En el marco del Día Internacional de la Mujer, la prensa da cuenta de agresiones del diputado Víctor Hugo Víquez contra su compañera Damaris Quintana. Ante la denuncia de la señora diputada, 17 diputados de la fracción del Partido Liberación Nacional, enviaron al diario “…un documento en el cual manifestaron su apoyo al legislador” Por su parte, el Presidente del Congreso ha “…solicitado a los jefes de fracción que intervengan y ayuden en este caso” (La Nación, jueves 8 de marzo 2012, p. 10A El País).
Ante la interpelación hecha a la señora Presidenta de la República sobre esta desafortunada situación, la respuesta fue que hay asuntos más importantes en que debe ocuparse y, coincidiendo monolíticamente con su fracción legislativa, califica el desaguisado como un asunto sin importancia. Estamos así ante la presencia de un caso de acoso político.
Una sistematización sobre este fenómeno*, da cuenta que el acoso político consiste “…en un conjunto de sistemas y prácticas que se convierten en obstáculos que se oponen a una mayor y más eficiente participación de las mujeres en el poder”.
El acoso político es entonces una forma de violencia de género. Su manifestación se concreta en la descalificación, estigmatización, manipulación, discriminación, asedio y hostigamiento contra la mujer que ocupa cargos de elección popular.
En ese mismo orden de ideas, el trabajo científico señalado, nos confirma que las situaciones de acoso político, la mayor parte de las veces, “…se plantean como cosas aisladas y no son consideradas como hechos reales que forman parte de un contexto político altamente generalizado y, mucho menos como un problema público”.
El que se minimice la situación sufrida por la señora diputada, abona negativamente a reafirmar la resiliencia, es decir, si no hay rectificación de este tipo de conductas, cada vez más, las mujeres que ocupen cargos de elección popular, se adaptarán a la adversidad, fracturando así para las generaciones futuras de mujeres políticas, su participación plena en la toma de decisiones de importancia nacional.
Tenemos así tres situaciones muy graves en lo sucedido: primero, sin que haya habido indagación del problema a profundidad, los compañeros de bancada del presunto diputado agresor, lanzan un escrito calificando las denuncias de la señora diputada ante el comportamiento del legislador declarando taxativamente que “…carecen de fundamento”.  En segundo lugar, la señora Presidenta de la República desdeña abordar el tema, manteniéndolo con ello oculto a la discusión pública y declarando que se ocupa de asuntos de mayor jerarquía, con lo cual, revictimiza a la diputada presuntamente acosada políticamente.
Finalmente, y no menos importante, es el tratamiento que el Presidente del Congreso aplica para solucionar el problema. Les asigna a los jefes de fracción ocuparse de éste. Ante esto, cabe señalar que la política de igualdad de género recientemente anunciada en el Congreso, tiene una dependencia que funge como los dientes de la política en cuestión. Por ello, nos preguntamos: ¿por qué no interviene la oficina de género en este problema? Quienes están sensibilizados ante el hostigamiento político como esta oficina, garantizan las competencias para dirimir adecuadamente este tipo de conductas tan reiteradas en el Congreso de la República y que son de vieja data. En tanto funcionarias (os) preparados para los efectos atiendan la situación, podemos estar seguros que se cumplirá el principio pro víctima y no se repetirán veredictos a priori que colocan a la víctima en una total indefensión.
Hipotetizo que eventualmente el diputado Víquez cumple los requisitos para ejercer el acoso político, en detrimento del progreso del sistema de participación política de las mujeres y que, los 17 diputados firmantes del escrito -(ignoro si hay firmas de señoras diputadas)-, hicieron honor a una desafortunada forma de abordar el problema.
¡Démosle instrumentos al Poder Legislativo para que, en las relaciones de poder no prime el hostigamiento político!
 
* Ana Cecilia Escalante y Nineth Méndez. “Experiencias de acoso político hacia las mujeres que ocupan puestos de elección popular en el nivel local” Revista UNA, N° 16-17: San José, octubre 2009.