Si algo bueno se ha derivado de la denuncia del despacho judicial laboral que puso el tema en la palestra pública, es permitirnos a los usuarios del sistema judicial manifestar un absoluto apoyo con quienes luchan por mejorar la gestión de nuestro modelo judicial.
Es que no se trata meramente de un asunto de voluntad de los funcionarios públicos de perseguir un modelo de calidad en su gestión, entiéndase de querer hacer bien o no su trabajo.
El problema estriba en que hay quienes se olvidan alegremente del principio constitucional que les obliga a administrar justicia pronta, tanto en sede judicial como administrativa.
Que el tema no es el GICA u otro instrumento de mejora; el asunto aquí es que se entienda que ya no es una mera posibilidad, sino que deviene en una obligación irrenunciable que asume el funcionario en el mismo acto de pedir trabajo en cargos de servicio público.
Por consiguiente, es nuestro Derecho fundamental el exigir Justicia Pronta y Cumplida, y no veamos más a personas vulnerables como los trabajadores para el caso concreto, que ante la lentitud del sistema llegan a perder toda credibilidad y esperanza, ya no solo en el Poder Judicial sino en el modelo de Estado.
Nuestro país ya no está para seguir arrastrando mediocridades, es hora de asumir el compromiso de alcanzar un desarrollo pleno, a base de una efectiva gestión de calidad.