El dragado del río San Juan por parte de Nicaragua, la invasión a isla Calero-Los Portillos, y el proyecto de la llamada trocha “soberanía” que impulsa Costa Rica en la zona norte, dejan en evidencia el escaso  interés de ambos países por desarrollar un programa conjunto, para proteger -bajo un moderno modelo de cooperación- la mencionada cuenca, un sistema lacustre-fluvial  único en América Latina.
Así lo consideran  expertos en material ambiental consultados por UNIVERSIDAD, en momentos en que la guerra verbal vuelve a caldearse entre autoridades de ambos gobiernos, debido a los diferendos fronterizos.
“Los intereses políticos parecen estar por encima de la necesidad de proteger ese tesoro de biodiversidad centroamericano”, coincidieron en señalar los geógrafos Carlos Granados y Alexander Bonilla, y el ingeniero civil Arnoldo Leiva, quien presentó un recurso de amparo contra la mencionada carretera (véase recuadro “Ingeniero civil señala errores del proyecto vial”.
Nicaragua demandó a Costa Rica ante la Corte Internacional de Justicia -en La Haya, Holanda-, al argumentar que la construcción de la trocha fronteriza representa un “ecocidio”  en la zona del San Juan, denuncia similar a la elevada  por el gobierno costarricense ante el mismo tribunal, luego de la invasión perpetrada por el vecino país en octubre del 2010 a isla Calero.
La semana pasada las aguas volvieron a agitarse, luego de que el excomandante guerrillero Edén Pastora acusó a la administración de Laura Chinchilla de intentar “bloquear” el desarrollo que el gobierno del presidente Daniel Ortega pretende impulsar en la zona sur nicaragüense, en específico en  las poblaciones asentadas en la cuenca binacional.
En declaraciones a un canal de televisión de Nicaragua, Pastora -encargado del proyecto de dragado del San Juan- utilizó calificativos como “la niña inocente”, al referirse a las proclamas ambientalistas de Costa Rica.
En San José, Chinchilla respondió en duros términos a Pastora, al tiempo que el ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, René Castro, anunciaba la intención de Costa Rica de declarar isla Calero parque nacional, y el gobierno juramentaba una brigada ambientalista, cuya misión será la de realizar labores de mitigación ambiental en las áreas aledañas al territorio en disputa.
“¿Por qué no reactivar el proyecto Sistema Internacional de Áreas Protegidas para la Paz (SIAPAZ), una iniciativa conjunta lanzada por los dos países en la década de los años 80  y que dos décadas después quedó empantanada en el papel”?, se preguntó Alexander Bonilla.
El geógrafo y ambientalista consideró que el impulso a iniciativas conjuntas que protejan la cuenca binacional es posible, siempre que no esté la “política” de por medio.
El tema del canal interoceánico volvió a quedar sobre el tapete en boca del mismo Edén Pastora, mientras Nicaragua dice que Costa Rica contamina desde hace muchos años  con la expansión de la agricultura comercial, y los agroquímicos usados van a parar a  las aguas de  ríos como el San Carlos y el Sarapiquí.
La zona transfronteriza tiene un enorme potencial para la cooperación, pero también podría ser a futuro foco de conflictos ambientales, advertía  en marzo del 2002 el documento “Ambiente, conflicto y cooperación en la cuenca del río San Juan”, elaborado por la Fundación del Servicio Exterior para la Paz y la Democracia (FUNPADEM), cuyos responsables fueron Granados y Alejandro Jiménez Hernández.
En ese documento, ambos especialistas enfatizaron en el proceso de degradación que  sufría la cuenca del San Juan desde la década de 1970 -en especial del lado costarricense-, con la implantación de la agricultura comercial en la zona norte, deterioro al que Nicaragua tampoco escapa, debido al avance de la colonización en su zona fronteriza sur y a la contaminación de los lagos de Managua y Cocibolca, donde se producen descargas de aguas negras y contaminadas de la capital y la ciudad de Granada.
“Costa Rica y Nicaragua darían una gran señal al mundo si emprenden proyectos conjuntos, de protección de la cuenca binacional. Si bien cada uno es soberano en su territorio, no está de más que ambos informen de algunos proyectos, como el de la carretera o el dragado, porque lo que se haga de un lado, tendrá su impacto en el otro”, explicó Granados a UNIVERSIDAD.
Según el docente de la Universidad de Costa Rica, ambos países deben abandonar conceptos vetustos de lo que es soberanía. “Es hora de que cambiemos de siglo; ahora estamos como en el XIX en lo que respecta a este concepto. Tenemos que admitir que cualquier cosa que hagamos en esa parte de nuestro territorio, indudablemente tendrá algún impacto en Nicaragua. Y lo mismo vale para ellos, aunque sean dueños del río”, remarcó.
En el caso de la “trocha rústica”, como ahora le llama el Gobierno, Granados dijo que incluso le sirve a los dos países. Pero la forma como Costa Rica concibió el proyecto, en una zona por muchos años abandonada por las dos partes, y en momentos de gran tensión en las relaciones, “me parece una provocación”, comentó.
Mientras tanto, Alexander Bonilla instó a los dos países a plantear un proyecto conjunto de protección de la cuenca sin meter la política y sin que Edén Pastora diga “idioteces”. Aunque presentó una propuesta de “paz ambiental” a ambos gobiernos, lamentó que  “no les interesa; incluso la hice llegar a Jaime Incer (asesor de Daniel Ortega); no les interesa tampoco”.
En su opinión, la carretera fronteriza era una necesidad de hace muchos años; “se habían tardado (en construirla); cada país es soberano.  ¿Por qué consultar una carretera en nuestro territorio? Somos soberanos, ni los nicas deben consultarle a Costa Rica. Lo que hay que pedir es que se tomen en cuenta los aspectos ambientales”, agregó.

Ingeniero civil señala errores del proyecto vial
Como fue concebida, la carretera en la frontera norte podría ser “un gran derroche de recursos” y a futuro provocar un fuerte impacto ambiental en la zona aledaña al río San Juan, alertó a UNIVERSIDAD el ingeniero civil y experto en urbanismo, Arnoldo Leiva.
Detalló que presentó a comienzos de año un recurso de amparo ante la Sala Constitucional (IV), en el que denunció la presunta existencia de lo que a su juicio son  “errores” del proyecto,  que podrían -según su criterio- dar sustento a los reclamos nicaragüenses.
La Sala IV, al igual que lo hizo con una acción similar elevada por una organización ambientalista meses atrás, solicitó en una resolución del 23 de enero a varias instancias estatales, incluidos los ministerios de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y el de Obras Públicas y Transportes, que informen acerca de los argumentos expuestos por el ingeniero civil.
Leiva insiste en que la construcción de la carretera “no era necesaria” para ejercer control sobre la isla Calero, al señalar que el Gobierno puede usar otros medios.

La cuenca del San Juan
Centroamérica tiene 23 cuencas y la segunda principal es la del río San Juan.
El área total de la cuenca es de 38.500 kilómetros cuadrados, de los cuales 24.500 kilómetros cuadrados (64%) pertenecen a Nicaragua y 14.000 a Costa Rica.
El sistema incluye los lagos Xolotlán (Managua) con 1.026 kilómetros cuadrados, y el de Nicaragua con 8.000 kilómetros cuadrados, así como el río San Juan, con una longitud de 205 kilómetros.
Los principales “tributarios” de agua provienen de Costa Rica, como son los ríos San Carlos y Sarapiquí.
*Fuente: “Ambiente, conflicto y cooperación en la cuenca del río San Juan. Proyecto Conflicto y Cooperación Ambiental en cuencas internacionales centroamericanas. Funpadem, 2002).