Lejos de contribuir a apaciguar los ánimos y enfriar el conflicto que desde hace más de un  año enfrenta a Costa Rica y a Nicaragua por problemas limítrofes, la acogida que dio  la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) a una acusación de grupos ambientalistas nicaragüenses, se ha convertido en  un nuevo factor de tensión en  las ya de por sí deterioradas relaciones entre San José y Managua.
El enfrentamiento entre ambos países ocurre desde octubre del 2010, cuando tropas de Nicaragua ocuparon el sector fronterizo costarricense de isla Calero-Los Portillos.
Motivada por la acción nicaragüense, más una serie de obstáculos interpuestos a la libre navegación por el río San Juan, Costa Rica optó por buscar alternativas para abastecer los poblados fronterizos y decidió construir una carretera rústica de 160 kilómetros, gran parte de la cual corre paralela a la mencionada vía fluvial.
Dos organizaciones ambientalistas nicaragüenses alegan que la apertura de la trocha provoca “graves daños ambientales” en la cuenca binacional y por eso interpusieron un recurso ante la citada corte regional, que nació al amparo de los acuerdos centroamericanos de paz, y cuya jurisdicción no es reconocida por el Estado costarricense.  
Pese a que Costa Rica no está adscrita al organismo, la CCJ emitió a golpe de tambor -el 17 de enero- una orden dirigida a suspender las obras, la cual fue de inmediato rechazada por la cancillería nacional.
La intromisión del tribunal, con  claros ribetes de parcialización hacia Nicaragua, según denuncia el Gobierno, podría afectar el proceso de integración y unidad centroamericana y empañar la imagen de la región ante instancias internacionales, como la Unión Europea, estiman varios analistas consultados por UNIVERSIDAD  (ver recuadro “Politólogo Luis Guillermo Solís: La CCJ es un organismo irrelevante”).
Tanto la invasión a isla Calero, como los reclamos nicaragüenses sobre supuestos daños ambientales en el San Juan, se ventilan en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, Holanda.
Para el profesor en derecho de la Universidad de Costa Rica Nicolás Boeglin,  la orden de la CCJ podría ser una estrategia (de Nicaragua) para contrarrestar ante la Corte de La Haya la demanda de Costa Rica, por los daños ocasionados por el vecino país en isla Calero.
“Posiblemente leamos en los argumentos de Nicaragua en este nuevo caso, algunas alusiones a la demanda planteada ante la CCJ y a la actitud reiterada de Costa Rica de no discutir el asunto (ante ese organismo) ni ante ninguna instancia, como tampoco en el plano bilateral, pese a la insistencia de Managua. Todo en aras de desprestigiar a Costa Rica en La Haya ante sus 15 magistrados”, dijo Boeglin.
“La orden de la CCJ viene a incrementar el problema entre los dos países, con algo que no tiene pies ni cabeza. Es groseramente evidente que los jueces (de la corte) desconocieron un punto central: no pueden obligar a Costa Rica a acatar la ordenanza”, comentó  el abogado ambientalista Álvaro Sagot.
“Si no somos ni siquiera parte, no tiene sentido que ellos impongan medidas cautelares”, alegó por su parte el exministro de Seguridad Pública, Fernando Berrocal.
No obstante, dijo que le preocupa que la posición de la CCJ dé pie a pretextos para una nueva incursión de Nicaragua en Costa Rica.
“Me preocupa que sea una nueva estrategia para una nueva violación a nuestro territorio. El Ministerio de Seguridad Pública debe estar atento y adoptar medidas ante cualquier eventualidad”, advirtió Berrocal a UNIVERSIDAD.
El exministro, al igual que Solís y el vicecanciller Carlos Roverssi, no ocultaron su inquietud por el deterioro de la imagen de Centroamérica ante el mundo, debido a estos roces entre Costa Rica y Nicaragua.
“De cara a Europa y otros lados del mundo, quedamos muy mal los centroamericanos”, indicó (ver recuadro “Vicecanciller: Costa Rica emprenderá ofensiva aclaratoria”).
Las diferencias, primero por la invasión a isla Calero, y ahora por la construcción de la carretera fronteriza, se mantienen vivas y sin visos de solución en el corto plazo.
Costa Rica insiste en que no hay posibilidades de un diálogo directo de alto nivel mientras Nicaragua mantenga su actitud “agresiva”; entretanto, el presidente Daniel Ortega lanzó -el 20 de enero- un llamado a la presidenta Chinchilla, a “conversar” sobre el tema de la trocha fronteriza.
Para el geógrafo Carlos Granados, los presuntos daños ambientales causados en el San Juan reclamados ahora por Nicaragua, “son cualquier cosa, comparados con todo lo que ocurre en la zona norte costarricense y del otro lado de la frontera”.
“Hay prácticas ambientales muy dañinas tanto en Costa Rica como en Nicaragua”, denunció Granados, y alertó que con la construcción de la ruta en la frontera norte, “deben haber sectores que están frotándose las manos a ambos lados del río: la gente que trabaja con la piña, la naranja, fuertes empresarios turísticos; esos son los verdaderos grandes ganadores”, aseguró.
“La carretera se construye en una franja inalienable; pronto habrá presiones para reducir esa franja, porque esa vía engarzará con otra que viene de Nicaragua, donde se construye el puente en Tablillas. Esto luce de maravilla para los grandes intereses”, añadió.

Politólogo Luis Guillermo Solís: La CCJ es un organismo irrelevante
El politólogo Luis Guillermo Solís opinó que la Corte Centroamericana de Justicia es un organismo “irrelevante, burocrático parcializado” y “con más ribetes políticos que jurídicos”.
“Hay que recordar que la Corte está integrada por magistrados designados por las propias cortes de justicia nacionales, y en el caso de las cortes de los países que son miembros, se trata de nombramientos políticos.  Son cortes muy vulnerables a las opiniones de los gobiernos, porque sus magistrados responden a las visiones y perspectivas de estos”, explicó Solís a UNIVERSIDAD.
En este sentido, criticó que en el caso de los magistrados nicaragüenses ante la CCJ, esto es más evidente,  porque su designación surge del pacto entre liberales y sandinistas. “Es una corte cuyos jueces tienen un punto de vista político y son altamente vulnerables a las expresiones de los Estados”, puntualizó.
La CCJ  “es un organismo irrelevante en la vida centroamericana de la integración. Existe, cuesta, tiene su estructura; pero, no existe como una corte que genere derecho comunitario, como ocurre con la Corte Europea de Justicia”, aclaró.
En el caso de la carretera, Solís advirtió que la CCJ “atiza el conflicto, porque es una corte que se parcializa, aunque para el exterior puede ser que luzca como si fuera una gran entidad tutelar de la integración regional. El gobierno debe apresurarse a hacer las aclaraciones correspondientes”, expresó.

Vicecanciller:
Costa Rica emprenderá ofensiva aclaratoria
El vicecanciller Carlos Roverssi anunció a UNIVERSIDAD que el Ministerio de Relaciones Exteriores lanzará en los próximos días una ofensiva internacional para aclarar los alcances de la Corte Centroamericana de Justicia y la inaplicabilidad -para Costa Rica- de sus resoluciones y fallos.
Roverssi insistió en que Costa Rica no tiene por qué acatar la orden emitida por el tribunal, pues no es parte del organismo.
“Lamentablemente, para nosotros cada vez es más lejana la posibilidad de adherirnos a estas instancias regionales, por las condiciones en que operan. Costa Rica ha tomado la decisión de proponer (al Sistema de Integración Centroamericana) una reforma sustancial a la corte y al Parlamento Centroamericano, para buscar una transformación y que respondan así  a cabalidad al espíritu de la institucionalidad regional”, informó el Vicecanciller.