SINTRAJAP, el Sindicato de Trabajadores y Afines Portuarios de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), valora presentar una denuncia formal por abuso de autoridad y de poder, contra el fiscal auxiliar de Limón, Leonel López, y el juez penal Enrique Calvo, como responsables del allanamiento a la sede del sindicato la semana pasada en la ciudad de Limón, dijeron voceros de la agrupación.
El allanamiento fue realizado el pasado martes 13 de marzo por 56 oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), apoyados por un fuerte contingente de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Fuerza Pública, y constituye un ejemplo indiscutible de abuso de autoridad y poder, afirmó Liroy Pérez, secretario de prensa del  SINTRAJAP.
Fue una acción sin sentido, si se toma en cuenta que la orden de allanamiento se fundamenta en una denuncia presentada hace más de año y medio por la misma dirigencia actual del SINTRAJAP, contra personas que el gobierno de Óscar Arias puso ilegalmente a usurpar la dirección del sindicato durante 7 meses, hasta que dos sentencias de la Sala Constitucional (IV) restituyeron a la directiva legítima, y durante los cuales gastaron casi ¢55 millones sin estar autorizados, ni haber entregado los informes correspondientes, dijo Pérez.
Es curioso que el allanamiento se haya hecho con base en el expediente de esa denuncia presentada en el 2010, tramitada bajo la causa  Nº. 10-203866-472, y que fue desestimada y mandada a archivar sin ninguna investigación, por el mismo fiscal que ahora solicitó la orden de allanamiento, añadió.
“Sería demasiado burda la inoperancia de la Fiscalía y el OIJ, por lo que no creemos que sea un error”, consideró Pérez. La conclusión es que se trata de un acto planificado con la intención de intimidar y golpear la excelente imagen que ha logrado SINTRAJAP en Limón, después de haber salido adelante a pesar de todos los abusos de los que fue víctima la organización y sus dirigentes, por haberse atrevido a decir no al soborno ofrecido por altos funcionarios del gobierno, y no permitir la privatización de los puertos públicos, ni permitir la creación de un monopolio ilegal, para favorecer a unos cuantos en perjuicio del pueblo limonense, sostuvo el dirigente.
Mientras tanto, la vocera de prensa del OIJ, Marisel Rodríguez, informó que intervinieron 20 personas en total, incluyendo al fiscal y el juez, lo que es normal en estos casos.  Además había 20 efectivos de la Fuerza Pública, a los que se pidió apoyo para el cierre de la calle frente al local del SINTRAJAP, diez en una entrada y diez en la otra.
Ante la pregunta de a qué se debió tal despliegue de policías en una operación en la que usualmente solo intervendrían unos cuantos agentes, Rodríguez dijo que ha de haber sido por seguridad, porque en Limón no se sabe cómo van a reaccionar los del sindicato.
INNECESARIO
Para José Luis Castillo, secretario de Finanzas del SINTRAJAP, “fue un despliegue de prepotencia y de abuso de poder absolutamente irracional e innecesario”, que además terminó en nada, porque después de tres horas y media de registros, los agentes no se llevaron ningún libro contable, que era lo que supuestamente andaban buscando.
Castillo afirmó que los agentes empujaron y juntaron en la parte baja a las personas que estaban en el  local del SINTRAJAP, y no les querían decir cuál era el motivo del allanamiento. Cuando finalmente un agente mencionó que buscaban libros contables, los del sindicato les dijeron que allí no estaban los libros, que los tenía el contador y que fueran para entregárselos. Sin embargo, no quisieron atender, siguieron registrando, violentaron llavines de los archivadores y los escritorios sin ninguna necesidad, aunque  la actitud era de colaboración.
Además del gasto de fondos públicos para tal despliegue policial, hay que sumar las pérdidas de los negocios durante las horas que la policía mantuvo cerrada la calle frente al SINTRAJAP, que es una de las más transitadas de Limón, criticó Castillo.
Los responsables son el fiscal auxiliar que solicitó el allanamiento y el juez penal que lo ordenó, quienes son de Limón y son conscientes de que los denunciados ya no están en la directiva sindical, y los que están actualmente son los que presentaron la denuncia, por lo que no se justificaba que los funcionarios actuaran como actuaron, reprochó el dirigente sindical.