Analistas y políticos coinciden en que el manejo de los fondos de la campaña del Partido Liberación Nacional (PLN) evidencia una estructura concebida desde las altas jerarquías del comando liberacionista, para usar a su antojo los fondos estatales de la deuda política.
“La forma y la generalización del hecho, hace presumir que no es casualidad”, aseguró a UNIVERSIDAD, José Miguel Corrales, excandidato verdiblanco durante el proceso electoral de 1998.
Mientras tanto, el analista político Víctor Ramírez tildó lo sucedido como “un robo institucional, que violenta flagrantemente el espíritu no solo de la deuda política, sino del Código Electoral”.
Ramírez sostiene que el fin de todo esto era la “disposición de fondos discrecionales sin ningún control”.
Las aparentes irregularidades pasaron de ser un “problema local”, como lo calificó la presidenta Laura Chinchilla en su momento, para convertirse en un patrón anómalo que abarcó a 64 cantones del país, lo cual para Corrales “no es cosa de un solo dirigente, sino que estamos hablando de muchos, y en numerosos cantones”.
Sin embargo, el analista Ramírez no comparte esa visión, porque considera que la Presidenta se “resbaló”, al no haber tomado un segundo para consultarles a sus asesores antes de asegurar lo que dijo, teniendo luego que contradecirse.
El referido problema se presentó con el pago de 506 cheques por concepto de transporte, ya que según el denunciante Douglas Caamaño, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) habría cancelado más de ￠500 millones en deuda política a Liberación Nacional por este concepto, pero la mayoría de los documentos aportados para respaldar estos gastos presentaban irregularidades.
Según la denuncia, el mecanismo utilizado por el PLN durante la campaña, consistía en arrendar vehículos privados para fines proselitistas, pero con pagos a los transportistas por montos inferiores a lo estipulado en el contrato.
Por ejemplo, en algunos casos se firmaba un arreglo de alquiler del automotor por la suma de ¢500.000; sin embargo, al transportista solamente se le cancelaba ￠30.000; además los cheques en la mayoría de los casos eran cambiados en los bancos por colaboradores de la campaña verdiblanca, y no por la persona que aparecía a nombre del documento.
Es así como  las interrogantes sobre el destino del resto del dinero no han sido resueltas, a lo que Víctor Ramírez agregó que “ya sabremos muchos nombres de dirigentes, que al parecer también son muy buenos mensajeros”.
A su parecer, lo denunciado podría convertirse en un gran escándalo de corrupción política, por lo que ironizó que “lo bueno de todo esto, es lo malo que se está poniendo”.
Douglas Caamaño aclaró que su denuncia inicial iba dirigida hacia el mecanismo utilizado por el TSE para el pago de la deuda, al considerar que no se aplicó de igual manera al resto de los 39 partidos inscritos para las elecciones.
“El Tribunal recibe el paquete de liquidación del PLN, recibe la auditoría donde dicen que no se pueden pagar parte de la deuda; ellos aplican un sistema de muestreo, y aún así aprueban el pago por el 98% de los gastos”, mientras que otros partidos políticos no recibieron más del 60% de su deuda política, cuestionó Caamaño.
Al respecto, el politólogo Francisco Barahona tildó dicha acción como posibles “simpatías” en algunos funcionarios del TSE, pero aclaró que “una cosa es pensar y la otra es probar”.
AUDITORES SEÑALAN INCONSISTENCIAS
Para el contador público y exjerarca de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Leonel Fonseca, no hay excusa para que los cheques no fueran retirados por la persona a la que iba girado.
Fonseca fue enfático al indicar que el arrendador “es el único que puede recibir el monto total de lo establecido en el cheque y no una suma más pequeña”.
Isabel Cristina Arroyo, exdirectora de la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica y contadora pública, consideró todas estas denuncias como  “situaciones anormales”.
“Cuando se dan algunas características de manera sistemática, sí llaman la atención y no se pueden considerar que eso sea algo normal”, argumentó Arroyo.
Las justificaciones dadas hasta ahora por los exintegrantes del comando de campaña liberacionista no satisfacen al contador Leonel Fonseca, quien alega que aún falta más explicaciones “ante la realidad de los hechos; a muchos nos extraña la falta de explicación de quienes dirigieron la campaña”.
En este sentido, Isabel Cristina Arroyo opinó que habría que ver cuál es la justificante para una situación como esa.
Las denuncias en contra del partido gobernante provocan recelo sobre el resultado de las investigaciones que se llevan a cabo tanto en el Tribunal Supremo de Elecciones, como en la Fiscalía.
Douglas Caamaño, quien detectó los supuestos hechos anómalos, señaló su falta de confianza ante el trabajo que realizan estas instituciones. “No creo que el Tribunal haga una investigación donde diga que hicieron mal, y tampoco tengo mucha fe en la Fiscalía; la investigación se ha aletargado mucho”, acotó.
A criterio de los analistas, la primera consecuencia de este escándalo en que se ve envuelto el PLN, es la pérdida de credibilidad del sistema. José Miguel Corrales expresó que “estas cosas son las que el pueblo ve, y por las cuales luego se abstiene de participar en procesos electorales amañados, espurios”.
Entretanto, el analista Víctor Ramírez responsabilizó de todo lo sucedido al Tribunal, al cual llamó a dar la cara, pues “me parece que si  algo pone en la picota este escándalo, es al TSE”.
Francisco Barahona, por su lado, cree que lo grave del caso es el mal manejo de los dineros públicos, ya que “si fueran dineros privados podría haber otro desenlace”. Agregó que lo ocurrido desembocará en una apatía política, en vista de que  “los ciudadanos, muchos de los cuales ya están cansados, dan un paso atrás, y eso nos lleva a un debilitamiento de nuestra democracia”.
Hay que mencionar que los diputados acordaron incluir lo actuado por el PLN, en la comisión legislativa que investiga el manejo de los fondos de campaña del Movimiento Libertario.
Barahona lamentó que las decisiones que se tomen en esa comisión no sean vinculantes;  “eso es parte de nuestro sistema democrático-jurídico”, fustigó.
Asimismo, expuso que si bien es cierto al actual Fiscal General se le ha vinculado con el Partido Liberación Nacional, ahora tiene una “prueba en sus manos”, y “está por demostrar su independencia”.
URGEN REFORMAS
José Miguel Corrales aseveró que ha ofrecido soluciones al TSE para evitar que las irregularidades que ahora se denuncian se sigan presentando. Sin embargo, afirma que fueron rechazadas al ser consideradas por esa institución como inconstitucionales. “Conociendo el remedio, parece que se quisiera seguir con los vicios, y sin hacer nada; eso es lo más grave”, sostuvo.
En  opinión de Barahona, lo dado a conocer en relación con este caso, es una “campanada de alerta” para que los diputados de la Asamblea Legislativa tomen medidas de corrección de sus propios intereses.
“Los diputados han venido protegiendo a sus partidos otorgándoles impunidad; tienen que representar a la nación y no a sus partidos, como dice su juramento”, instó el politólogo.
Sobre lo anterior, Víctor Ramírez estima que lo mejor sería una reducción a la mitad del 0.19% del Producto Interno Bruto que se otorga actualmente en concepto de deuda política, para comprometer así a los partidos a limitar sus gastos.
“Pagamos los costarricenses mucha plata para que estas irregularidades sucedan; se trastoca totalmente el fin de una campaña electoral, que es elegir a los más aptos”, criticó Ramírez.