paralización de las obras, debido a que “los grandes movimientos de tierra (…) no sólo han invadido la zona de protección del río Jorco, sino que buena parte del material está cayendo directamente sobre este río y sobre otras tres quebradas aledañas, lo cual indica un peligro de taponamientos de estos cuerpos de agua”, según un comunicado de prensa de la época.
Otro peligro importante señalado en ese momento, fue que un “enorme” montículo formado por la tierra removida y por los escombros de la construcción, se encontraba a tan solo 10 metros del kínder del barrio El Bambú.
Sin embargo, la alegría de los vecinos duró poco. En julio del 2008 UNIVERSIDAD informó sobre movimientos de protesta realizados semanas después por vecinos de la zona, molestos por el ruido y la contaminación de la construcción del parque industrial.
Las quejas de los vecinos insistieron en que la construcción se realizó “en las narices” del kínder y varias casas de habitación, sin contar con los debidos permisos municipales y a contrapelo de las regulaciones ambientales. Entre las empresas que allí operan figura Wal-Mart.
Elizabeth Araya, asistente del presidente del TAA, recordó que en noviembre de ese año esa instancia levantó la medida cautelar; sin embargo, le ordenó a la empresa que debería -junto con el regente ambiental- coordinar con el Área de Conservación para delimitar la zona de protección necesaria, para no arrojar la tierra al río Jorco. Es entonces cuando se produjo el oficio de la funcionaria Flores.
De acuerdo con Araya, en razón de que dicha valoración aún no se ha hecho, el TAA realizará en el mes de enero una inspección al sitio en conjunto con el Área de Conservación y la Dirección de Aguas; “se realizará una resolución solicitando a la empresa que le informe a este Despacho el cumplimiento de la resolución”.
Cabe destacar también que el proyecto cuenta con estatus de zona franca, gracias a un decreto ejecutivo firmado en octubre del 2007 por la entonces vicepresidenta y actual mandataria Laura Chinchilla, junto a Amparo Pacheco, por entonces ministra de Comercio Exterior.