Una sanción de  veinticuatro meses de suspensión en el ejercicio profesional, fue lo que la junta directiva del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos impuso al ingeniero Luis Guillermo Arguedas, tras conocer varias denuncias referentes a la construcción de un helipuerto, bodegas y otras obras en un sitio alejado en Talamanca.
Esa sanción se registró en el documento 0345-11/12 JDG, con fecha del 2 de marzo. Las obras cuestionadas fueron llevadas a cabo en las cercanías de la comunidad de Vesta, en el Valle de La Estrella, Limón, por la empresa Santuario Indígena S.A.
Al ser consultado por UNIVERSIDAD, el ingeniero Arguedas enfatizó que la mayoría de las obras fueron levantadas antes de que empezara a trabajar para esa sociedad anónima y que la única construcción que realizó fue de unas bodegas.
La sanción tiene que ver con tres acusaciones específicas. La primera se refiere a una declaración jurada que Arguedas realizó sobre la “disponibilidad de agua potable para vivienda unifamiliar” para el proyecto. En ese sentido, la investigación comprobó que no había tal disponibilidad de agua, según lo consignó un oficio del Ministerio de Salud.
El segundo hecho sancionado tiene que ver con que el mismo Ministerio de Salud denunció que las bodegas construidas en el sitio abarcaban un área de 630 metros cuadrados (m²), cuando ante el Colegio se había registrado un área total de 481 m².
También se le señaló por “permitir la construcción de una loza de concreto de 1.543 m², sin los permisos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y Aviación Civil, ni de construcción”. Esa loza es la que en un inicio se entendió que funcionara como helipuerto, pero luego por el descontento de las comunidades aledañas y oposición de ambientalistas terminó usada como parqueo.
CONSTRUCCIONES
Desde el 2010 este Semanario y otros medios habían denunciado las actividades de Santuario Indígena S.A. en las montañas de Talamanca. La empresa es parte de un grupo de interés económico liderado por el noruego  Helge Haaversen Samuelsen y se señaló su interés por establecer un proyecto de extracción minera, sobre todo de oro (ver recuadro).
La denuncia que conoció el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos fue presentada por el ambientalista Marco Machore, quien manifestó que en este momento todas esas obras no están en uso y que su fin era “establecer campamentos para realizar estudios geológicos; para ello pretendieron construir el helipuerto”.
Machore recordó que en un primer momento el ingeniero municipal de Limón, Óscar Felipe León Win Ching, “había sido subcontratado por el mismo grupo de interés económico al que pertenece Santuario Indígena S.A. para realizar estas obras; las registraron como obra existente, como si estuvieran allí construidas hace años, y al ingeniero Arguedas lo buscaron cuando percibieron el problema que ello implicaba, para liberar de alguna manera de responsabilidad a León; entonces Arguedas asumió toda la responsabilidad”.
Al referirse a su sanción, el ingeniero Arguedas alegó que a lo largo de sus 25 años de trabajo, “he sido legal y firme en todos mis trabajos y ningún cliente nunca me ha acusado de nada”.
Tras anunciar que presentará una apelación y un recurso de amparo y calificar la resolución en su contra como “muy extraña”, indicó que se vio “en medio de un fuego cruzado que desconocía”,  entre Santuario Indígena S.A. y algunas organizaciones ambientalistas de la región caribeña.
Según dijo, su relación con esa sociedad surgió cuando “fui buscado como profesional,  simplemente para poner a derecho unas obras ya realizadas y aprobar la construcción de unas bodegas; a partir de ahí se desencadenó todo el asunto contra mí”.
Sobre la declaración jurada referente a la disponibilidad de agua para un proyecto de vivienda unifamiliar, el ingeniero sostiene que la elaboró porque “me la pidió la ingeniera municipal de Limón, para aprobar la construcción de las bodegas. Por insistencia de ella redacté una declaración que aplica para vivienda unifamiliar”.
En esa declaración jurada -según lo consigna el citado oficio de la suspensión- el ingeniero afirmó que esa disponibilidad del recurso fue otorgada por la Asociación Administradora del Acueducto Rural de Progreso de Vesta y Llano Grande.
En setiembre del 2009 la empresa firmó un contrato con la Asociación Administradora del Acueducto (ASADA) Rural de Bribri, según el cual se garantizaba el abastecimiento de agua al proyecto. Arguedas añadió que cuando esa ASADA suspendió el servicio, él lo informó al Ministerio de Salud.
Acerca del área en la construcción de las bodegas, Arguedas calificó una vez más como “extraño” el hecho de que la resolución se tomó con base en una medida del área de construcción que realizó el Ministerio de Salud.
Expresó que en una oportunidad acudieron al sitio representantes de la Municipalidad de Limón, del Ministerio de Salud, del mencionado Colegio, de la empresa Santuario Indígena y él mismo: “tomamos la medidas bodega por bodega; yo tomé los datos en mi agenda y contábamos con las áreas y rangos contemplados por el Colegio; lo extraño es que ninguno de ellos presentó informe alguno sobre esa visita”.
La construcción del helipuerto fue sin duda el tema que causó más polémica alrededor del proyecto. Al respecto, Arguedas se refirió a la tercera acusación e insistió en que “supuestamente permití la construcción de obras sin permiso municipal, pero en realidad lo que hice fue poner a derecho unas obras ya construidas; incluso en el contrato inscrito en el Colegio se estipulan las obras existentes y las que estaban por construir”.
“Es cierto que en un momento se pensó en construir un helipuerto; cuando conocí al noruego le planteé que podía buscar los permisos para construirlo, pero él ya había desechado la idea por presiones de los ambientalistas”, añadió.
 

 
Tinglado

Según publicó UNIVERSIDAD en junio del 2010, Santuario Indígena S.A. pertenece a una empresa denominada Proyecto Hidroeléctrico Dikís S.A., la cual al menos hasta ese momento fue presidida por el noruego como Helge Haaversen Samuelsen.
Además, el vicepresidente hasta el 2016 -según la información registral en ese momento recopilada- es Genaro Gutiérrez Reyes, quien en ese entonces fungía como presidente de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI).

En publicaciones realizadas por el matutino La Nación en marzo del 2010, se señaló a Haaversen como gestor de la construcción del helipuerto, con el fin de llevar a cabo proyectos de extracción minera.

Ese medio denunció que la construcción del helipuerto se emprendió sin el permiso de la Dirección General de Aviación Civil, con el propósito de extraer oro y otros materiales del Territorio Indígena Bribrí, comunidad que se opuso a la actividad.

Al respecto, Machore mantiene un sitio en Internet denominado Noalamineriaacieloabierto.com, en el cual asevera que Haaversen Samuelsen ha elaborado estudios de minería en Talamanca “de manera sigilosa”, particularmente Alto Urén, en la Reserva Indígena BriBri.

Según esa información, Haaversen “disfraza” su operación de ayuda humanitaria, con un helicóptero de la empresa Aerodiva. Añade que con esa aeronave de hecho se llevaron diversos artículos a la población indígena, incluso animales. “Esos vuelos se han convertido en la mampara que oculta las verdaderas intenciones de cada visita a la zona: son visitas de prospección de la zona y su potencial minero”, afirma.