El sistema en que vivimos, impuesto por la alianza del capital transnacional con la oligarquía, impulsa el mercado, la ganancia, para el beneficio privado, sin importarle el bien común, el bienestar social. Por lo tanto, valida la expropiación de la riqueza producida por las y los trabajadores manuales e intelectuales y la de la propia Nación.
De acuerdo con  esta visión de mundo, las cámaras patronales y hasta las universidades públicas promueven el “emprendedurismo” privado, es decir, la reproducción de un régimen expropiador, contrario a los intereses sociales.
En este proceso, el sistema encuentra terreno fértil en los profesionales liberales: éstos, por su estamento social y su actividad muestran avidez por el mercado, la ganancia, la codicia y pueden llegar a la corrupción; en esta forma, su conciencia palpita por los intereses privados, dejando a un lado los de la colectividad.
Los profesionales que se desempeñan en la administración pública, gran parte de ellos, lo hacen también en la gestión privada; de ahí surge un conflicto de intereses que, en general, se resuelve a favor de la empresa privada; otros de estos profesionales son cooptados directamente por el sistema, otorgándoles altos puestos burocráticos y jugosos salarios, con el fin de que sean sirvientes eficaces y fieles  impulsores de la corrupción; hay otro grupo, a niveles medios de la administración, que vacilan entre el apoyo a los intereses privados o los colectivos.
Así que, en su mayoría, constituyen un semillero de reproducción del sistema y un soporte para extender la desigualdad social y la corrupción. Claro, como siempre, incluso en los tiempos de las mayores crisis, existen profesionales liberales honestos e incorruptibles.