Sobre el artículo “Ley de Premios Nacionales es una mala copia de la de Chile”, escrito por José Eduardo Mora y publicado el pasado 15 de febrero, nos permitimos aclarar lo siguiente:
El artículo plantea que el proyecto de ley es percibido como “controversial e inoportuno” en el “mundo artístico costarricense”. Sin embargo, se cita a la escritora Salaverry en representación de las Asociación de Escritoras, siendo la Literatura sólo una de las disciplinas del amplio “mundo artístico costarricense”. Es claro que las principales objeciones a la propuesta emanan primordialmente de un segmento de las Artes Literarias y del Teatro.
Actualmente, ambos sectores acumulan la mayor cantidad de premios: ocho en Teatro y seis en Literatura. Entretanto, otros ámbitos están excluidos de este programa, como es el caso del audiovisual. Esta desigualdad es una de las principales motivaciones de la reforma.
El artículo omite información importante sobre el proyecto: el mismo plantea 12 premios, no nueve, como afirma el periodista. Tres de éstos estarían dirigidos a la gestión, promoción, producción, investigación y divulgación cultural; campos de acción vitales, pero invisibilizados por la legislación vigente.
En septiembre del 2011, se dictaminó de manera afirmativa un texto sustitutivo devenido de un proceso de trabajo de un año, conformado por reuniones y consultas formales (a las cuales se invitó a la Asociación de Escritoras), con el fin de elaborar un proyecto de ley conciliador.
A lo largo de ese proceso, el Ministerio de Cultura y Juventud conoció opiniones diversas sobre los Premios. El proyecto de ley actual corresponde a la sistematización de los insumos recibidos, y no a una “mala copia de la de Chile”. Lejos de pretender emular la legislación chilena, el MCJ se propuso establecer un Programa más equitativo, donde los estímulos no se concentren en ciertos ámbitos y descobijen otros, y la diferencia en la dotación económica entre los premios no resulte en demérito para ciertos ámbitos.
La propuesta no parte de un afán economizador: las dotaciones propuestas en el proyecto son equivalentes al promedio de las asignaciones actuales. Su objetivo consiste en subsanar problemas que arrastra la legislación actual en términos de respeto a la diversidad cultural, equilibrio y sostenibilidad.
Dice la Sra. Salaverry, que no se pueden reducir los premios en Literatura a uno solo, pues no es lo mismo evaluar novela que poesía. Sin embargo, en los diversos ámbitos del quehacer humano, las priorizaciones se dan sin mayores problemas taxonómicos: un premio de Ciencia no distingue necesariamente entre Biología o Química, sino que se otorga a la labor que mayor impacto o beneficio genere.
En el MCJ creemos firmemente en el valor del debate, y también que éste aumenta cuando las opiniones están más y mejor informadas. Por ello, les instamos a conocer el Informe Revisión y análisis de políticas del sector cultura desde el enfoque de interculturalidad, generado a través del Programa Conjunto Políticas interculturales para la inclusión y generación de oportunidades, del Fondo para el Logro de los Objetivos del Milenio (http://www.nacionesunidas.or.cr/dmdocuments/Cultura/REVISIoN_POLiTICAS.pdf).
Este informe originó la modificación de esta Ley, pues determinó que este Programa “afirma y reproduce paradigmas culturales que guardan gran distancia con las nociones y prácticas que promueve la interculturalidad”, pues ha generado “un efecto de concentración de los beneficios, y de legitimación de la exclusión y la inequidad”. Resulta clave el listado de las personas premiadas: según el informe, “la recurrencia de nombres es bastante sintomática de un problema de formulación”.
Resulta comprensible que un círculo de personalidades del sector cultural reaccione en contra de una modificación a un Programa del cual han sido beneficiarios históricos. Sin embargo, el MCJ no puede hacer caso omiso de la incongruencia de la legislación vigente con la visión de respeto a la diversidad cultural que este país ha ratificado como válida a través de las Convenciones de la UNESCO. Como órgano rector de las políticas culturales del Estado, está en la obligación de atender y fortalecer lo acordado mediante estos instrumentos.
Lleva razón la Sra. Salaverry: “lo importante es que los artistas sientan estímulos”. Por ello, esta propuesta considera disciplinas hasta el momento excluidas, y  suma al contenido económico de los premios una serie de incentivos que brindan una mayor visibilidad a la producción cultural nacional.