La Superintendencia de Pensiones (SUPEN) se encuentra analizando documentación relacionada con denuncias sobre compras que hizo el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de títulos valores al Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) de la Caja de Seguro Social (CCSS), sin que supuestamente se hubieran hecho estudios técnicos para determinar que era la mejor inversión para esos fondos propiedad de las personas aseguradas y pensionadas.
Además, investiga si las transacciones se habrían realizado sin la debida puja en la Bolsa de Valores para lograr el mejor precio posible, lo que podría representar pérdidas millonaria en términos de rendimientos para ese fondo de pensiones, que es el mayor del país y alcanza los $2.500 millones (más de ¢1.250.000 millones).
“Estamos preocupados con la situación, estamos investigando. Nosotros lo que vamos a hacer es verificar si se cumplió con las normas establecidas”, dijo el superintendente de pensiones Hernán Robles.
 
Indicó que entre los documentos recibidos hay un descargo de las personas a las cuales se está denunciando. Entre ellos, de Álvaro Vega, director de inversiones del IVM,  que está mostrando que no es correcto lo que dijo Daniel Muñoz (funcionario de la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS, que denunció ante la comisión legislativa una supuesta contaminación de la crisis financiera del SEM al IVM, por la compra de títulos sin estudios técnicos que determinen que es la mejor inversión de los fondos).
“No me caso ni con una posición ni con la otra; estamos analizando los elementos objetivos para llegar a una conclusión. Necesitamos tiempo para hacer los estudios adecuados”, dijo Robles.
La diputada Carmen Granados, del Partido Acción Ciudadana e integrante de la comisión legislativa sobre la CCSS, remitió a la SUPEN, a la contralora general Rocío Aguilar, a la presidenta ejecutiva de la CCSS, Ileana Balmaceda, y al auditor interno de esta institución, Jorge Arturo Hernández, copia de borradores de actas del inversiones del IVM, a fin de que se determine la verdad real de los hechos y se sienten responsabilidades.
Granados señaló que dicha documentación evidenciaría la existencia de un conflicto de interés y el contagio del IVM con la crisis financiera del SEM por la compra venta de los mencionados títulos al SEM por parte del IVM, contrario a lo informado por la Presidencia Ejecutiva de la Caja a la SUPEN, de que los títulos fueron adquiridos en las mejores condiciones de rendimiento y seguridad para el IVM y en estricto acato a la normativa vigente.
De acuerdo con Robles, lo que se está comentando es que el proceso de puja pudo haber llevado los precios de los títulos que vendía el SEM para abajo; pero eso es una suposición, ya que no se puede decir qué hubiera sucedido con la puja, puesto que con esta el precio puede subir o bajar, dependiendo de las condiciones del mercado en el momento de la transacción.
“Nosotros lo que necesitamos son hechos fácticos que demuestren que hubo una violación a la reglamentación y a la técnica, y se están haciendo estudios al respecto para dilucidar el tema”, remarcó Robles.
En cuanto a si la compra de los títulos fue un negocio bueno o malo para el régimen de IVM, esos son aspectos que debe valorar la CCSS como administrador del régimen y  entidad responsable. La SUPEN lo que puede hacer son sugerencias para mejorar la administración, acotó.
“Por supuesto que hay un conflicto de interés”, afirmó Robles, cuando se le mencionó que en la CCSS los funcionarios que deciden y dan las órdenes al puesto de bolsa contratado para las compras y las ventas de títulos valores son los mismos, tanto para lo que tiene que ver con el  SEM como lo relativo al IVM.
“Hay conflicto de interés, porque los objetivos que se persiguen son distintos. El objetivo del SEM es vender al precio más alto posible y el del IVM es comprar al más bajo posible y es la misma persona la que toma la decisión; es decir, hay un conflicto evidente. Ese es el tipo de recomendaciones que nosotros normalmente hacemos y que hemos hecho en el pasado”, destacó el superintendente.
Convino en que puede suceder que se ponga a la venta un título a un precio y dar la orden al agente de bolsa para comprar inmediatamente a ese precio, y ese es precisamente el conflicto de interés.
No obstante, aclaró que “puede haber conflicto de interés y todo lo que se quiera, pero probar que hay un ilícito financiero es complicado. En el pasado hemos tratado incluso de llevar al Ministerio Público situaciones como estas y es dificilísimo”, explicó Robles.
GERENCIA
Esta situación se da en momentos en que el gerente de pensiones de la CCSS, Miguel Pacheco, se encuentra separado del cargo. Desde octubre anterior, la junta directiva de la CCSS nombró como gerente interino a José Luis Quesada, anterior jefe del área de administración de riesgos institucionales y a quien señalan, en denuncias presentadas a los diputados de la comisión legislativa, como parte de la administración superior de la CCSS presuntamente responsable de decisiones que han vulnerado las finanzas de la institución.
Pacheco fue sido suspendido de la gerencia de pensiones en agosto del 2010, para investigarlo por supuestas irregularidades denunciadas por funcionarios del área de inversiones; pero se le exoneró en las investigaciones que le hicieron, incluyendo una de acoso laboral presentada por Álvaro Vega, y otra realizada por la Contraloría General y el Ministerio Público.
Según fuentes de la CCSS, las denuncias surgieron de un conflicto ocurrido con un grupo de funcionarios del área de inversiones del IVM, incluido el director Álvaro Vega, contrario a medidas que el gerente intentó implementar para profesionalizar la gestión activa de los fondos del IVM y mejorar los rendimientos.
Esas diferencias de criterio entre Pacheco y los actuales miembros del comité de inversiones -sobre el manejo que se le está dando a los fondos- fueron evidentes durante una comparecencia que dichos funcionarios tuvieron en diciembre pasado, ante la comisión legislativa que analiza la crisis de la CCSS.