En la edición 15 de febrero pasado del Semanario Universidad, el profesor Jaime Robert me acusa de incurrir en “juegos diversionistas”, de hacer “falsas atribuciones” y de practicar la “falsificación semántica” y la “artificiosidad retórica”. Además, afirma que mi disposición al debate es “pobre y deleznable”. Mediante esta burda táctica descalificatoria, Robert procura disimular las debilidades, contradicciones y prejuicios que dominan sus comentarios, en los cuales:
1. Interpreta el artículo primero del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica (UCR) sin considerar las actividades fundamentales que se le asignan a tal institución.
2. Desconoce las diferencias, en cuanto a dirección, liderazgo y responsabilidad, que el Estatuto Orgánico de la UCR establece entre funcionarios académicos y administrativos.
3. Equipara la condición de los funcionarios administrativos de la (UCR) con la de los estudiantes.
4. Presenta a los profesores interinos de la UCR como víctimas indiferenciadas de un odioso y elitista sistema de privilegios y prebendas.
5. Imputa una tácita complicidad a todos los académicos en propiedad de la UCR por la existencia de ese sistema.
6. Aplica una descalificación masiva a sectores específicos de la población nacional (los lectores del periódico La Nación) y de la comunidad universitaria (las nuevas generaciones de académicos que obtuvieron un posgrado en el exterior).
7. Convierte su propia experiencia personal en el único criterio válido de interpretación.
Asumir estas posiciones extremas, contrarias a los hechos y colindantes con el absurdo es el resultado inevitable del doble juego practicado por Robert para justificar su apoyo a un proyecto que incrementaría el poder del sector administrativo y reforzaría la discriminación contra los profesores interinos. A estos últimos está dispuesto a defenderlos de ese sistema que define como odioso y elitista, pero no del proyecto que él respalda, el cual favorece única y exclusivamente al sector administrativo.
Consecuente con los intereses de tal sector, Robert resalta la oposición entre académicos interinos y propietarios, y presenta a los primeros como víctimas del vergonzoso sistema que posibilita los privilegios y prebendas de los segundos. De paso, aprovecha esta dicotomía para afirmar su superioridad moral: aunque fue un profesor en propiedad, a diferencia de otros académicos propietarios, él nunca olvidó lo que significaba ser un interino.
Sin duda, al exponer tan claramente cuál es la concepción de universidad que sustentan quienes apoyan la propuesta para fortalecer las posiciones de poder de los funcionarios administrativos, y al evidenciar las tácticas y criterios mediante los cuales ese proyecto es justificado, los comentarios del profesor Robert constituyen una invitación directa para que los actuales aspirantes a la Rectoría, a la mayor brevedad posible, se pronuncien clara y públicamente sobre este importante tema.