Los humedales de importancia internacional que tiene Costa Rica, y que están inscritos como sitios protegidos por la Convención Ramsar, sobreviven a pesar de la poca vigilancia y los escasos recursos que destina el Estado para su conservación.
Así lo señala el documento “Informe de los resultados de la auditoría operativa acerca del cumplimiento por parte del Estado de las medidas de protección y conservación de los humedales de importancia internacional (Convención Ramsar)”, elaborado por la Contraloría General de la República.
 Escaso personal para vigilancia, instalaciones inadecuadas, desconocimiento de la Convención Ramsar, son parte de las condiciones que han hecho que sitios de gran importancia como Caño Negro y el humedal Térraba-Sierpe sufran de contaminación, pérdida de cobertura vegetal y amenaza por parte de actividades agropecuarias en zonas no aptas.
El informe de la Contraloría señala que en Costa Rica hay identificados 350 sitios de humedales, de los cuales doce son protegidos por la Convención Ramsar, la cual fue ratificada por el país en 1991.
En el estudio se realizó un análisis foto-interpretativo de los humedales Palo Verde, Caño Negro y Térraba-Sierpe, para determinar el grado de pérdida de la cobertura vegetal y boscosa por medio de la comparación de fotografías aéreas en distintos momentos.
Este análisis arrojó como resultado que en el caso del Refugio Caño Negro, entre 1988 y 2005, se perdiera una cobertura de 87 hectáreas, lo que corresponde a poco menos del 1% de las 9.969 hectáreas que conforman el área protegida, aunque no deja de ser una cantidad importante.
Las fotografías del Instituto Geográfico Nacional muestran que los principales focos de deterioro en Caño Negro se muestran en los sectores suroeste y noreste del refugio, y se debe a la extensión de pastizales y cultivos agrícolas.
En el caso de  Térraba-Sierpe el análisis del periodo entre 1984 y 2005 muestra que la pérdida de cobertura del humedal es de 766 hectáreas (el equivalente a 10 veces el parque La Sabana), de las cuales 179 se han perdido entre 1997 y 2005, es decir, después de su designación como sitio Ramsar.
En contraste, el humedal de Palo Verde muestra una importante recuperación vegetal, pues entre 1979 y 2005 recuperó cobertura boscosa en 3.405 hectáreas, lo que representa un 13% de su territorio actual.
Pese a este dato positivo, la Contraloría señala que se ubicaron zonas en Palo Verde donde se detectó degradación de la cobertura natural por usos de suelo no apropiados para la zona, como pastizales, cultivos, salinas y maricultura.
CONTAMINACIÓN
En el estudio se hizo también un análisis de 16 muestras de suelo alrededor de los refugios Caño Negro y Térraba-Sierpe,  donde se encontró que quince de los puntos son zonas de baja fertilidad, drenaje nulo y con riesgo de inundación, pese a lo cual se están desarrollando plantaciones de cítricos, piñas, caña de azúcar, arroz, raíces y tubérculos.
La Contraloría recuerda que es obligación del Estado proteger los humedales estén o no dentro de un refugio o parque nacional, por lo que pide la intervención del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) en la regulación de las actividades aledañas a los humedales.
“El administrador del Humedal Nacional Térraba-Sierpe es del criterio que el área de protección de este sitio Ramsar debería ser aproximadamente 50.000 hectáreas, o sea una superficie casi el doble de territorio que tiene actualmente”, indicó la Contraloría.
Respecto de la calidad del agua de estos humedales, la Contraloría encontró que en Caño Negro se registran varios puntos con alta contaminación fecal, mientras que la laguna principal tiene un nivel moderado de contaminación causada por las aguas que depositan los ríos Frío Viejo, Frío, y el Mónico.
En Palo Verde la contaminación fecal es muy leve, por lo que su agua es apta para otros usos, mientras que en Térraba-Sierpe en la cuenca media la contaminación fecal es alta, pero en su desembocadura presenta un nivel leve, lo que muestra la capacidad de depuración biológica que tiene ese humedal.
En lo que respecta de la contaminación por químicos, la Contraloría no encontró presencia importante de estas sustancias.
DÉBIL GESTIÓN
Entre los problemas de gestión encontrados, el ente contralor determinó que hay una ausencia de normativa operativa para implementar la Convención Ramsar en el país, e inclusive, se detectó un desconocimiento generalizado en las Áreas de Conservación sobre este convenio internacional.
En cuanto a planes de manejo de los humedales, se encontró que Palo Verde y Caño Negro están en proceso de elaboración de uno, mientras que el de Térraba-Sierpe está a la espera de recibir aprobación.
La Contraloría determinó que en estos refugios  se carece del personal profesional, técnico y operativo necesario para la adecuada protección de estos sitios, así como la falta de instalaciones adecuadas y equipos para realizar la vigilancia, como es el caso de Térraba-Sierpe.
 “Para proteger y vigilar más de 25.000 mil hectáreas que componen todo el humedal, se cuenta con dos funcionarios. Además, por las condiciones geográficas del sitio, las tareas de control y vigilancia deben realizarse por vía marítima-pluvial, y la única lancha con que se cuenta estuvo en mal estado por más de siete meses”, indica el informe.
UNIVERSIDAD intentó conocer el criterio del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones sobre los resultados de este informe, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Mauricio Álvarez: “Los humedales no son prioridad para el Estado”
Mauricio Álvarez, del programa Kioscos Ambientales de la Universidad de Costa Rica (UCR), opinó que el informe de la Contraloría General de la República deja en evidencia la poca importancia que da el Estado costarricense a la protección de sus humedales.
Álvarez señaló que el Estado ha venido impulsando políticas que son contrarias a la protección de los humedales, como es el desarrollo de megaproyectos turísticos y la construcción de carreteras en zonas de alta fragilidad.
“Eso lo vimos ahora con la construcción de la carretera fronteriza, donde pese a que el canciller ha dicho que la carretera no pasa por un humedal, estaban atravesando el humedal Medio Queso, y tuvieron que detener las obras en ese punto”, comentó Álvarez.
El ambientalista señaló que pese a que la Contraloría no encontró químicos en su muestreo de las zonas de los humedales protegidos, actualmente se trabaja en un proyecto con el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED) para realizar un muestreo que tenga validez científica, con muestras en distintos puntos y épocas del año.
Álvarez criticó la poca capacidad que ha mostrado el Estado para generar políticas efectivas de protección a los humedales.

Bernardo Aguilar: “Los humedales son más que isla Calero”
Bernardo Aguilar, integrante del Frente Nacional por la Protección de los Humedales y de la Fundación Neotrópica, aseguró que el país tiene mucho trabajo pendiente en el tema de humedales, que va más allá del conflicto con Nicaragua por isla Calero.
Para Aguilar, es importante que Costa Rica ponga atención a sus sitios Ramsar para que su discurso ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya sea congruente; y se manifestó preocupado por la situación de aquellos humedales que no están dentro de un área protegida.
“En el caso de aquellos que no tienen declaratoria de área protegida, el reto es mayor porque el SINAC tiene que trabajar en esos humedales en condiciones presupuestarias todavía más exiguas. Eso a lo que llama es que en Costa Rica dejemos de ver la conservación que es solo del Estado, que metamos también al sector privado y a las comunidades”, comentó Aguilar.
El ambientalista expresó que la preocupación por las amenazas que sufren los humedales son distintas en cada zona, puesto que existen sitios que no son Ramsar, y que tienen una gran importancia ambiental y social.
“A mí me preocupa, por ejemplo, el caso del humedal de Puntarenas y las camaroneras que operan ahí. Es una de las reservas más importantes de Costa Rica, donde hay que lidiar con la pesca de camarón, los cambios de uso de suelo y un crecimiento de zonas urbano-marginales, que se han comido el humedal”, declaró.
Para Aguilar también es clara la falta de capacidad que tiene el Estado para monitorear y proteger las grandes extensiones de los refugios.