Charles Springer, director de la Oficina Antidrogas Estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) en Costa Rica, calificó de “ridícula y sin fundamento” la denuncia de un funcionario de la Policía de Control Fiscal (PCF), que provocó una investigación a lo interno del Ministerio de Hacienda para determinar el origen de $20.000.
Dicho monto fue suministrado por el DEA y dispuesto de manera personal por María Cecilia Mesén, jefa de la división de inteligencia de la PCF, y el cual se empleó en la compra de equipo para oficina y en la remodelación de una oficina, como parte del Programa Control de Contenedores (PCC), de lo cual informó este Semanario en la edición anterior (No. 1928, “Funcionaria de Control Fiscal administró fondos provenientes del DEA”).
En la indagación de Hacienda, el director de la agencia estadounidense fue interrogado mediante correo electrónico por la abogada Marianella Hernández Campos, entre mayo y junio de 2011.
Lo anterior provocó la molestia del funcionario del DEA, la cual quedó registrada en el expediente final de la auditoría interna del ministerio, en donde Springer aseguró que la denuncia surgió de un funcionario de la PCF “descontento” y de “posible mala conducta”.
 
Springer dejó entrever que las investigaciones por el contrario deberían ir encaminadas en contra de este empleado, “ya que sus acciones podrían causar daños a un gran trabajo y relación profesional”, puntualizó el director del DEA en Costa Rica.
Por el contrario, el viceministro de Ingreso, Rowland Espinoza, calificó al funcionario de la PCF -que detectó la anomalía y la denunció-, como un trabajador valiente y honrado que cumplió con su deber.
Para el secretario de conflictos de la seccional Hacienda de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Hernán Caamaño, el hecho de que de l DEA no vea nada malo en entregar dinero sin control o registro alguno, no los exime de cumplir con la legislación nacional.
Caamaño asegura que “no es conveniente” que esa oficina estadounidense ofrezca dinero a los diferentes cuerpos policiales de la manera en que lo ha venido haciendo. “Se hacen y deshacen con esas platas, y evidentemente el Gobierno no tiene conocimiento de su ingreso”, enfatizó el representante de ANEP.
DONACIONES POR LA LIBRE
Funcionarios de la Policía de Control Fiscal que conversaron con UNIVERSIDAD,  consideran que este tipo de donativos podrían ser vistos como una manera de lavar dinero, ya que se están incumpliendo los controles establecidos en la legislación.
Aunque el director de la agencia antidrogas estadounidense en Costa Rica asegura que el dinero es dado como cualquier otro financiamiento que brindan embajadas extranjeras en nuestro país, que buscan el fortalecimiento de programas como el de Control de Contenedores, desarrollado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC).
Esta afirmación fue criticada por el representante de la seccional ANEP-Hacienda, Hernán Caamaño, quien cuestionó que “la DEA en ningún momento reporta los dineros que otorga, como sí lo hacen otros gobiernos en este país”.
Caamaño también estima que el silencio de la embajada de Estados Unidos sobre el presupuesto con que cuentan para financiar proyectos en el país, podría revelar que esos dineros aportados por el DEA provienen de manera “ilegítima”.
Cabe mencionar que tanto el viceministro de Ingreso, como el director de la PCF,  confirmaron que el DEA no forma parte de los donantes de UNDOC, por lo que el representante de ANEP-Hacienda, asevera que en este caso específico se ha generado una “intromisión indebida”.
Una intromisión como esta en otros países ha sido muy dañina, según Caamaño, y puso de ejemplo el caso en Bolivia en que el presidente Evo Morales expulsó -en el 2008- a los 35 agentes del DEA presentes en ese país sudamericano.
AMENAZAN CON RETIRAR FONDOS
En reiteradas ocasiones, Charles Springer señaló respecto al mencionado caso, que si no se deseaba el apoyo de la agencia estadounidense “se le hiciera saber”.
José Manuel Gómez, de la seccional ANEP-Hacienda, piensa que la DEA debería cumplir esa amenaza y “dejar de entregar dineros como lo ha estado haciendo, hasta que no se apeguen a las normativas costarricenses”.
De acuerdo con Springer el aporte de la agencia antidrogas es fundamental, y lo posiciona como un “importante aliado” en la lucha contra el narcotráfico; es por eso que se pregunta: “¿cómo entender y apreciar la supervisión que le están dando al uso de las donaciones de su país?”.
El representante del gobierno de Estados Unidos calificó de “muy buenas” las relaciones mantenidas con las autoridades del país, en donde -según él- la misma presidenta Laura Chinchilla les ha solicitado mayor financiamiento.
También Springer defendió la labor que realiza el director de la PCF, Luis Alonso Bonilla, del que manifestó tener plena confianza, por lo que fue enfático al considerar que las denuncias lo que buscan “es tirar tierra sobre un hombre honrado y comprometido”.
Mientras el DEA sostiene que su ayuda es imprescindible para el país -y en la cual afirman invertir millones de dólares-, la embajada estadounidense adeuda actualmente a la Caja Costarricense de Seguro Social ¢187.624.298.00, por concepto de cuotas obrero patronales, según lo dio a conocer Roberto Mora, quien realiza estudios sobre la condición de morosidad de los patronos ante esa institución.
Pese a que se intentó obtener respuesta de la embajada de Estados Unidos sobre lo manifestado por Springer, la encargada de prensa nos aseguró que buscaría sus reacciones, sin que a la hora del cierre de edición haya dado respuesta.
Ante todos estos cuestionamientos, la seccional ANEP-Hacienda tramita una denuncia penal en contra del director de la Policía de Control Fiscal y otros funcionarios relacionados con este caso, a pesar de que ya fueron eximidos de toda responsabilidad por la auditoría interna de Hacienda.
En este sentido, Hernán Caamaño es del criterio que “si no se cumplen los requisitos de ley, esto se convierte en un dádiva de $20.000, y de la cual la Administración es la responsable”.
 

 
Policía Fiscal trabaja en detección de droga

“El director de la PCF le da prioridad a los trabajos enfocados en detección de droga”, aseguró uno de los funcionarios de Control Fiscal que denunciaron ante UNIVERSIDAD lo que sucede en esta institución.
Recalcaron que mientras el país atraviesa una difícil situación financiera, que provoca que se impulse un proyecto de ley que pretende mayor recaudación de impuestos; la institución encargada por velar por las finanzas públicas redirecciona su trabajo hacia otros temas.

Los trabajadores de Control Fiscal atribuyeron responsabilidad directa al Ministerio de Hacienda, al considerar que el ministro no se preocupa lo suficiente sobre la labor que cumplen; “deberíamos ser la policía más importante de este país, porque es la que recauda los dineros del Estado”, reclamaron.

Además, aseguran que desde hace un tiempo solamente han recibido capacitación relacionada con la detección de drogas; “si bien es cierto que toda capacitación es buena, no hemos recibido un curso de materia fiscal”.

Alegan que el único interesado en que la PCF realice este tipo de trabajos es el DEA, ya que solamente se revisan los contenedores que saldrían del país rumbo a Estados Unidos.

No obstante, Carlos Alvarado, director del Instituto Costarricense sobre Drogas,  defendió la importancia de que la PCF se integre en el Programa Control de Contenedores, al asegurar que no solamente se trata el tema de tráfico de drogas, sino que también abarca las operaciones fraudulentas de contrabando con mercancías, armas, personas, entre otros.

Alvarado detalló que solamente cinco funcionarios de Control Fiscal están en el programa, por lo que “ellos siguen haciendo decomisos de mercaderías”.