Quien inició el viaje de la bola de nieve monte abajo fue la exministra de Obras Públicas y Transportes Karla González. Su Nueva Ley del Tránsito se proponía transformar la cultura de los costarricenses. Aclaró luego que se refería solo al proceder de conductores y peatones. Pero ya la bola rodaba y subalternos y cronistas hicieron de la ocurrencia tópico: la ley cambiaría a los ticos. Final de la masacre en las calles. Nueva Era. La prensa idiota colaboró: le entró a un blanco fijo: los conductores borrachos. El Ministro actual no cita a González, pero difunde una versión degradada: sin penas descomunales los conductores no se corregirán jamás. Su parla añade folclor: si las multas no son altísimas, no se puede pagar policías ni la infraestructura que los sostiene. Si los conductores cambian, ¡no habrá dinero para controlar infracciones!
 
González hoy tiene prohibido ejercer cargos públicos. Pero su estilo “ocurrencial” vive. Viene otra ley (las anteriores naufragaron) a pautar la existencia de los ticos. Se traba en la Asamblea. Alguien no transa el tema de los ebrios. Cero tolerancia. Por supuesto, hay al menos dos tipos de conductores con trago: los que ocasionan accidentes con alcances varios y los que están bebidos pero no causan (por fortuna) daño alguno. Los segundos deberían tener sanciones preventivas (suspensión de licencia, multas, etc.) no acumulables. Reincidir atraería sanciones más fuertes. Para los primeros, que con seguridad están tipificados en códigos penales y civiles, sanciones drásticas. Si se pena ferozmente a todos por igual, se fomenta el lado más feble de la ley: las personas “bien” logran eludir la sanción. El punto convoca corrupción política y policial. La corrupción política (no por fuerza venal) se manifiesta hasta en telefonazos al Fiscal General. La policial monta mercado en calles y carreteras cada día.
Lo anterior es solo ejemplo de que una política pública no remite únicamente a una ley, por “buena” que sea (no es éste el caso), sino que compromete muchos frentes. Sin policía seleccionada con rigor, numerosa, informada y bien pagada, la ley no operará. Sin ciudadanos responsables, tampoco. Sin autoridades con espíritu republicano, menos. Costa Rica combina aquí fallas serias: policía escasa y de escogencia flaca, vagamente educada y mal pagada para sus exigencias. Los ciudadanos (motorizados o no) casi no existen. Están por ahí, pero sin peso estadístico. Importan más los intereses individuales o de grupo. El espíritu republicano entre los dirigentes (supondría, por ejemplo, diálogo constante y acuerdos entre grupos partidarios ‘por el bien del proyecto colectivo’), queda retratado con el ‘partido en el poder’: Aristas contra Figueristas y, en un rincón, entre agriados y asustados, Lauristas. Todos ellos con sus propias ávidas clientelas, a veces disputadas. Todo ‘acuerdo’ despierta recelos y mar de fondo, por insólito.
La cuestión remite a las dificultades que se dan en Costa Rica para gobernar. No a la ingobernabilidad, que es otra cosa. Los desafíos de gobernabilidad probablemente no se siguen de que existan varios partidos (estrictamente casi no existe ninguno), o que el reglamento de la Asamblea sea clientelar o que existan diputados ‘necios’. Ninguno de estos factores contribuye a la gobernabilidad. Pero ellos se expresan desde un suelo más básico: el recelo y frustración de los costarricenses ante los políticos y funcionarios públicos. Recelo y frustración provienen tanto de sectores que los “conocen” porque hacen algún tipo de “negocio” con ellos, como de los que los ven como un mundo aparte del que reciben, con suerte,  humores rancios y migajas. Estos malos sentimientos comprometían hace rato a la Caja Costarricense de Seguro Social, por ejemplo, y hoy tocan ya al Poder Judicial.
Lo patético es que políticos y funcionarios, y con ellos las instituciones que manejan, no resienten los sentimientos de la población. Estiman poder seguirle dando atolillo con el dedo como en los setenta. La saben desorganizada. Finquita de domesticados y, por ello, despreciables. Tres botones: el diputado Angulo, aferrado a su curul. La autosuficiencia de la dirección del Hospital de Niños ante el letal rendimiento de su equipo de cirujanos del corazón. El tufo que emiten los circuitos judiciales.
En este mundo deslegitimado, ninguna disposición legal “transformará” la cultura de los costarricenses. Hace falta otra cosa.