La sobrepoblación y el hacinamiento en las cárceles de Costa Rica es crítica y sigue en aumento, alertó la Defensoría de los Habitantes, al retomar informes anteriores de esa institución y denuncias que por años han venido haciendo funcionarios dentro de la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia, en los que advierten sobre las condiciones inhumanas en que viven los reclusos y la carencia de recursos mínimos para el trabajo del personal.
La sobrepoblación general de los centros penales del país llegó a 28.1%; en algunos la cifra supera el 50% y hay pabellones con más del 100%, indicó el informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, con sede en la Defensoría de los Habitantes, dado a conocer la semana pasada, con datos de finales del 2011.
Mediante inspecciones y análisis de información se determinó un aumento sustantivo en la población penitenciaria nacional, sin que la capacidad de los centros haya crecido al mismo ritmo; lo cual da como resultado preocupantes grados de sobrepoblación y hacinamiento.
Entre las causas del incremento, el estudio señaló el aumento en el uso de la prisión preventiva como medida cautelar por parte de los jueces, y la creación de reciente  legislación que incluye nuevas penas privativas de libertad, como ocurre con la Ley de tránsito (ver recuadro “Principales causas…”).
Como ejemplo del incremento mencionó que los privados de libertad eran 9.304 en el 2009, 10.041 en el 2010 y 12.154 en el 2011, lo que significa un aumento de 9.8%, 23.4% y 28.1%, respectivamente.
En cuanto a la tendencia de la tasa de población penitenciaria por cada 100.000 habitantes, el informe indica que en el año 2006 era de 209, mientras que en el  2011 la tasa llegó a 308 personas por cada 100.000.
Esta es la segunda tasa más alta en América Latina, anotó el ministro de Justicia, Hernando París, quien convino en que son datos alarmantes. Puntualizó que en estos momentos la población penitenciaria es de unas 12.400 personas y la sobrepoblación es más del 29%.
La saturación es preocupante y sigue en aumento, advirtió la Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, quien estimó que el Ministro ha esfuerzos por remediar la situación, pero es insuficiente (ver recuadro “Es una situación…”).
ENDURECIMIENTO
Según el informe de la Defensoría, los datos dan muestra del endurecimiento del sistema penal y que en Costa Rica se considera que la cárcel es la medida adecuada tanto para prevenir como para sancionar el delito, y la adopción de las medidas alternativas ha venido en detrimento.
Existe una tendencia muy clara a utilizar la privación de libertad como método de castigo, y esto implica recluir a muchas más personas de lo que la capacidad del sistema permite, anotó.
Si se compara la capacidad de las cárceles con la población penitenciaria, los datos indican que en el 2011 había 2.672 personas más de lo que pueden albergar estos centros, es decir, una sobrepoblación relativa del 28.1%. Esto significa que la población carcelaria ha crecido mucho más rápido que la capacidad instalada de los establecimientos, y que el Estado costarricense se ha visto imposibilitado de respuesta a dicha situación.
En cuanto a los espacios habilitados por periodo, el estudio indica que del 2007 al 2008 no se construyó ningún espacio, y durante el periodo del 2009 al 2010 se construyeron únicamente 66. Ese fue precisamente el período en que se presentó una mayor sub-ejecución presupuestaria en el Patronato Nacional de Construcciones (entidad encargada de la construcción de las cárceles), un incremento en el ingreso de la población penal, y particularmente, la entrada en vigencia de los Tribunales de Flagrancia.
“La situación hoy no es alentadora, y día a día se agrava la sobrepoblación y hacinamiento carcelario, particularmente en algunos centros penitenciarios, como La Reforma, Cartago, Pérez Zeledón o San José, donde los niveles de sobrepoblación rondan el 50%”, dijo la Defensora Taitelbaum.
HACINAMIENTO
A la Defensoría le preocupa el hecho de que en ciertos pabellones de los centros penitenciarios el hacinamiento es aún mucho más crítico. Por ejemplo, el 7 de julio de 2011 se realizó una inspección en el Centro Penitenciario de Cartago, y se pudo verificar que el Ámbito B de dicho centro tiene una sobrepoblación de 110%, es decir, más del doble de su capacidad. Esto conduce a que se afecte la convivencia de las personas allí ubicadas, y que a la administración penitenciaria se le dificulte garantizar los derechos de las personas privadas de libertad.
En los pabellones las personas deben dormir en espumas en el suelo, aglomerados entre ellos, lo cual no permite el paso entre camarotes. Además, las personas deben colgar sus espumas durante el día. Algunos duermen en los pasillos, debajo de los camarotes, en el área de los baños, e inclusive entre el orinal y el servicio sanitario. Por eso, puede decirse que la sobrepoblación penitenciaria afecta sustancialmente el tiempo en que la población permanece dentro de los dormitorios, debido a la falta de espacio para movilizarse y sobre todo para tener un lugar donde dormir, señala el informe.
Es particularmente preocupante la afectación a las condiciones de convivencia entre la población; muestra de ello es que se presentan mayor cantidad de hechos violentos entre las personas privadas de libertad, y las autoridades tienen dificultades para hacerle frente a este tipo de hechos.
La sobrepoblación afecta las posibilidades de una clasificación adecuada de la población privada de libertad de acuerdo con su perfil convivencial o categoría. Muchas personas con prisión preventiva están ubicadas conjuntamente con personas sentenciadas. Personas con montos de sentencia bajos (menos de 5 años) han sido ubicadas con personas que tienen montos de penas de hasta 50 años, sin importar el perfil de convivencia. Privados de libertad primarios están ubicados con privados de libertad reincidentes.
Los criterios de clasificación han sido dejados de lado, para darle prioridad a un criterio de oportunidad o emergencia. Ejemplo de ello es lo que ocurre en Máxima Seguridad del Centro penitenciario la Reforma, donde privados de libertad han sido ubicados allí para garantizar su integridad física, y no por su perfil de peligrosidad, indica entre otros puntos el informe.
Concluye que Costa Rica debe revisar el modelo y la ejecución de una política pública integral en materia de criminalidad. El problema debe ser resuelto por el Estado como un todo y no concentrarse en que sea un ente el encargado de corregir una u otra situación.
El ministro de Justicia, Hernando París, recordó que él ha dicho que la sobrepoblación carcelaria es una bomba de tiempo. En este momento diría que estamos sentados sobre material explosivo y esperaríamos que no llegue a explotar, admitió.
Dijo que cuando se sentó en la silla de ministro hace dos años se encontró con una situación de sobrepoblación del sistema carcelario que era realmente alarmante.
Dijo que empezaron a revisar y encontraron que la media de crecimiento de privados de libertad en los últimos diez años en Costa Rica era de un 4 a un 4.5%, pero del 2008 al 2009 el crecimiento de la población penitenciaria fue de un 12.7%, y del 2009 al 2010 de un 18%. Es decir, que aumentó tres veces en un período y cuatro veces en el siguiente, respecto a lo que era la tasa histórica, y ya se están viendo tasas acumuladas de aumento de 30%, lo que es realmente alarmante.
Aún más, “cuando medimos las cifras de las y los jóvenes que están en penal juvenil, nos damos cuenta de que esa tasa creció un 300% en dos años (2010-2011). La población de menos de 25 años, entre lo que es adulto joven y penal juvenil, está creciendo diez veces más que lo que está creciendo la población de más de 25 años.
La conclusión es que estamos en Costa Rica encerrando a la población joven y eso tiene que llamarnos a la reflexión, porque evidentemente hay un problema de criminalidad y han crecido algunos tipos de delitos, particularmente delitos contra la propiedad, contra la vida, consumo de drogas, pero la solución no puede ser simplemente represión, sino que estamos en deuda con la parte de la prevención”, comentó París.
La sobrepoblación ha provocado que el personal penitenciario de seguridad, profesional y administrativo sea insuficiente para asegurar la custodia y la atención técnica a las personas privadas de libertad. La faltan de recurso humano aumenta el riesgo de que se produzcan situaciones que atentan contra la integridad de las personas privadas de libertad y los funcionarios penitenciarios, tales como agresiones, homicidios, robos, tráfico de drogas, motines, toma de rehenes, evasiones, así como daños a las instalaciones y bienes institucionales, señaló París en una solicitud presentada el año pasado al Ministro de Hacienda, Fernando Herrero, pidiendo presupuesto para crear 300 puestos más de policías penitenciarios y al menos 50 de personal técnico y profesional.
París dijo que se retomaron presupuestos del Patronato de Construcciones que habían quedado sin ejecutar en administraciones anteriores, y en el primer año de gobierno se logró construir 1.014 espacios carcelarios.  A ello se añaden 570 espacios adicionales en el segundo año, para un total de 1.584, y con el préstamo del Banco Interamericano (BID) que recientemente aprobó la Asamblea Legislativa se espera construir 2.700 espacios más, con lo cual se llenaría el déficit actual, afirmó el ministro como parte de una entrevista que el Semanario publicará la próxima semana.
CONDICIONES INHUMANAS
La psicóloga Marta González, funcionaria de Adaptación Social durante 30 años, y representante sindical de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados  (ANEPP) en Adaptación Social, afirmó, sin embargo, que muchos de los módulos  construidos son inadecuados y no se pueden utilizar, entre otras razones por la misma falta de personal que los atienda.
Además, dijo que el BID no presta para construir cárceles, y lo que está contemplado en el préstamo es para construcciones del Ministerio de Seguridad, por lo que no es cierto que se vaya a construir nuevos espacios para privados de libertad con esos recursos.
González señaló que la sobrepoblación se da en todos los centros penales del país, y no solo afecta las condiciones de vida de los privados de libertad sino también al personal. Es increíble las condiciones en que el personal de seguridad, profesionales y administrativos tienen que trabajar, sin contar con los recursos mínimos para cumplir con sus funciones.
Por ejemplo, se dan casos de guardas de seguridad que no cuentan en sus puestos con servicios sanitarios y andan con bolsas para hacer sus necesidades. Los profesionales tienen que conseguir por su cuenta el papel y la computadora cuando deben hacer algún informe que se les pida como parte de su trabajo, y esas situaciones se mantienen a pesar de que los jerarcas digan que ha habido mejoras, afirmó.
Comentó que el sistema penitenciario ya venía en una situación pero vino a agravarse en 1994, cuando se inició una tendencia en el país de pensar que el problema de la delincuencia y la inseguridad ciudadana en las calles era causa de una legislación suave, que no castigaba suficientemente a la persona que cometía la infracción. Entonces vino la judicialización del sistema penitenciario, porque se aumentó la pena de cárcel a 50 años, cuando anteriormente era de 25 años como máximo, y el Poder Judicial comenzó a tener una gran injerencia en la ejecución administrativa de la pena, que corresponde  al Poder Ejecutivo.
Se da entonces un debilitamiento de la capacidad de administrar las sentencias por parte del personal de adaptación social, que venía manejando el sistema penitenciario desde una perspectiva de derechos humanos,  que la cárcel no era la respuesta para los problemas de la criminalidad en general, que si era respuesta para un sector importante de la delincuencia, no lo era para la gran mayoría, y que el país había apostado por otras medidas, desde educación, trabajo,  unas políticas sociales que tiendan a evitar esos problemas.
Las políticas sociales comenzaron a debilitarse, los niveles de delincuencia aumentaron y el sistema de evaluación, ubicación y medidas alternativas para las diferentes categorías de los privados de libertad se vino abajo, ante la cantidad de gente que comenzó a llegar y el sistema no daba abasto, explicó González
Añadió que viendo que las condiciones de vida eran infrahumanas y la situación intolerable, en el 2008 un grupo de funcionarios comenzaron a hablar a lo interno de la institución pidiendo revertir la situación, pero encontraron oídos sordos, y fue la Defensoría de los Habitantes la que externamente puso atención, y ha emitido varios informes sobre la situación carcelaria.
Como ejemplo de lo que han venido proponiendo citó que desde el 2006 le plantearon a la ministra de Justicia de entonces, la actual presidenta Laura Chinchilla, la necesidad de hacer un congreso nacional para realizar una revisión profunda del sistema penitenciario. Chinchilla dijo que sí, pero no pasó nada, y cuando la sustituyó Viviana Martín, actual diputada, también acogió la idea, pero  igualmente no se hizo. El actual ministro ha manifestado estar de acuerdo y ha pedido a la Defensoría de los Habitantes que se encargue de organizar el congreso.
 

Ofelia Taitelbaum:

Es una situación muy seria

Es una situación muy seria la sobrepoblación penitenciaria y además va creciendo. El ministro de Justicia está haciendo un esfuerzo, pero me parece que es insuficiente.

Además no es solo Justicia quien debe atender el problema. Este es un asunto integral, lo debemos atender la sociedad como un todo. Por supuesto que si nos vamos a las causas, estamos hablando del deterioro social, los núcleos de pobreza, y obviamente que eso nos se va a corregir de la noche a la mañana. Pero sí se puede ir trabajando sobre otras cosas.

No podemos seguir siendo un Estado represivo, en que todo va a la cárcel. ¿Qué una ley de tránsito? A la cárcel. ¿Medidas cautelares por maltratos? A la cárcel. Tenemos en las cárceles más de 3.500 presos que están indiciados, ni siquiera han sido enjuiciados. Entonces el sistema carcelario se está convirtiendo en algo inoperante. Tiene mezclados a todos, los de reciente ingreso con los viejísimos, los que tienen una condena de tres años con los que tienen 50, pandillas que son enemigas juntas, entonces se acuchillan y todo esto conduce a violencia.

Además, el problema no es solamente con los privados de libertad, es también de la gente encargada de la seguridad, la gente técnica, la administrativa, todos están con problemas, porque la parte administrativa y técnica no están dando abasto con esta sobrepoblación.
 

Principales causas de la sobrepoblación penal

Según la investigación del Mecanismo Nacional de Prevención de La Tortura las principales causas del aumento de la sobrepoblación carcelaria son:

Un aumento en el uso de la prisión preventiva como medida cautelar por parte de los jueces. Al 31 de diciembre del 2011 el número de personas privadas de libertad era de 12.154 personas, de las cuales 3.036 eran personas indiciadas, lo que representa un 25% del total.

Se ha creado legislación que incluye nuevas penas privativas de libertad. Además, el aumento de la pena máxima de 25 a 50 años en el año 1994, a largo plazo ha traído un aumento en la población carcelaria.

La entrada en vigencia de los Tribunales de Flagrancia a partir del año 2008. Como ejemplo, en el 2010 los Tribunales dictaron un total de 6.039 sentencias condenatorias, de las cuales 1.274 fueron realizadas por los Tribunales de Flagrancia (representan un 21%), lo que ha tenido un impacto importante en el ingreso de personas privadas de libertad al sistema penitenciario.

Durante los años 2007, 2008 y 2009 el Patronato de Construcciones del Ministerio de Justicia tuvo una importante subejecución presupuestaria, lo cual impidió la construcción de nuevos espacios carcelarios durante ese periodo. Aunque la ejecución presupuestaria ha mejorado notablemente, los efectos de lo ocurrido en años anteriores continúan hoy.