Construcción de vía en frontera norte provoca fuerte controversia entre Costa Rica y Nicaragua.
Ambientalistas y expertos consultados por UNIVERSIDAD consideran que el decreto de emergencia, empleado por el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla para construir una vía de 160 kilómetros frente a la frontera con Nicaragua, y gran parte de la cual corre paralela al río San Juan, no impide la ausencia de transparencia, al tiempo que reclamaron el diseño de un plan de mitigación para contrarrestar los eventuales daños al entorno en la zona.
La construcción de la trocha, que arrancó a mediados del año pasado, sigue en marcha, pese a que la Sala Cuarta acogió un recurso de una organización ambientalista y exigió al Gobierno suministrar toda la información sobre el alcance de la obra.
Nicaragua reaccionó en forma iracunda contra Costa Rica, a la que demandó ante la Corte Centroamericana de Justicia, organismo cuya jurisdicción no es reconocida por nuestro país, y luego ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en la ciudad de La Haya, Holanda.
Es la tercera vez en siete años que ambos países acuden a la CIJ para dirimir problemas fronterizos ocurridos en la zona del San Juan. Nicaragua se encuentra demandada por Costa Rica, por la invasión al territorio limítrofe de Isla Calero-isla Los Portillos. El territorio fue invadido por el ejército del vecino país en octubre del 2011.
En importantes círculos ambientales y académicos costarricenses, los criterios en  torno a la construcción de la carretera, en realidad una trocha de lastre, son encontrados.
Para el abogado ambientalista y profesor universitario Álvaro Sagot, “hay una situación irregular” en ese proyecto. (Ver recuadro 1: “No era necesario emitir un decreto de emergencia”).
Por su parte, el geólogo Allan Astorga, quien recientemente hizo una gira por la región afectada por la obra, consideró, en una entrevista dada a UNIVERSIDAD, que el impacto es menor y no tan severo, como lo denuncia Nicaragua. No obstante, advirtió que es urgente diseñar un plan de mitigación de daños (Ver recuadro 2: “El impacto ambiental sobre el San Juan no es de gran envergadura”).
El biólogo y ambientalista Freddy Pacheco dijo a UNIVERSIDAD que “la construcción de la trocha, bajo la modalidad de un decreto de emergencia, se justifica, debido a los obstáculos que permanentemente pone Nicaragua a la libre navegación de Costa Rica en el río San Juan”.
“Creo que es incluso una respuesta pacífica al conflicto que nos ha causado Nicaragua, al invadir nuestro territorio y afectar el derecho nuestro a navegar en el San Juan”, comentó Pacheco.
“Me extraña que haya gente que se oponga. Desde hace tres años se construye una carretera pavimentada entre la comunidad de Tablillas y los Chiles de San Carlos, y hasta ahora nadie reclamó nada”, advirtió.
Pacheco dijo que, sin embargo, es preciso valorar algunos elementos en torno a la ruta fronteriza, como el tema de la tenencia de la tierra y otros aspectos.
“Si se hubiera hecho un estudio de impacto ambiental y se ponen en la balanza todos los elementos, no desde el punto de vista del ambiente, sino del socioeconómico, entonces se hace una valoración, porque cualquier obra siempre tendrá impactos sobre la naturaleza”, añadió.
En todo caso, explicó que la deforestación en la zona costarricense de la parte fronteriza es “grandísima” y que mucho de ese impacto ya está marcado en la cuenca del San Juan.
El ambientalista Gino Biamonte criticó el hecho de que el Gobierno hubiera recurrido a un decreto de emergencia para impulsar la vía, dejando atrás criterios  de protección ambiental. “Es claro que se le han dado armas a Nicaragua para que contraataque”, dijo el dirigente de APREFLOFAS, una organización no gubernamental que promueve proyectos ligados a la protección de la Flora y Fauna en Costa Rica.
Por su parte, el politólogo Luis Guillermo Solís avaló la acción de la presidenta Laura Chinchilla, al explicar que el Gobierno tiene la obligación de garantizar el derecho de movilización y transporte de las poblaciones asentadas a lo largo de la frontera con Nicaragua.
“Estamos ante un litigio que es complejo y no se resolverá rápido, fácil ni definitivamente”, dijo Solís  desde España vía e-mail a UNIVERSIDAD.
Sobre el decreto de emergencia, Solís dijo que “no era lo deseable quizá, pero es lo más recomendable en este momento. No utilizar ese expediente habría hecho casi imposible proceder con la celeridad necesaria una situación excepcional. Ese camino es la única forma que tenemos de garantizar el acceso a puntos del territorio costarricense a los que no se podían llegar de otra manera”, enfatizó.
“Siento que la carretera se está construyendo de forma atropellada, y no se están tomando en cuenta otros factores, como el ambiental”, comentó a este Semanario el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin.
“Hay una gran premura por terminarla cuanto antes y habría que preguntarse a qué se debe esto”, añadió.
“Llama la atención que dos países vecinos acudan en menos de siete años a la Corte a resolver conflictos fronterizos en tres ocasiones. Por otro lado, es interesante la  poca información del Gobierno costarricense sobre esta obra. Hay un gran vacío”, alertó.
“No se ha visto ningún diseño, no hay estudios de impacto ambiental. Se trata de una zona muy sensible, es la zona de trópico húmedo más húmeda de Centroamérica, hay que tener mucho cuidado”, advirtió.
Mauricio Álvarez, de Kioscos Ambientales de la Universidad de Costa Rica, denunció que “nadie en el Gobierno está brindando información confiable sobre la construcción de la obra”.
“Hay un cerco mediático y todo un manejo político”, aseguró. “Aquí lo más importante es que el propio Estado costarricense parece reconocer que sus propias instituciones ambientales suponen un estorbo, al obviar su presencia y opinión acerca de la construcción de la ruta”, aseveró.
El Ministro de Transportes, Francisco Jiménez, dijo a UNIVERSIDAD que el Poder Ejecutivo trabaja mediante una comisión interinstitucional, para garantizar que la mitigación de los daños ambientales por la construcción de la vía sea la mayor posible.
“Se trata de garantizar la movilización de nuestros pobladores de la frontera sin tener solo como alternativa el San Juan, sin que esto tenga un importante impacto sobre el ambiente”, añadió.
Y recordó que ya esa zona está impactada ambientalmente por los mismos finqueros que abrieron en el paso sus rutas para desplazarse. “Se trata de una zona afectada por la ganadería y la agricultura”, por eso la ruta no tiene gran afectación sobre áreas boscosas, insistió.

 
Álvaro Sagot:

“No era necesario emitir un decreto de emergencia”

El abogado ambientalista, Álvaro Sagot, se mostró convencido, en conversación con UNIVERSIDAD, que el Gobierno no tenía necesidad de recurrir a un decreto de emergencia para construir la ruta paralela al río San Juan.
¿Cómo analiza la nueva situación planteada con la construcción de la trocha en la frontera norte?
Hay una situación que es irregular, ya que no existen estudios de impacto ambiental con los cuales uno pueda medir el alcance de los daños y como mitigarlos. Ahora, la posición de Nicaragua es más política que técnica, presenta una demanda buscando espectacularidad, pero que no parece dirigida a procurar una protección ambiental. Costa Rica falló al impulsar el proyecto vía decreto de emergencia y no hay un presupuesto para mitigar el impacto.

¿Llegó tan lejos el problema para recurrir a la emergencia?

Me parece que no era necesario. Esos decretos se usan cuando se necesita algo ya. Me parece que no era tan relevante realizar la obra mediante ese mecanismo. Se pudo hacer de una manera técnica desde el punto de vista de ingeniería y ambiental, con tiempo, un proyecto más pensado.

¿Le dio armas a Nicaragua?

-Creo que abre puertas a las críticas. Ellos ahora contraatacan, buscan crear confusión y tratan de desprestigiar a Costa Rica, al señalar que, por un lado, nos rasgamos las vestiduras hablando de protección ambiental y, por otro lado, hacemos este tipo de obras sin haber previsto medidas de mitigación y compensación. Esto es lo que nos pasa por hacer las cosas de la manera que lo hace el gobierno de Laura Chinchilla.

 
Allan Astorga:

“El impacto ambiental sobre el San Juan no es de gran envergadura”

El geólogo y ambientalista Allan Astorga, quien recorrió la zona hace pocos días, considera que no hay un impacto ambiental de envergadura con la construcción de la trocha.
No obstante, opinó que el Gobierno debe diseñar un plan de mitigación para revertir eventuales daños al ambiente en la zona del San Juan, según dijo por correo electrónico a UNIVERSIDAD.

¿Qué opina usted de como el gobierno de doña Laura Chinchilla ha manejado el proyecto de construcción de la carretera que corre paralela al San Juan? ¿Se justifica el decreto de emergencia que permite obviar una serie de controles ambientales para construir esa trocha?
– El Poder Ejecutivo justificó el decreto de emergencia al argumentar que las comunidades costarricenses ribereñas al Río San Juan tienen grandes dificultades para comunicarse y movilizarse, ya que requieren hacerlo por el río con permiso de las autoridades nicaragüenses. El camino paralelo permite la comunicación de esas comunidades sin depender del uso del río. Desde este punto de vista es comprensible la obra.

¿Cree que hay  grave riesgo ambiental, como lo reclama ahora Nicaragua?

– La construcción de la carretera paralela genera impactos ambientales directos e indirectos. La pregunta clave respecto a Nicaragua es si esos impactos tienen dimensiones suficientes para afectar el río San Juan y convertirse en un impacto transfronterizo. Yo fui a la zona e hice un cálculo desde el punto de vista sedimentológico. Creo que debido a que la obra no es un proyecto puntual sino lineal, el impacto neto en el río, por sedimentos, es insignificante respecto al caudal del río y la carga de sedimento que transporta. De manera que desde ese punto de vista no hay impacto transfronterizo. Eso, sin embargo, no significa que no existan impactos y que no se requieren medidas ambientales correctivas y preventivas, las cuales urge que se apliquen. No obstante, esos impactos se limitan al suelo nacional.

¿Es posible que aumente la sedimentación en el San Juan con estos trabajos? – El aumento es insignificante en relación con la carga sedimentaria que lleva el río San Juan.

¿Se está dando armas a Nicaragua para que contraataque en La Haya?

– Al no haber impacto transfronterizo, Nicaragua no tiene qué reclamar a Costa Rica. No obstante, es urgente que se apliquen medidas ambientales a las obras realizadas para lograr su sostenibilidad ambiental.

¿Qué opina de la reacción de varios grupos ambientalistas y de llevar el caso a la Sala IV?

– Creo que se debe tener precaución y basarse en los datos técnicos y científicos.  Se debe separar dos cosas con claridad. La primera es respecto a los impactos ambientales que se generan en territorio costarricense y que requieren medidas inmediatas, bajo las leyes del país. La segunda es si hay impacto transfronterizo y si se requiere hacer algo al respecto.

Como dije hay impactos en el territorio nacional que requieren de atención inmediata. De este punto de vista, el que la Sala IV detuviera las obras podría implicar que no se implementen esas medidas, lo cual sería muy contraproducente.

Respecto a los impactos transfronterizos urge comprobar que no se han producido para evitar especulaciones y demostrar eso ante los organismos internacionales.

La sala pidió al Gobierno documentación e información pero no ordenó detener las obras. ¿Qué opina?

– El problema es que el trazo de la carretera prácticamente se ha terminado. Ahora urgen medidas ambientales, como terraceo de taludes, compactación de rellenos, mejora de drenajes, revegetación, etc. Si estas medidas se paran, la carretera se puede dañar y se podría convertir en un obra de poca duración.

¿Debió haberse hecho un estudio de impacto ambiental? ¿Justifica la conducta de Nicaragua en el caso de Isla Calero, al amparar como emergencia la construcción de esta carretera?

– Lo ideal hubiese sido realizar una evaluación de impacto ambiental. No obstante, no puede dejar de tenerse claro que, por el trámite establecido, eso hubiera tardado de seis a nueve meses solo la elaboración del estudio y de seis a nueve meses la revisión y aprobación. Esto para hacerlo más o menos bien, lo que implicaría que la carretera se hubiera empezado a construir hasta el segundo semestre de este año.  La decisión política de la administración concluyó que era una obra de emergencia.

Cuando uno visita y conversa con las comunidades ribereñas del río, se da cuenta de que para esta gente la carretera es una buena noticia. Ahora ellos pueden movilizarse a los centros de salud con mucho más facilidad y agilidad. Desde su punto de vista, si había urgencia de la obra.