El Estado costarricense impulsará un proceso de consulta en las comunidades indígenas que se verían afectadas por las obras que planea desarrollar en la zona sur del país el Instituto Costarricense de Electricidad, con su proyecto El Diquís, que sería la mayor represa hidroeléctrica de Costa Rica.
Así lo prometió hoy el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla al Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, quien el fin de semana se reunió con líderes de las comunidades indígenas asentados en los territorios que serían afectados por el proyecto del ICE.
Costa Rica estuvo representada en la cita por el canciller en funciones, Carlos Roverssi, informó la Cancillería.
El país sostiene que la consulta será «apegada a la normativa internacional que rige sobre la materia».
Sectores indígenas aledañas a dicho proyecto, denunciaron ante Anaya la ausencia de una consulta a sus comunidades sobre el proyecto hidroeléctrico, como lo exigen los convenios internacionales.
El Diquís es un ambicioso proyecto de la empresa estatal ICE, y tendrá un costo de unos $2000  millones.