La mandataria Laura Chinchilla respondió, en una extensa carta, a un emplazamiento hecho el 16 de diciembre por el Frente Nacional por la Protección de los Humedales, en el que la organización expresó serias preocupaciones por el impacto ambiental que estaría causando la construcción  de la trocha proyectada para 160 kilómetros, gran parte de la cual corre paralela al limítrofe río San Juan.
Mientras tanto, la Corte Centroamericana de Justicia, cuya jurisdicción no es reconocida por Costa Rica, inició a partir de este lunes un período de diez días de recopilación de pruebas, para conocer el sustento de una demanda interpuesta por Nicaragua contra el Estado costarricense, por  presuntos daños ambientales en el San Juan.
Una misión de magistrados de la instancia regional recorrió el río el pasado jueves 12 en una lancha, junto a un equipo de periodistas nicaragüenses, desde donde observaron los trabajos que se realizan en territorio costarricense.
La presidenta Chinchilla explicó al Frente por los Humedales las razones que según el Gobierno, lo obligaron a cobijar mediante un decreto de emergencia la construcción de la vía en la frontera norte (ver recuadro “Vicecanciller Carlos Roverssi: Era urgente construir la vía”).
 
La violación a la soberanía nacional, con la invasión a isla Calero en octubre del 2010, y los obstáculos impuestos por Nicaragua a la libre navegación en el San Juan, fueron los dos principales argumentos utilizados por la mandataria para explicar a los ambientalistas la necesidad de construir la trocha en la frontera norte.
Además de la carta, la Presidenta presentó un plan preliminar de mitigación elaborado por el Ministerio del Ambiente Energía y Telecomunicaciones (MINAET), para enfrentar eventuales daños ambientales que se hayan producido en la zona.
Es la primera vez, desde que arrancó la construcción de la carretera a mediados del año pasado, que el Gobierno presenta un plan dirigido a minimizar el impacto ambiental provocado por esos trabajos.
En Nicaragua, la organización ambientalista Foro Nacional de Reciclaje (FONARE), cuyo presidente es Kamilo Lara, dijo que la respuesta de la mandataria al Frente Nacional por los Humedales sólo pretende “maquillar” los “graves daños ambientales”,  que según el vecino país ha causado Costa Rica en el San Juan (ver recuadro “El ambiente no tiene fronteras, dice  el FONARE”).
Para el FONARE, los daños sólo pueden apreciarse en su total magnitud desde el lado nicaragüense, y por eso suministró fotografías captadas desde el territorio vecino, en las  que se aprecian desplazamientos de tierras hacia el río, debido a la apertura del camino.
El plan preliminar de mitigación presentado por el Gobierno contempla la siembra de árboles para sustituir los que fueron talados, monitoreos de especies de fauna que pudieran haber resultado afectadas, remediación de suelos, restauración ambiental y cierre técnico de canteras utilizadas para la extracción de material, construcción de alcantarillas para garantizar el libre paso de los cuerpos de agua y protección del humedal de Medio Queso, entre otras acciones.
Las medidas están siendo analizadas con lupa por organizaciones ambientalistas, como las que integran el Frente Nacional por la Protección de los Humedales, grupo al que la mandataria invitó a participar en el programa de  mitigación. La principal preocupación de esta organización es que el plan realmente se aplique y no se quede en el papel.
“Vamos a estar vigilantes”, dijeron portavoces de la organización no gubernamental, consultados por UNIVERSIDAD.
“Me alegra mucho que haya respondido. Por lo menos demuestra que algo hemos hecho y no es tan malo, para que se tomara el tiempo y diera respuesta. Lo importante es que se admita que hay una situación que hay que atender, y que esos impactos, independientemente de quien los haya hecho, hay que atenderlos”, dijo a este Semanario Bernardo Aguilar, director ejecutivo de la Fundación Neotrópica.
Aguilar no se explica las razones de por qué el plan no se presentó antes. “Por lo menos lo están sacando ahora y es un compromiso que está asumiendo (el Gobierno). Estamos anuentes a participar, pero también a vigilar para que se cumpla”, indicó.
Por su parte, el presidente de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS), Gino Biamonte, dijo comprender las razones esgrimidas por Chinchilla para construir la obra bajo el paraguas de una emergencia.
“Ahora hay que ver la ejecución y el seguimiento del plan de contingencia. El papel aguanta  lo que le pongan”, dijo Biamonte.
Mientras tanto, el director de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica UCR), Gustavo Gutiérrez, agradeció la atención prestada por la Mandataria a la carta dirigida por el Frente.
Pero, destacó dos aspectos: “Parece que no estaban preparados ante una serie de puntos que emitimos (en la carta) y, por otra parte, nos reta a la participación como sociedad civil. Aceptamos el reto y esto implica que vigilaremos el avance en la implementación”, advirtió Gutiérrez en declaraciones a UNIVERSIDAD.
Por su parte, Ingrid Molina, coordinadora de asuntos ambientales de la Federación de Estudiantes de la UCR, insistió en que la vía pudo ser construida sin necesidad de decretar una emergencia.
“Por lo dicho por la Presidenta, se desprende que era una necesidad de los pobladores de la zona, aislados y olvidados, y no sólo por lo que hizo el gobierno de Nicaragua”, señaló.
Sobre el plan, comentó que “el problema es que a veces estos (los planes) no se cumplen a cabalidad. Esto nos deja intranquilos”.
El biólogo Freddy Pacheco se mostró satisfecho con el plan, y dijo que lo importante es que se ha reconocido que hubo afectación al ambiente, como ocurre con toda acción humana. “Ahora hay que esperar que se aplique”, agregó.
Por su parte, Nicolás Boeglin, profesor de derecho de la UCR, consideró que la elaboración del plan, luego del reclamo de los grupos ambientalistas en diciembre, “evidencia cierta precipitación” por parte del MINAET.
A su parecer, sería bueno conocer cuántos de los 140 kilómetros de la carretera que corre paralela al río están a 50 metros de la ribera, contemplados en el diseño original del trazado, distancia que en algunos casos -por diversos factores- no se respetó al pie de la letra, según se desprende de la explicación dada por las autoridades ambientales costarricenses al Frente por los Humedales.
“El problema de esta carretera, ahora llamada oficialmente “camino”, es que pareciera consistir en dejar expuestas grandes cantidades de tierra y material a la intemperie, sin ningún tipo de carpeta asfáltica o algún tipo de cobertura que la proteja de la erosión”;  “tampoco se han visto canales de drenaje previstos a lo largo de la obra y el documento del MINAET reconoce que el CONAVI no los ha realizado. Por los niveles de precipitación y la fragilidad de los suelos y la densidad hídrica que va al río, podría debilitarse en algunos lugares la margen derecha costarricense”, alertó Boeglin.
Además, reclamó que no se logra encontrar una explicación técnica que justificara la necesidad de aproximar las excavaciones muy cerca del San Juan, “a sabiendas de lo sensible que es el vecino país sobre este tema”.
Mauricio Álvarez, de Kioscos Ambientales de la Universidad de Costa Rica, dijo que lo más importante, y grave a la vez, “es que se acepta que hubo impactos, por la falta de planificación. Es como decir, hacemos la torta y después la pagamos”, reprochó.
Por otro lado, el geólogo y experto ambientalista Allan Astorga expuso que el Gobierno ofreció una explicación jurídica sobre su actuación en este caso. Sobre el plan, aseveró que se trata de una versión preliminar, que posiblemente pueda ser revisada y mejorada.
 

 
Vicecanciller Carlos Roverssi:

Era urgente hacer esta obra

El vicecanciller Carlos Roverssi dijo a UNIVERSIDAD que dadas las circunstancias era “urgente” construir la trocha paralela al río San Juan bajo los criterios que se utilizaron.
Aseguró que desde un inicio “establecimos mecanismos” para elaborar planes de mitigación, en aquellas zonas donde efectivamente tuviéramos que afectar algunos sitios ambientales”.

“La idea, incluso ahora, es repoblar de árboles áreas que ya estaban impactadas”. Hemos tratado de dar una señal a los ambientalistas, esperamos que nos acompañen”, afirmó.
 

 
El ambiente no tiene fronteras, dice el FONARE

“La defensa del ambiente no tiene fronteras”, dijo vía telefónica a UNIVERSIDAD, Kamilo Lara, presidente del Foro Nacional de Reciclaje, organización no gubernamental nicaragüense que ha encabezado denuncias sobre los presuntos daños ambientales atribuidos por Nicaragua a Costa Rica con la construcción de la vía paralela al San Juan.
Lara, quien suministró fotografías captadas por él, según dijo, desde territorio de su país, denunció que los “daños” son muy “graves”.

“No desconozco el derecho soberano de Costa Rica de realizar una carretera en su territorio, pero sin causar daños en el nuestro”, dijo el ambientalista.

Lara aseguró además que familias que vivían en el lugar donde pasa la trocha han sido desalojadas de sus terrenos.

“El plan de mitigación anunciado por la presidenta Chinchilla es sólo un maquillaje para ocultar los daños ambientales en el San Juan”, criticó Lara, quien aseguró que el alcance del impacto por la construcción de la ruta es mucho más visible desde el río y desde el aire.

El líder ambientalista nicaragüense cree que ambos países deben dejar de lado consideraciones de orden político y abocarse a proteger y conservar, en forma conjunta, la cuenca del San Juan.

“No se trata de difamar a nadie, ni a Costa Rica -somos pueblos hermanos-, sino de defender el ambiente, porque éste no tiene fronteras”, insistió Lara.

La ruta paralela al San Juan mantiene crispadas aún más las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua, en avanzado deterioro desde octubre del 2010, cuando el gobierno costarricense denunció que el vecino país invadió el territorio fronterizo de isla Calero-isla Los Portillos, donde construyó un canal artificial para desviar las aguas del San Juan, como parte de un proyecto de dragado de la vía acuática.

Tras la incursión de tropas nicaragüenses en el sector fronterizo, Costa Rica demandó a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya –Holanda-, acusándola de provocar además graves daños ambientales en el humedal ubicado en el área ahora en disputa.

Debido a los obstáculos a la libre navegación puestos por Nicaragua y a la necesidad de movilización de su policía en la frontera norte, el Gobierno decidió construir la vía paralela al San Juan, en el marco de un plan para llevar desarrollo económico y social a los olvidados pobladores de las zonas limítrofes.

Tras el inicio de la construcción de la trocha, el presidente Daniel Ortega acusó a Costa Rica de cometer un “grave crimen” contra la naturaleza y contraatacó elevando el caso ante la CIJ.

Es la tercera vez, en los últimos siete años, que los dos países acuden a la Corte de La Haya para dirimir diferencias fronterizas, en todas las cuales, el San Juan siempre ha estado presente.