En una nota publicada el pasado 7 de marzo, el periodista David Chavarría Hernández señala que aún el TSE “no define si investigará el financiamiento del inmueble utilizado por el actual alcalde de San José, Johnny Araya, durante las pasadas elecciones municipales…”, lo cual no se ajusta a la realidad y hace necesario una aclaración.
Lo que se le indicó al periodista en esa oportunidad, fue que hasta ese momento no había sido interpuesta una denuncia sobre ese particular y que tampoco habíamos tenido noticia del hecho para iniciar de oficio la investigación, pero que en virtud de la información que él estaba proporcionando se procedería a gestionar la investigación formal del asunto, como en efecto se hizo al poner el hecho en conocimiento del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, que a la fecha lo tiene entre la lista de asuntos bajo investigación.
De suerte que en ningún momento se tuvo vacilación alguna para iniciar de oficio esta investigación, como erradamente se manifiesta en la nota periodística, sino que el no haberlo hecho antes se debió únicamente a que no habíamos tenido denuncia ni noticia de ese hecho.

Por consiguiente, resultan desafortunadas las manifestaciones acreditadas al señor Pablo Barahona, a quien lo invito a que denuncie públicamente en qué momento ya sea la Dirección a mi cargo o el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos se ha “agachado” ante cuestionamientos contra figuras importantes de una campaña política o en qué casos hemos omitido ejercer las facultades de control otorgadas por la legislación electoral.
En este y otros casos hemos actuado de oficio en el inicio de investigaciones preliminares de hechos relacionados con el financiamiento de los partidos políticos, conscientes de que las potestades públicas que la Ley nos otorga son precisamente para ejercerlas, por lo que no se vale lanzar acusaciones sin siquiera referirse a casos concretos o ejemplos que apoyen sus afirmaciones.
Esté seguro Don Pablo que no sólo tenemos la capacidad funcional, legal, organizativa y económica, sino sobre todo la capacidad moral y política para el ejercicio de las competencias otorgadas por Ley y como funcionarios públicos estamos obligados a rendir cuentas de nuestros actos, pero evidentemente usted desconoce no solo la organización interna de esta Dirección y su Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, sino además tampoco está enterado de la cartera de asuntos que tenemos en investigación, por lo que sus acusaciones resultan infundadas, irresponsables e irrespetuosas del trabajo realizado por estas dependencias electorales.
En lo que se refiere al caso en cuestión, una vez terminada la investigación preliminar se determinará si los hechos que se acrediten pueden dar lugar a conductas sancionables como falta o delito,  a los efectos de abrir el respectivo procedimiento administrativo sancionador o el envío del asunto al Ministerio Público, o bien decretar el archivo del expediente en caso de que no se logre advertir ninguna irregularidad.