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El Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) costarricense tiene una serie de debilidades que actualmente lo hacen ineficiente e inoperante para sus beneficiarios finales. Su gestión institucional se ha caracterizado por “ la ausencia de un proceso de planificación estratégica del SBD que permita orientar de una forma más adecuada los planes operativos institucionales (POI), de los diferentes integrantes y participantes del SBD, entre ellos la Secretaría Técnica y el FINADE” (Informe de Control Interno NO.CI-04-2011).
El “Estudio sobre la percepción del Cliente sobre el SBD” resalta la falta de credibilidad dadas sus malas prácticas administrativas. El Consejo Rector, aunque tiene “la potestad de dirección política y administrativa que implica la adopción de políticas generales a implementar y se materializan mediante la promulgación de directrices de acatamiento obligatorio” (Procuraduría General de la República. Opinión Jurídica. OJ-037-97 del 11 de agosto de 1997), en la práctica, está limitado dada la ausencia de planificación estratégica global. La Secretaría Técnica (Dirección Ejecutiva) carece de enfoque estratégico empresarial y arrastra un clima y cultura organizacional permeado por actos de corrupción. En ese sentido, ¿cómo hará realidad el Plan Operativo Institucional 2011-2012 y sus aspectos estratégicos Institucionales?, ¿Cómo hará realidad los Objetivos y Metas Estratégicos Institucionales?, ¿Cómo impactará algo que no tiene planeamiento estratégico en los Usuarios y Beneficiarios (Emprendedores y emprendedoras, Micro, pequeñas y medianas unidades productivas, Operadores del SBD, Ciudadanía)? La gestión ética institucional del SBD sigue marcada por la corrupción institucional, irregularidades, contrataciones de personal y elección de proveedores de servicios sin licitación pública y un procedimiento administrativo ordinario de la Contraloría General de la República aún en proceso, en contra de funcionarios que actualmente laboran en el SBD. La evaluación a cuatro años de existencia realizada por la Comisión Evaluadora del SBD, en su primer informe ha dejado de lado el mandato de la Ley 8634 y ha quedado en deuda en cuanto a su evaluación integral.
Por tal razón, la evaluación realizada deberá ser complementada por otros los informes que cita la Ley 8634: Informe sobre el cumplimiento de las metas y los impactos sociales y económicos alcanzados con los recursos del SBD, Informe sobre el desempeño financiero y la gestión de riesgo del SBD, Informe sobre el acceso de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas a los servicios financieros. Hay un desafío enorme en la gestión y asignación de recursos del SBD ya que anualmente el 52% de los Ingresos se va en REMUNERACIONES y un 31.94% en SERVICIOS. Lo que significa que el 83.94% de los Ingresos se consume en REMUNERACIONES + SERVICIOS. Es imprescindible, dada la recesión en los mercados internacionales rumbo a una depresión y la situación de crisis de la economía nacional dada la ausencia de plan fiscal, proceder a congelar los salarios, incentivos, beneficios y la contratación de nuevas plazas y a subcontratar lo esencial (Asesoría Legal y Auditoria). En cuanto a la gestión de proyectos múltiples y ¿dónde hay que colocar los fondos del SBD y en cuál sector económico?, siendo el SBD, un mecanismo para financiar e impulsar proyectos productivos, viables y factibles técnica y económicamente y con sostenibilidad ambiental, acordes con el modelo de desarrollo del país y siendo los beneficiarios micro, pequeñas, medianas empresas, mujeres, minorías étnicas, discapacitados, jóvenes emprendedores, asociaciones de desarrollado, cooperativas, zonas de menor desarrollo relativo, fundaciones, ONG y organizaciones productores, el SBD debería canalizar sus esfuerzos y recursos enfocando en el 70% del PIB que significan empresas de Servicios. Allí, es donde hay que colocar el crédito, avales, garantías y capital semilla. Por último, es importante que los actuales miembros de la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo, que están en proceso de reformar la Ley 8634 procedan a eliminar la Secretaria Técnica y su estructura administrativa burocrática, ineficiente y permeada de corrupción institucional y transferir el rol (funciones y responsabilidades) de la Secretaria Técnica y Dirección Ejecutiva a un Banco Estatal (BNCR, BCR, BCAC) de manera similar a como ya lo hacen con los fideicomisos que conforman el SBD en Costa Rica.
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