La jefa de la División de Inteligencia de la Policía de Control Fiscal (PCF), María Cecilia Mesén Castro, recibió $20.000 de la  Oficina Antidrogas Estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) a título personal, sin que mediara control alguno del Ministerio de Hacienda u otra dependencia del Estado.
 
La Embajada de Estados Unidos de Norteamérica señaló que el dinero se entregó a solicitud del gobierno de Costa Rica, y no a nombre de una persona en específico;  además, aseguró que se siguieron los parámetros que usa la DEA para hacer donaciones, y siempre bajo los estrictos controles que esta agencia realiza.
 
Mientras que la posición oficial del Ministerio de Hacienda es que ese dinero es una contribución de la DEA, que tenía como finalidad ejecutar el Programa Control de Contenedores -según convenio firmado en agosto del 2009- con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), en el cual están incluidos la PCF, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y el Ministerio de Seguridad Pública.
 
 
Sin embargo, una auditoría interna del Ministerio de Hacienda ‒realizada luego de que un correo anónimo llegara hasta el ministro Fernando Herrero‒ no pudo determinar que la DEA sea donante activo de este programa.
En el expediente de esta investigación, Luis Alonso Bonilla, director de la PCF, señaló que a pesar de que la DEA forma parte del gobierno de Estados Unidos, esta oficina “dispuso otros mecanismos de colaboración”.
No obstante, en entrevista con este Semanario, el director de la PCF afirmó que la DEA sí forma parte de la UNDOC y aseguró que desde un inicio tenía conocimiento del aporte de la agencia norteamericana.
Por su parte, el representante de la DEA para Costa Rica, Charles Springer, consideró que los métodos de apoyo de la UNDOC al Programa Control de Contenedores “no tienen nada que ver con la forma en que la Oficina Antidrogas Estadounidense presta apoyo o financiación”.
Estas contradicciones hacen dudar a los funcionarios de la PCF, que denunciaron ante UNIVERSIDAD lo sucedido y además resaltaron que no existe comprobante o recibo formal de la donación, contraviniendo la jurisdicción nacional.
“En nuestro país, la ley indica que no se pueden recibir regalías si no se siguen los mecanismos correspondientes, ya que esto se podría prestar para muchas cosas”, expuso  uno de los funcionarios de la PCF.
Pero, el viceministro de Ingreso, Rowland Espinoza, dejó entrever que existen excepciones a esta regla, al asegurar que por razones de “celeridad y confidencialidad” cuerpos policiales en nuestro país acostumbran a utilizar fondos de este tipo.
Espinoza sí reconoció que el problema fue en cómo se manejó la situación. Aun así agregó: “si esa plata va a la caja única del Estado, tenga absoluta seguridad de que no vamos a comprar ni un pito para un árbitro” (véase nota aparte “Ministerio de Hacienda reconoce mal manejo de los fondos”).
El Viceministro de Ingreso asegura que no se incurrió en ningún delito; “si la DEA hubiera donado los equipos comprados nos hubiera ahorrado todo este dolor de cabeza”, afirmó.
Al aparecer cuestionado en la investigación realizada por el Ministerio de Hacienda, el representante de la DEA en Costa Rica no ocultó su molestia y se preguntó si por esas preguntas e inquisiciones debían dejar de ayudar.
La investigación de Hacienda decidió archivar el caso, pero recomendó al director de la PCF que en futuras situaciones similares “ponga de previo conocimiento al Ministro, a fin de que este gire las instrucciones referentes”.
A esto, Luis Alonso Bonilla, director de la PCF, agregó: “si no hay una lesión, si no se produjo ningún perjuicio al Estado o al fisco, entonces no hay motivo para sancionar; no todo tiene que culminar con una sanción”.
Al quedar dudas por esta auditoría interna, el caso fue retomado por la seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) en Hacienda, la cual recientemente interpuso ante la Contraloría General de la República una nueva denuncia, al considerar que muchos elementos no fueron incluidos en esta primera investigación; ahora se está a la espera de una respuesta del órgano Contralor.
Hernán Caamaño, secretario de conflicto de la ANEP, cuestionó que la DEA aporte dinero a instituciones públicas a espaldas del Ministerio e incluso de otras instituciones como el Banco Central; “ellos manejan dineros por la libre”, aseguró Caamaño.
ACTIVOS A NOMBRE DE FUNCIONARIA
María Cecilia Mesén Castro, funcionaria de la PCF, desembolsó $7.499 entre el 15 de enero y 5 de marzo del 2011, tanto en efectivo como desde sus tarjetas de crédito, según las facturas aportadas a este Semanario.
Con ese dinero, se habrían comprado cámaras digitales, un escáner, una computadora personal, un servidor, entre otra serie de artículos que serán utilizados en la labor del Programa Control de Contenedores.
Los bienes adquiridos por Mesén Castro aún no han sido traspasados al Estado, ya que no hay claridad de cuál institución debe hacerse cargo de ellos, porque el Programa Control de Contenedores está integrado por tres instituciones diferentes.
Con el dinero aportado por la DEA, también se cancelaron $10.000, como parte de la remodelación de una oficina donada por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), ubicada en San Joaquín de Flores, para el funcionamiento del mismo programa.
Estas últimas facturas están a nombre de la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica, y al revisar los recibos, el orden del consecutivo está alterado, pues la factura número 2722 con fecha 28 de enero de 2011 tiene una numeración mayor a la factura 2703, con fecha del 4 de febrero del mismo año.
El director de la PCF, Luis Alonso Bonilla, calificó este acto como algo “fuera de su control”, mientras que aseguró que “ese es un problema de la compañía que hizo las facturas, pero eso no implica que se haya cometido algún acto anómalo”.
Carlos Alvarado, director del ICD, aclaró que la institución que él representa no hizo manejó del dinero utilizado para la remodelación de la oficina; su participación se limitó a donar el inmueble.
Sin embargo, Alvarado sí alertó que esta situación ha generado gran suspicacia, debido a que es la DEA la que aporta el dinero, y aseguró que si hubiera sido alguna embajada europea o el gobierno venezolano el donante del dinero, no se hubiera generado tanto revuelvo.

 
Ministerio de Hacienda reconoce mal manejo de fondos

La preocupación de los funcionarios de la Policía de Control Fiscal (PCF), que denunciaron el manejo de una donación de la DEA, radica en que la situación se descubrió luego de que otro de los funcionarios de esa policía -de apellido Leitón- notó la compra de artículos para la oficina, pero que no habían sido inscritos a nombre del Estado.
“Esto sucedió solamente porque el compañero vio algo irregular y lo denunció, sino nadie se hubiera dado cuenta”, criticó uno de los integrantes de la PCF.

Los funcionarios de la PCF cuestionaron la actuación de los involucrados en este asunto, dado que “no sabemos por dónde entraron esos dineros; además no se exoneraron; es decir, la misma Policía de Control Fiscal dejo de pagar impuestos”.

Por esto, el viceministro de Ingreso, Rowland Espinoza, admitió que la parte administrativa no fue la óptima, aunque enfatizó que “el fondo de la utilización de los recursos no esta en cuestión, ya que se usaron para los fines que se habían estipulado. Sí hubo falta de transparencia en cómo se manejó esto, pero no hubo mala intención”.

Quienes denunciaron el hecho ante UNIVERSIDAD sostienen que luego de revelar la irregularidad, el funcionario de apellido Leitón ha sufrido una serie de presiones, que lo habrían llevado a renunciar de su puesto en una jefatura y ser trasladado a realizar labores en el departamento de Tratamiento de Recopilación y Asesoría Técnica Digital, en el cual ahora se encarga de digitar expedientes.

Sobre esto, uno de los funcionarios aseguró que la presión a lo interno es muy grande; por eso, prefirieron mantener su anonimato. La acusación fue desmentida por el director de la PCF, Luis Alonso Bonilla.