Costa Rica denunciará ante el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) la actitud «parcializada» y el «exceso en sus atribuciones» de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), que hace una semana le ordenó la suspensión de la construcción de una carretera en territorio costarricense, paralela al fronterizo río San Juan de Nicaragua.
Así lo anunció hoy en un encuentro con un grupo de corresponsales de prensa extranjera -al que UNIVERSIDAD tuvo acceso-, el canciller Enrique Castillo, quien explicó que la ofensiva diplomática arrancará esta misma semana, con una visita al presidente de Honduras, Porfirio Lobo.
Castillo advirtió que la CCJ, cuya jurisdicción no es reconocida por Costa Rica, se «ha excedido» en sus atribuciones al acoger una denuncia de organizaciones nicaragüenses -a las que calificó de «títeres» y «pseudoambientalistas»-, por supuestos daños ambientales ocurridos en la cuenca del San Juan con la construcción de la mencionada vía.
La CCJ, cuya sede está en Nicaragua, emitió el martes de la semana pasada una orden a Costa Rica -que la desconoció-, para que suspenda la construcción de la obra, de 160 kilómetros de extensión y de los cuales, un tramo de unos 120 kilómetros corre paralela al San Juan.
El gobierno nicaragüense acusó a Costa Rica de cometer un «crimen contra la naturaleza» y presentó una demanda contra este país en la Corte Internacional de Justicia en La Haya –Holanda-, que también conoce un proceso similar  elevado el año pasado por el Estado costarricense contra su vecina, a la que acusa de haber invadido una porción de su territorio y provocar un «ecocidio» en un humedal de interés internacional.
Según Castillo, la CCJ se ha prestado a una campaña de «difamación» lanzada por Nicaragua, con el tema de la trocha fronteriza, y advirtió que pedirá al SICA que adopte medidas «correctivas» contra el tribunal, al asegurar que este opera de forma irregular, al no contar con  el aval de más de la mitad de los países del sistema de integración.
Por ahora, sólo Nicaragua, Honduras y El Salvador aceptaron la jurisdicción de la Corte. Guatemala lo hizo luego, pero ni siquiera tiene jueces, dijo Castillo.
El canciller costarricense no descartó la posibilidad de que los países del SICA adopten medidas «correctivas» contra la Corte, incluso una posible suspensión temporal de sus actividades.
«No tiene quorum, ha venido operando indebidamente, algunos miembros no han ratificado su estatuto, está incompleta, renca y no debería estar funcionando», denunció.
Castillo criticó que la «actitud» de la CCJ «atenta contra la estabilidad e integrabilidad» del sistema regional de integración. Hablaremos con nuestros países hermanos para corregirla», añadió.
La Corte surgió hace dos décadas,  al alero de los acuerdos centroamericanos de paz, cuyo principal impulsor fue precisamente Costa Rica.