Entre las razones del abogado Emilio Arias para su renuncia como miembro de la junta directiva de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP), refiere sus demandas de austeridad y uso eficiente de los recursos, que no fueron escuchadas por la mayoría de la junta de cinco miembros, encabezada por el regulador general Dennis Meléndez.
A la administración pública debe llegar gente que esté consciente de que sus actuaciones deben estar apegadas al principio de legalidad, al principio de probidad y a la austeridad, principios por los que tuvo la mayor parte de las diferencias en la junta directiva, dijo Arias en entrevista con UNIVERSIDAD.
Ante el convencimiento de que “no  hay rumbo” en la institución y las propuestas para enderezar las cosas no se escuchaban lo mejor era renunciar, para salvar la responsabilidad de cara al futuro y llamar la atención sobre el modelo de regulación que se necesita en el país,  explicó.
 
Entendemos que una de las causas de su renuncia fue la negativa a la petición suya y de la también directiva María Lourdes Echandi (quien también renunció), para que se revisara la decisión de alquilar las nuevas oficinas de ARESEP en Multipark, Escazú, a un costo de ¢1.000 millones anuales, teniendo la institución edificio propio en La Sabana…
-En el caso mío, yo he venido alertando sobre la necesidad de acatar las directrices presidenciales (sobre austeridad y contención del gasto en las instituciones públicas), sobre el tema salarial y los alquileres, y eso no es otra cosa que alertar sobre la necesidad de hacer un uso eficiente de los recursos públicos.
Cuando ingresamos a la junta directiva (en el 2010) nos encontramos con que el  alquiler del edificio en Multipark era una decisión de la anterior directiva. La directora Echandi  y yo mocionamos para que la Contraloría General de la República (GGR) conociera el tema y se valora si efectivamente era necesario el alquiler, o si más  bien se debía hacer una remodelación del edificio propiedad de ARESEP (en La Sabana) y no se tuviera que pagar el alquiler. Pero no tuvimos apoyo en la junta directiva, siempre las votaciones se daban tres a dos.
¿Y la decisión de alquilar el edificio de la ARESEP al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) cómo se dio?
– A finales del 2010 la directiva tomó la decisión de hacer un estudio sobre el costo beneficio de mantener el edificio y cuáles eran las necesidades que tenía la institución. Se acordó que el regulador nombraría una comisión de funcionarios que determinara una solución al problema del edificio. Sin embargo, hasta el  27 de enero, cuando yo renuncio, no se había presentado nada claro de parte de esa comisión.
Cuando se le preguntó al regulador en una sesión, si había alguna decisión en cuanto a alquilarle el edificio al MEIC, dijo que no se había decidido nada, y eso consta en actas. Para sorpresa nuestra, en determinado momento se agenda el conocimiento del contrato ya firmado para que lo ratificara la junta directiva. Entonces él toma la decisión de firmar el contrato sin haberse hecho los estudios previos.
El tema se complica porque después de firmado el contrato, el MEIC hace remodelaciones del edificio, y no consta en los expedientes que la ARESEP haya dado permiso para hacer las remodelaciones. Hemos hecho las preguntas, que constan en actas, y las respuestas han sido que la firma del contrato es competencia del regulador. Y tenemos las consultas que han hecho los diputados sobre el tema, donde las repuestas que se les da son muy genéricas, de donde se puede deducir que no existen los permisos.
¿Para usted no hay justificación para que la ARESEP alquilara las nuevas oficinas?
-Mire,  cualquiera que vaya a ver se dará cuenta que el edificio de la ARESEP se encuentra en mejor estado si lo comparamos con otras oficinas públicas. Entonces, tener un edificio así y alquilar en otra parte yo no le encuentro razonabilidad frente a la situación del país, con el llamado a la austeridad que se hace.
No es razonable, cuando la institución tiene edificio propio, y cuando la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) podría alquilar aparte, cerca de la ARESEP, y que esta se mantenga en su edificio, y no como se dejó en un acuerdo (que tampoco se ha cumplido), de que se alquilaba porque las dos (oficinas reguladoras) iban a estar en un mismo edificio. Lo cierto es que se alquiló, pero no están en un mismo edificio, y aun así ese es uno de los argumentos que utilizan para decir que no se puede volver al edificio de la ARESEP.
¿Usted también manifestó desacuerdo con la política salarial de la ARESEP?
-Lo que existe es un desorden en la política salarial. Nuestra objeción va en el sentido de que los salarios deben aumentar conforme a las directrices presidenciales, de acatamiento obligatorio para la ARESEP según pronunciamiento de la CGR, las cuales establecen que no se puede crear nuevas plazas, ni llenar las que van quedando vacantes, y que debe haber una política de austeridad. Además no hay estudios hechos y entonces ¿con qué elementos se va a aplicar una política salarial? Se contrató un estudio que no es conforme con el artículo 54 y 71 de la ley 7593 de la ARESEP, porque se pide que se hagan comparaciones con la CGR, el Banco Central y bancos privados, pero la ley no dice eso. La ley establece que, en el caso de la ARESEP, se tendrá que definir los salarios conforme a los salarios de las empresas reguladas por la ARESEP.
Mientras tanto, los sueldos de los jerarcas se aumentaron…
-Ese es otro elemento relacionado con el tema de los salarios. Una vez que la Sala IV definió que el modelo de regulación permitía la existencia del comité de regulación, entonces uno se pregunta: si van a existir superintendencias (encargadas de la autorización de las tarifas), ¿cuál es la razón de que exista un regulador general, un regulador adjunto y un gerente general? El regulador general gana ¢5.5 millones, el adjunto ¢4,9 y el gerente general ¢4,4, o sea, que entre los tres casi ganan ¢15 millones al mes. Tanto más, si las funciones las cumplen los superintendentes que  van a nombrar, con ¢4,4 millones al mes cada uno, y son tres, más los de la SUTEL, que son otros tres.
En una institución que tiene alrededor de 200 empleados no se justifica tener puestos con ese nivel de salarios. No es posible que la austeridad sea solo para un sector de la población.
No obstante, los recursos de la ARESEP parecen abundantes…
-El canon que ARESEP cobra desde el 2006 ha venido en constante aumento (fue de ¢3.000 millones en el 2006 y va para ¢9.604 millones este año),  pero no se gasta ni el 50%. La subejecución presupuestaria anda entre 45 y el 50%, porque la ejecución de proyectos es bajísima, y lo que se gasta es en pagos administrativos y salarios.
El canon para el sostenimiento de la ARESEP lo pagan los costarricenses en las tarifas de agua, transporte público, combustibles y otros, y yo digo que no es posible que la institución siga con este nivel de canon si  no  lo gasta.
¿Qué pasa con lo que no se gasta?
-Se crea un superávit que, o se devuelve al sector regulado a futuro, o se hacen otros proyectos financiados con ese superávit. Lo que pasa es que si a usted le cobran la gasolina hoy, no le pueden venir a decir que se lo van a devolver dentro de dos años. En la práctica el costarricense está pagando un aumento de los cánones.
María Lourdes y yo nos opusimos el año pasado a la creación de 81 plazas que pretendían crear y el requisito que pusimos para crear cánones fue que se cumpla con las directrices presidenciales y no se aumenten las plazas. No las pudieron crear porque para esa decisión se requerían cuatro votos, pero esa es una de las excepciones, en la mayoría de las decisiones solo se requiere mayoría simple para aprobarlas.
¿Hacia dónde va la ARESEP si continúa el rumbo que lleva?
-Un estudio que contrató la ARESEP a la empresa Deloitte, para hacer un diagnóstico institucional, dice que los mismos empleados de la ARESEP, en concordancia con lo que ve la gente afuera, sienten que es una institución sin rumbo.
Yo comparto ese sentimiento. En el ejercicio de la función pública hay un principio que uno nunca puede dejar de lado y es el principio de solidaridad.  La ARESEP es una de las instituciones que más impacta en la economía del país, porque regula las tarifas de los servicios públicos, y el impacto de los servicios públicos en la economía es muy alto.
De continuar la institución por esa ruta que lleva, los más perjudicados son los costarricenses, y se pierde el objetivo de su creación, que era tener una institución que sirviera de balanza y que regulara. En momentos de apertura, cuando ya no se está en condiciones de monopolio y hay competencia, se necesitan reguladores fuertes, que garanticen que la competencia efectiva existe, y que los precios no sean los precios que define uno solo, sino que hay un ojo vigilante para sean conforme a lo que técnicamente corresponde.