Tras más de dos años desde que el Gobierno autorizara la puesta en servicio provisional y el cobro de peajes en la carretera San José-Caldera con parte de las obras aún sin terminar, la empresa concesionaria presuntamente cobra la tarifa prevista para pagar el costo total del proyecto, aunque quedan obras importantes por hacer y se desconoce hasta cuando las autoridades le darán tiempo para realizarlas.
Diputados que integran la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga las concesiones de obra pública dijeron estar atentos del cobro del peaje sin que estén completadas las  obras, por lo que están recabando información para retomar la discusión del tema.
Mientras tanto, un grupo de vecinos de Santa Ana, Mora, Puriscal y otras localidades aledañas celebraron como un triunfo la noche del sábado pasado, junto a la instalación de las casetas de peaje en el desvío a Ciudad Colón, que el Gobierno decidiera suspender temporalmente el cobro que se iba a empezar a hacer ese día.
 
Esto a pesar de que el juzgado resolvió una apelación presentada por los alcaldes ante la decisión tomada el 25 de noviembre del 2010 por el Tribunal Contencioso Administrativo, de  levantar la medida cautelar que impedía el cobro del peaje. El tribunal debe pronunciarse tras la audiencia programada para esta semana.
Las comunidades han impedido con protestas callejeras el inicio del cobro del peaje, con el argumento de este es injustificado y les bloquea el libre paso por una carretera que siempre han utilizado para movilizarse y fue costeada por el Estado.
Juan Carlos Antillón, residente de Ciudad Colón y miembro del comité coordinador de vecinos, afirmó que aunque de momento el cobro está suspendido, “lo que no está en suspenso es la determinación de las comunidades de que jamás se permitirá la apertura del peaje; en eso estamos claros y se ratificó anoche (sábado 18 de febrero)”.
Añadió que no se trata solo de pagar o no pagar, sino también de las implicaciones que tiene la construcción de una infraestructura para cobrar peaje, la cual está afectando los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de comunidades a lo largo del trayecto, tanto los que andan en vehículo como los que andan a pie.
Mencionó como ejemplo el caso de Barrio Los Ángeles, donde quedó cortado por la carretera el paso que va de Piedades a Ciudad Colón, el EBAIS quedó calle de por medio y la gente para poder llegar ahí tiene que jugársela al cruzar la calle en medio del tráfico vehicular. Igualmente quedó aislada La Promesa y otras poblaciones, señaló.
Los vecinos se quejan de la situación que enfrentan con las supuestas carreteras alternas que deben usar si no quieren pasar por la carretera a Caldera, como la vieja vía que va de Piedades hacia Ciudad Colón, que tiene solo cuatro metros de ancho o menos sin que se le hayan hecho arreglos y ni siquiera tiene aceras. O el caso de varias salidas que había entre Piedades y Río Oro hacia la pista a Ciudad Colón, que quedaron bloqueadas con este proyecto vial.
“Entonces no solo no nos dieron las obras que corresponden, sino que las alternativas que habían de comunicación tradicionales fueron bloqueadas”, mencionó Antillón como parte de las situaciones que atentan contra el derecho de los ciudadanos en las comunidades mencionadas y en las que el Estado es partícipe, aseguró.
El jueves pasado la presidenta Chinchilla recibió durante más de tres horas una delegación de autoridades municipales, líderes religiosos y vecinos de las comunidades afectadas, quienes expusieron la situación que enfrentan.
Tras la reunión se anunció la posposición del cobro del peaje, a la espera de que el Tribunal Contencioso se pronuncie, y el Gobierno se comprometió a realizar con recursos propios algunas obras pendientes, principalmente para aumentar la seguridad de los peatones.
Sin embargo, algunos líderes comunales han manifestado que no se puede diferenciar un tramo con lo que ocurre en el resto de la carretera, y mantener un contrato de concesión vigente cuando se están violando las normas fundamentales del bienestar de los usuarios; mientras el Estado asume la construcción de obras que el concesionario está obligado contractualmente a hacer.
Al cierre de esta edición no había llegado respuesta del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) a preguntas que el Semanario envió dos semanas atrás consultando cómo se justifica el cobro del peaje calculado para el valor total del proyecto, cuando hay aún obras importantes sin terminar.
Asimismo, se preguntó, entre otros extremos, cuándo se prevé que estarían finalizadas las obras pendientes y se haría la recepción definitiva de ellas (ver recuadro “Obras por hacer”). En ese sentido, qué pasó con el acuerdo que adoptó la junta directiva del CNC, en enero del 2010, de que el plazo para la entrega definitiva del proyecto sería de nueve meses, el cual venció en octubre de ese año.
A la concesionaria Autopistas del Sol, ante la pregunta sobre el cobro de la tarifa calculada para el proyecto terminado, aunque hay obras no construidas aun, respondió que el contrato contempla  poner la obra en funcionamiento cuando se da el servicio al usuario y se garantiza una operación fluida y segura del tráfico. Téngase en cuenta además que las obras pendientes de finalizar no han sido posibles por no disponer esta Concesionaria los terrenos para realizar las mismas, añadió.
Con relación al área de servicio, cuatro años después de iniciadas las obras, todavía no se disponen los terrenos para su ejecución, por lo que la administración ha decidido posponerla  y realizar otras actuaciones. La liberación de los terrenos de expropiación, causa de los problemas indicados, es una actividad que está fuera de las responsabilidades de la sociedad concesionaria y que corresponde a la Administración, señaló.
Según informó Autopistas del  Sol, la administración ha decidido cambiar el Área de Servicio por otras actuaciones: pasarelas peatonales y bahías de buses, así como que otras partidas que son prescindibles se utilizarían en otros cometidos.
Las obras que se pudieron iniciar en plazo por no existir problemas de expropiaciones, se entregaron en plazo, el resto que estuvieron afectadas por expropiaciones ya no es responsabilidad directa del Concesionario. A día de hoy la concesionaria está en permanente contacto con la Administración  y está trabajando para agilizar los trámites administrativos y económicos que permitan iniciar los mismos, indicó la empresa a través de su servicio de relaciones públicas.
PENDIENTES
Un estudio de la Contraloría General de la República (CGR) en relación con el control ejercido por el CNC sobre la entrada en operación de la carretera San José-Caldera, emitido el 13 de setiembre del 2010 (Informe Nº DFOE-OP –IF-13-2013),  enumeró una serie de obras pendientes de construir en ese proyecto, a pesar de que la carretera fue puesta en operación desde mediados del 2009 en las secciones I (San José-Ciudad Colón) y III (Orotina-Caldera), y en la sección II (Ciudad Colón-Orotina) en enero del 2010.
La CGR mencionó diversas causas por las que dichas obras no se habían hecho, unas por falta de control del CNC, otras por problemas de coordinación de este con la concesionaria, otras por atrasos del CNC en la expropiación de los  terrenos, a pesar de que se creó una unidad con profesionales para apoyar ese proceso en el CNC.
Entre las obras por construir –muchas de las cuales aun siguen pendientes-, la CGR anotó en dicho informe dos carreteras marginales en la sección III y un carril adicional entre la urbanización Trejos Montealegre y el Hospital Cima en la sección I. En la sección II: la rampa de intercambio a San Rafael, rampa Caldera-El Coyol, radial Coyol, intercambio Balsa, intercambio Los Llanos, entre otro gran número de cosas pendientes.
La principal obra pendiente en esta sección es el área de descanso y servicios, una infraestructura que según expertos consultados cuesta no menos de $7 millones (¢3.500 millones) y forma parte integral del objeto de la concesión, por lo que debe pasar a dominio del Estado en caso de que la concesión se extingue por cualquier causa, según anotó en un oficio la CGR durante el proceso de refrendo del contrato.
Se determinó que pese a que ya se definió que hay obras que no se van a realizar, no se ha concretado con cuales se van a sustituir. También se determinó que el balance económico Nº 1, que incluye modificación de obras contratadas para las secciones I y III, fue aprobado sin contar con la debida justificación técnica sobre todos los cambios de obras que se proponían en él. Con este balance, se autorizó eliminar cinco pasos peatonales y cinco bahías de buses, anotó la CGR en el informe mencionado, entre otras anomalías.
Estos aspectos “afectan el confort, funcionalidad y seguridad de los usuarios de la carretera, incidiendo negativamente en el beneficio económico del proyecto”, concluye ese estudio de la CGR emitido desde hace año y medio.
Según el contrato, la concesionaria debe diseñar, construir y operar en la ruta San José-Caldera un área de descanso con estacionamientos, restaurante, gasolinera, servicios sanitarios y otros. También tiene que proveer un área de servicios especiales para el control policial y sanitario, una estación de atención de emergencias y cuatro puestos para el pesaje de vehículos, de los cuales al menos dos deben ser fijos, uno en cada sentido de la vía.
Algunas de las obras el Gobierno acordó suprimirlas a cambio de obras adicionales que ha pedido al concesionario y que no estaban incluidas originalmente, como por ejemplo el aumento de carriles en el trayecto de San José a Escazú, mientras que otras como la habilitación de la radial a Atenas ha decidido hacerlas con recursos propios.
Llama la atención que el contrato establece que la puesta en servicio provisional tendrá una duración de “no menos de tres meses” contados desde su autorización, pero no dice por cuanto se puede prolongar, de donde cabe preguntarse si se puede durar por todo el plazo de la concesión, que es de 25 años.
Según el contrato de concesión, la autorización de puesta en servicio provisional “no se podrá otorgar si existen obras incompletas o defectuosas de tal magnitud que pueden poner en peligro la integridad de los usuarios, o afectar de manera significativa la operación fluida y la seguridad vial de la carretera”.
En relación con esto valga recordar que el gobierno de Óscar Arias inauguró la carretera y autorizó su puesta en servicio el 28 de enero del 2010,  al considerar que la vía cumplía los requisitos de confort, funcionalidad y seguridad requeridos. Sin embargo, cuatro meses después, con la entrada de la estación lluviosa, hundimientos del pavimento y derrumbes de taludes obligaron a cierres de la vía, y una mujer murió al chocar el vehículo en que viajaba con una roca desprendida de una ladera, entre otros incidentes.
Informes técnicos determinaron luego que la puesta en servicio había sido prematura y la comisión especial de la Asamblea Legislativa nombrada para investigar las concesiones, en su informe de mayoría, envió una lista de recomendaciones a la Fiscalía General y otras instancias pidiendo investigar y sentar responsabilidades sobre los funcionarios que tuvieron a cargo el control y la puesta en servicio del proyecto.
 

Obras por hacer

A la fecha, en la concesión de la vía a Caldera no se han cumplido obras incluidas en el contrato como obligaciones del concesionario, entre las cuales deberá diseñar, construir y operar un área para la prestación de servicios generales en la sección II del proyecto. Dicha área debe estar provista de zonas de descanso, sanitarios, restaurante, zonas de estacionamiento pavimentadas con capacidad para 50 automóviles livianos, 5 autobuses y 10 vehículos pesados de 5 ejes, como mínimo, entre otros servicios.

También, deberá haber un área de seguridad para las labores sanitarias y de control policial. Se deberá construir un área de servicios especiales adyacentes a la vía, dos en caso de que se ubique a ambos lados de la carretera o una sola, en caso de que se ubique en medio de los carriles de circulación. Cada área debe contar con un espacio mínimo de 1.000 m2 y un área de edificaciones de 150 m2 cada una.

Además, en el área de servicios de control, el concesionario diseñará, construirá y operará una estación para la atención de emergencias.

Tanto las áreas de control como la de servicios generales y los servicios que en ellos se presten quedarán incorporados a la concesión si se encontraran en el derecho de vía, no pudiendo la propiedad ni las edificaciones ser enajenadas, hipotecadas ni sometidas a gravámenes de ninguna especie sin el consentimiento de la administración concedente (Estado) y pasarán al dominio de esta al extinguirse, por cualquier causa, la concesión.

Estas áreas estarán dotadas como mínimo de servicios sanitarios, iluminación, áreas de recreo, agua potable, energía eléctrica y teléfonos públicos, y su utilización será regulada por el reglamento de servicio de la obra.

Estos últimos servicios deberán brindarse de forma gratuita excepto el servicio telefónico. El mantenimiento, seguridad y operación será responsabilidad del concesionario. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la aplicación de las multas correspondientes establecidas en el presente contrato.

Fuente: Contrato de concesión